El pasado 2 de julio, un comando del Ejército Nacional, compuesto por oficiales y suboficiales vinculados a la inteligencia militar y altamente entrenados en la realización de operaciones especializadas de combate, realizó una audaz acción de guerra, la cual culminó con la liberación de la ex-candidata presidencial Ingrid Betancourt, un grupo de once policías y soldados que llevaban varios años en poder de la guerrilla, y los estadounidenses Thomas Howes, Keith Stansell y Marc Gonsalves, quienes trabajaban para la empresa Northrop Grumman, contratista del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, quienes habían sido capturados por las FARC, el 13 de febrero de 2003, luego de que el avión bimotor que utilizaban en cumplimiento de una “misión antidrogas” se accidentara en las montañas del Caquetá.

El operativo, bautizado por la cúpula militar como la “Operación Jaque”, fue realizado en momentos en que las familias de las víctimas rechazaban públicamente la realización de operativos militares para buscar la liberación de los cautivos, un amplio sector de la opinión pública nacional abogaba por el establecimiento de un Acuerdo Humanitario entre el Gobierno y la insurgencia, y el presidente de la República -doctor Álvaro Uribe Vélez-, se trenzaba en una visceral disputa en contra de la Corte Suprema de Justicia, y había señalado a los magistrados como “aliados del terrorismo”, luego de conocer el fallo proferido por la Alta Corte en el caso de la ex-congresista, Yidis Medina, decisión que cuestionaba la legitimidad del Acto Legislativo que había aprobado la re-elección presidencial en el 2004.

De manera que la “Operación Jaque” le vino al Gobierno, y por supuesto a quienes se encontraban en poder de la guerrilla, incluida la propia Ingrid Betancourt, como “un milagro de Dios”. A los últimos porque los trajo de regreso al seno de sus familias, y al Gobierno pues, la acción de guerra por él emprendida fue calificada por la opinión pública, por los medios de comunicación, y también por los cautivos, como un operativo “perfecto”, y porque la noticia de la liberación invisibilizó por completo la crisis institucional desatada tras la decisión presidencial de desconocer e intentar deslegitimar a la Corte Suprema de Justicia, y su intento de “tapar” la ilegalidad que rodeó la aprobación de la reelección presidencial, con la invocación populista del pueblo a través de un referendo.

El Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, fue el encargado de dar la buena nueva al país. Ese día, en alocución transmitida por radio y televisión, el encargado de la cartera de defensa anunció que tras una operación especial de inteligencia, el Ejercito Nacional había logrado infiltrar al Secretariado de las FARC y al frente primero del Bloque Oriental -el cual operaba en las selvas del Guaviare y el Vaupés- y que sin disparar un solo tiro, había rescatado con vida a un grupo de quince secuestrados, entre quienes se encontraban Ingrid Betancourt, los tres “contratistas” norteamericanos, y un grupo de once miembros de la Fuerza Pública. “Más que un operativo, se trató de una “jugada maestra” que no tiene antecedentes ni en Colombia, ni en el mundo”, aseguró el ministro.

Una buena parte del país, como era de esperarse, saltó y lloró de alegría al conocerse la noticia. Los familiares de los plagiados, incluida la señora Yolanda Pulecio, -madre de Ingrid Betancourt y una de las más férreas defensoras del Acuerdo Humanitario- se mostraron felices, aunque sorprendidos por lo que estaba pasado.

Contagiados aún por la euforia del momento, comenzamos a conocer las primeras versiones del operativo realizado. Según se supo, se había utilizado fotografía satelital con el fin de ubicar los campamentos guerrilleros y monitorear a los grupos de secuestrados; se había logrado intervenir las comunicaciones de las FARC y hacer que la guerrilla juntara varios grupos de plagiados supuestamente para entregárselos a Alfonso Cano; se había acondicionado un helicóptero del Ejército el cual había sido pintado de blanco y rojo con el fin de transportar a los rehenes; se había logrado infiltrar un “espía” entre las FARC, el cual se encargó de entregarle al comandante “Cesar” un supuesto mensaje del máximo jefe de la organización guerrillera; y se había conformado un grupo de trece personas (cuatro tripulantes del helicóptero, cinco delegados de una ficticia organización humanitaria, un médico, un enfermero, y un supuesto equipo periodístico conformado por un periodista y un camarógrafo), quienes se encargaron de fingir la realización de una misión humanitaria.

