El pasado 16 de julio de 2007, 28 congresistas norteamericanos le escribieron al fiscal Mario Iguarán, en defensa del derecho a la libre expresión del defensor de derechos humanos Iván Cepeda Castro, quien fue denunciado penalmente por el entonces alcalde de San Onofre (Sucre) y un parlamentario suplente por considerar injuriosas y calumniosas (Arts. 220 y 221 del Código Penal) sus manifestaciones de reproche por los vínculos de estos funcionarios con grupos paramilitares, a quienes Cepeda enfrentó y exigió públicamente su renuncia.

Los congresista defendían el derecho a intervenir en los debates públicos, porque afirmaban, "Independiente de los méritos sobre las acusaciones contra el prefecto, es el derecho del señor Cepeda y de cualquier ciudadano criticar a funcionarios públicos y incluso de pedir por su renuncia" (Traducción de la Agencia de Noticias Reuter)

El proceso penal sigue su curso y se espera que ahora, después de las declaraciones del testigo protegido y exiliado en Canadá, Jairo Peralta alias ‘Pitirri', la fiscalía ponga fin al proceso.

Pero más allá del hecho, cuya trascendencia no se escapa a los observadores internacionales y por eso se produce la carta a la que hemos hecho alusión, el asunto pone de presente la fragilidad del derecho que tenemos las y los ciudadanos a intervenir en los asuntos públicos, a criticar a los funcionarios e incluso, a exigirles su renuncia cuando los hechos ameriten, a juicio del ciudadano denunciante, tal medida.

En un Estado de derecho, el derecho a intervenir en la vida pública, a criticar, enfrentar y oponerse a las políticas y actuaciones de los funcionarios públicos está esencialmente ligado a la democracia. La libertad de expresión, en esta dimensión, esta irrescindiblemente unida al derecho de las personas a participar en la vida pública propio de una sociedad que se proclame democrática, o que al menos pretenda caminar hacia allá.

La doctrina y jurisprudencia internacionales lo han proclamado así, tanto en Europa como en América. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que “la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática y, por lo tanto, ella no es aplicable solamente a la información o a las ideas que son favorablemente recibidas o consideradas inofensivas, o que son vistas con indiferencia, sino también a aquellas que ofenden, chocan o perturban” (The observer and Guardian vs. The United Kingdom, del 26 de noviembre de 1991, párrafo 59, citado y traducido por Héctor Faúndez Ledesma, “La libertad de expresión” en, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Memorias del seminario de noviembre de 1999, p. 563).

En el ámbito americano, la Corte y la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos, han sido contundentes en la defensa de del derecho a expresarse libremente y a ejercer la crítica social y política como parte del ejercicio legítimo de los ciudadanos y las ciudadanas en una sociedad democrática. Desde que la Corte se refirió al tema de la colegiación obligatoria de periodistas (OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985), destacó el vínculo de la libertad de expresión con la existencia de las sociedades democráticas y la proclamó condición indispensable y necesaria para que las organizaciones sociales y políticas puedan desarrollarse plenamente. Por su parte, la Comisión ha expuesto en sus informes y en la solución de casos individuales, principios similares y ha logrado la derogación de leyes de desacato, que penaban a quienes ofendían, insultaban o amenazaban a un funcionario público en el desempeño de sus funciones, imponiendo una restricción a la libertad de expresión que excedía los límites previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que solo prevé imponerlos en salvaguarda de los derechos de los demás, la seguridad de todos o las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática (Faúndez Ledesma, p.575).

No resulta razonable ni compatible con la libertad de expresión, mucho más si quien expresa sus críticas y hace los señalamientos representa a una organización de víctimas de violaciones graves sus derechos fundamentales, que se persiga penalmente a quien pide la acción del Estado, garante de los derechos, como lo hizo el defensor de derechos humanos al denunciar a los funcionarios por sus vínculos criminales con los grupos paramilitares y sus acciones.

Tampoco puede exigirse que quien denuncie pruebe la veracidad de lo afirmado, pues eso excedería la capacidad de las personas a criticar y enfrentar, en democracia, las medidas y actuaciones de los funcionarios públicos. Para constatar o desvirtuar los hechos están las autoridades de investigación y juzgamiento, quienes deben hacerlo bajo la perspectiva del valor de la libertad de expresión para la democracia.

Por lo demás, lo anterior cobra inusitada y renovada vigencia hoy, cuando con el código penal en la mano y la complicidad de la fiscalía, acusan al periodista Alfredo Molano por una columna periodística que publicó en El Espectador, en la cual se refería a la familia Araujo de Valledupar y a otros notables de esa región. Como dijo en una conversación Molano, lo único que se puede rectificar es que los Araujo no son notables o, agrego yo, si lo han sido, han pasado a la historia como Eróstrato, es decir, no por haber ejercido su poder y preeminencia social en favor de los desvalidos.

Es urgente y necesario que la fiscalía colombiana asuma en toda su dimensión el derecho a la libertad de expresión, esto es, como el derecho ciudadano que exige una sociedad democrática. Lo demás, es contribuir al autoritarismo y a enterrar el Estado social de derecho previsto en la maltratada Constitución del 91.


Carlos Rodríguez-Mejía
Consultor en derecho internacional de los derechos humanos

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas

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