Como el helicóptero era similar a los que suele utilizar la Cruz Roja Internacional, el Presidente de la República se apresuró a advertir que no se habían utilizado insignias organismos internacionales. El comandante del Ejército, general Mario Montoya, confirmó lo dicho y aclaró: “No se utilizaron insignias del Comité Internacional de la Cruz Roja ni de ningún organismo internacional de asistencia humanitaria, el éxito de la operación fue de la inteligencia y de la infiltración del Ejército”.

Días después, se supo que la “operación” había comenzado en el momento mismo en que las FARC habían decidido entregar a Clara Rojas y a Consuelo González de Perdomo, y que había tomado forma tras la liberación de Gloria Polanco, Orlando Beltrán, Luis Eladio Pérez y Jorge Eduardo Gechem, el pasado 27 de febrero, pues tal y como lo reseña El Espectador, en su edición del 3 de julio, en una y otra ocasión, el Ejército, ubicado a prudente distancia, se había dedicado a acopiar información para el plan que tenía a mediano plazo: cercar a las FARC e intentar un rescate por la vía militar.

Desde entonces, han venido aflorando una serie de contradicciones y se ha puesto en entre dicho la supuesta “perfección” del operativo de rescate. De una parte, porque a lo largo del show televisivo que siguió a la cinematográfica operación, el Presidente de la República insistió, una y otra vez, en resaltar el éxito del “anillamiento” que el Ejército ha venido cerrando en torno a los frentes primero y séptimo del Bloque Oriental de las FARC y que él bautizó con el nombre de “cerco humanitario” y, de otra, porque las imágenes televisadas pusieron en evidencia el uso de las insignias del Comité Internacional de la Cruz Roja durante los operativos militares que concluyeron con la libertad de los plagiados y la captura de dos integrantes de las FARC, incluido Gerardo Antonio Aguilar Ramírez, más conocido como “César”.

Como era de esperarse, tan pronto se conoció públicamente el uso de los emblemas del CICR, y consciente de que dicha situación constituye una grave violación del Derecho Internacional Humanitario, el Presidente de la República le salió al paso a la situación y explicó que un integrante del comando le había comentado que al llegar al lugar del rescate, al ver a decenas de guerrilleros en la zona, se había asustado, que había sacado de su bolsillo un pedazo de tela con el emblema de la Cruz Roja Internacional, y que se lo había puesto; en su alocución, el Primer Mandatario pidió disculpas al CICR, excusó al héroe asustado, y minimizó la situación arguyendo que se trataba de una “Misión Humanitaria” que esta había sido exitosa, y que había permitido que quince colombianos -algunos con más de diez años de cautiverio en poder la guerrilla-, hubiesen recobrado su libertad y se encontraran en el seno de sus familias.

Hasta ahí, el asunto estaba superado, los organismos internacionales dedicados al trabajo humanitario no cuestionaron el hecho de que una acción de guerra –incruenta sí, pero acción de guerra al fin y al cabo-, fuera calificada como una “acción humanitaria”, la Cruz Roja Internacional aceptó las explicaciones del presidente Álvaro Uribe y se limitó a proferir un tímido llamado de atención, y todo había vuelto a la “normalidad”; sin embargo, el pasado 4 de agosto, luego de que el noticiero de televisión de RCN transmitiera de manera exclusiva un video en el que se muestra de forma detallada la manera en que se planeó y se ejecutó la llamada “Operación Jaque”, volvió a alborotarse el avispero.

El video en mención hizo evidente: i) que el uso de los emblemas del CICR no fue ocasional sino premeditado; ii) que además se utilizó de manera ilegal, ilegítima e irresponsable la imagen de las cadenas de noticias TELESUR y ECUAVISA y; iii) que el Presidente de la República le mintió a las víctimas, a sus familias, al país, a la comunidad internacional y al CICR; además de esto, el mentado incidente ha hecho público también que el Ejército Nacional, utilizó de manera indebida la imagen corporativa, los números de registro, la definición ideológica y los objetivos institucionales de Global Humanitaria (una organización de carácter humanitario con sede en Barcelona), con el fin de “engañar” a la guerrilla de las FARC, pues suplantaron  dicha información y la utilizaron en el montaje de una página web de una organización, esta sí ficticia, denominada Misión Humanitaria.

La presidencia ha tratado de “torear” la situación insinuando que ni el Presidente de la República, ni el Ministro de la Defensa, conocían los detalles completos de la operación y se apresuró a comunicar que los militares que infringieron la ley serán castigados. En opinión del Presidente “los errores se pueden perdonar pero las mentiras no”. El Ministro de la Defensa, por su parte, ha anunciado la realización de una investigación exhaustiva para descubrir la identidad de quienes “filtraron” el video y anunció que podría llegar a tipificarse el delito de traición a la patria.

El CICR, presentó nuevamente una protesta formal contra Colombia y expresó su “gran preocupación” por la utilización deliberada de su emblema y advirtió que podría tratarse de una violación a los Convenios de Ginebra, lo cual, en su opinión, podría llegar a significar que el Gobierno colombiano cometió un crimen de guerra.

La Asociación Global Humanitaria, por su parte, ha solicitado una entrevista con el presidente Álvaro Uribe Vélez, para pedir explicaciones por la suplantación de sus datos de registro y la utilización de los mismos en la creación de una ONG ficticia durante la “operación Jaque”.

Sin embargo, somos de la idea que ha faltado una posición más decidida del conjunto de las organizaciones humanitarias que tienen presencia en el país pues muchos de los elementos que rodean la “exitosa” y “perfecta” “Operación Jaque” además, de constituir graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario, ponen en peligro inminente a las personas y a las organizaciones que nos dedicamos al trabajo humanitario en Colombia. A nuestro juicio, es necesario propiciar una conversación amplia y generar una serie de acciones conjuntas en torno a aspecto como:

1. La utilización del espíritu y el lenguaje de las acciones humanitarias en acciones típicas de guerra: Es claro que la “Operación Jaque” es una acción de guerra, aunque el Gobierno insista en convencernos de que por “no haber disparado un solo tiro”, o por el hecho de “haber respetado la vida de los guerrilleros que quedaron en tierra con el fin de mandarle un “mensaje” a las FARC”, o por el hecho de haber “engañado” a la guerrilla y haberle quitado a los plagiados sin la necesidad de ceder, ni otorgar zonas de despeje, ni tener que llegar a establecer un Acuerdo Humanitario, son de suyo elementos que caracterizan la operación, como una “acción de carácter humanitario”.

Las acciones de guerra buscan siempre ganar ventaja ante los adversarios, desequilibrar la balanza a favor propio, y ganar terreno en el escenario de las confrontaciones. Dichas acciones no implican siempre el uso de la fuerza, ni son tampoco necesariamente violentas. La infiltración es un ejemplo claro de ello. La llamada “Operación Jaque” es una acción contrainsurgente, una acción que se inscribe en el marco de la política de seguridad del actual Gobierno (que no se caracteriza precisamente por su carácter humanitario), y que se orienta claramente a des-estimular el movimiento social a favor de los Intercambios Humanitarios y la búsqueda de una salida dialogada al conflicto armado; una acción que busca convencer a la sociedad colombiana que la confrontación y la destrucción del adversario (a cualquier costo) es el mejor camino para avanzar hacia la paz.

2. El des-dibujamiento de la labor humanitaria y la estigmatización de las organizaciones y los defensores de derechos humanos: Es claro que la manipulación de los símbolos del CICR, y la imagen de TELESUR y ECUAVISA, la suplantación ilegal de la Asociación Global Humanitaria, y la utilización de una ONG ficticia como arma de guerra para sacar ventaja estratégica en la definición del conflicto armado por parte del Gobierno Nacional, es un atentado contra las Misiones Humanitarias y contra el trabajo de las organizaciones y los defensores de los Derechos Humanos.

Los cercos que las Fuerzas Militares han tendido sobre algunas unidades operativas de las FARC, los cuáles han sido construidos a partir del seguimiento de las personas que se han ofrecido a mediar a favor de la libertad de las personas que se encuentran en poder de la guerrilla, y del monitoreo satelital de las áreas en que se han producido las liberaciones unilaterales por parte de la insurgencia, no pueden ser calificadas como “cercos humanitarios” sin que organismos internacionales como las Naciones Unidas, las Agencias de Cooperación Internacional y sus respectivas embajadas, y el conjunto de las organizaciones de la sociedad civil se pronuncien al respecto. Los emblemas del CICR, así como los símbolos de la protección civil, y el carácter de las acciones humanitarias son un acumulado cultural que debe ser respetado por los Gobiernos y las Fuerzas Armadas, pues ellos encarnan la posibilidad de humanizar y regular las confrontaciones armadas, proteger a la población civil, y construir caminos distintos a la barbarie y a la aniquilación para resolver los conflictos.

3. La necesidad de ejercer controles ciudadanos y ayudar a construir una opinión crítica frente a lo que viene pasando: Es evidente que el Presidente de la República y los altos mandos de las Fuerzas Militares le han estado mintiendo a la sociedad nacional e internacional y que con su actuar están resquebrajando los cimientos mismos del ordenamiento democrático. Es claro que la confianza en las autoridades es un elemento fundamental en la construcción de una sociedad democrática y que se le hace un mal favor a las Fuerzas Militares cuando se les permite recurrir al delito, a la suplantación de los emblemas y los organismos de carácter humanitario, a la mentira y a la manipulación para alcanzar objetivos “nobles” como la defensa de la vida y de la libertad.

Los hechos demuestran que el Gobierno y el Ejército Nacional, autores y protagonistas de la “Operación Jaque”, no solo se empeñaron en engañar a las FARC, sino que han tejido una serie de mentiras y han cometido una serie de delitos, incluido un crimen de guerra, para engañar a la sociedad colombiana. Es importante que el país recuerde qué sucedió cuando el presidente, Belisario Betancourt, permitió que las Fuerzas Militares lo engañaran a él y al país durante la retoma del Palacio de Justicia, los aciagos días del 7 y el 8 de noviembre de 1985. Veinte años después, casi todos los que fueron presentados como héroes, los que llegaron con la intención de “defender la democracia, maestro”, están siendo juzgados por graves crímenes contra la humanidad.

Por último, vale la pena resaltar que la perfidia; es decir, el uso indebido de las insignias y emblemas del CICR, con la intención de fingir ser integrante de una organización humanitaria siendo un combatiente, es una falta grave al DIH y un crimen contemplado en el Código Penal colombiano y que ahora, cuando el mismo Ministro de la Defensa ha empezado a hablar de “traición a la patria”, ahora que el Presidente de la República parece “haberse dado cuenta” que no le contaron toda la verdad de los sucedido durante los operativos militares del pasado 2 de julio, es importante recordar que el día del show televisivo, el día en que la libertad se volvió una parodia mediática, el doctor Juan Manuel Santos, al darle la palabra al general, Fredy Padilla de León, comandante general de las Fuerzas Militares, lo presentó como la persona que “estuvo al frente de la operación de principio a fin”. De manera que el mentado general podrá de seguro ayudar a clarificar todo este juego de espejos y mentiras y a que el país y el mundo sepan por fin la verdad de lo sucedido.

Hoy más que nunca, pensamos que es importante rodear a la Corte Constitucional que hay que pedirle a los jueces que ayuden a esclarecer la verdad y que cumplan con su deber de impartir justicia; hoy, más que nunca, hay que recordarle a las Fuerzas Militares que la guerra también tiene límites; hoy, hay que recordarle al Presidente de la República que la democracia adquiere sentido y legitimidad cuando se respeta plenamente la división de poderes; hoy, pensamos que hay que creerle al ministro Santos, cuando señaló que “la Operación Jaque” es una acción que pasará a la historia por su “audacia” y por su “efectividad”, y que lo que quedó (y lo que está quedando) plenamente demostrado, es la capacidad y el profesionalismo de las Fuerzas Militares de Colombia”. 

- Iván Torres es integrante de la Fundación Cultural Rayuela

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