Amnistía Internacional hace un llamado a los ganaderos y hacendados que han optado por el enfrentamiento violento en relación al proceso de saneamiento del territorio indígena Guaraní de Alto Parapetí, ubicado en la provincia Cordillera del Departamento de Santa Cruz a que abandonen la violencia, eviten el uso de cualquier método de protesta que ponga en riesgo la integridad física de las personas y que contribuyan pacíficamente a encontrar una solución para proteger los derechos humanos del pueblo indígena Guaraní.

Amnistía Internacional espera que los dirigentes departamentales y sociales que según informaciones recibidas por la organización han estado apoyando el enfrentamiento violento de los ganaderos, manden una señal clara de que esta violencia no se tolerará y llamen a un dialogo constructivo que lleve a la promoción y protección de este pueblo indígena y de los derechos humanos de todos y todas en Bolivia, en particular de los pobres que son los más discriminados y marginados.

Más de 167 familias del pueblo indígena Guaraní viven bajo un régimen de trabajo servidumbral, peonazgo por deudas o formas análogas esclavitud, en 13 haciendas de ganaderos en el territorio del Alto Parapetí según informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH).

Frente a esta situación grave de derechos humanos, una comisión del Gobierno de Bolivia, encabezada por el Viceministro de Tierras, los directores Nacional y Departamental Santa Cruz del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y una delegación del pueblo guaraní, pretendía dar inicio al proceso de saneamiento del territorio indígena Guaraní de Alto Parapetí el 27 de febrero.

Según informes, esta comisión fue interceptada y atacada por hacendados y personal armado. La delegación gubernamental fue retenida y conducida a otro lugar donde se le pretendía comprometer, mediante actas, a suspender el proceso legal de saneamiento de la propiedad agraria, hasta pasada la realización de una consulta por la autonomía departamental de Santa Cruz, convocada para el próximo 4 de mayo por la Prefectura de dicho Departamento.

La promoción y protección de los derechos humanos deben ser el punto de encuentro común de todos los estamentos de la sociedad, independientemente de opiniones y estrategias políticas. Sólo será posible romper el círculo vicioso de la pobreza y la exclusión si se lucha contra las violaciones de los derechos humanos que las motivan y las perpetúan.

Información general

En noviembre de 2006 el Congreso de Bolivia promulgó la Ley Nº 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria y en agosto 2007 se expidió el Decreto Supremo 29215 que establece el nuevo proceso de saneamiento y titulación de Tierras Comunitarias de Origen (TCO), figura constitucional del territorio indígena.

El 28 de noviembre de 2007 se aprobó el Decreto Supremo Nº 29292 que incluye el 'Plan interministerial transitorio para el pueblo guaraní 2007-2008', que busca la erradicación de la servidumbre, el trabajo forzoso y formas análogas de esclavitud. En aplicación de estas disposiciones, la comisión gubernamental y delegaciones indígenas que fueron objeto de las agresiones señaladas, pretendía iniciar los procedimientos para la liberación de las familias en estado de cautiverio y la restitución de sus territorios mediante el proceso de saneamiento de la propiedad agraria.

El pasado 4 de abril, se informa que una nueva comisión encabezada por las mismas autoridades de Gobierno de la comisión del 27 de febrero, acompañada por policías y comunarios guaraníes, que se dirigían a la comunidad indígena de Itacuatía, para dar comienzo al proceso de saneamiento de tierras, fue atacada por ganaderos y personal contratado por un hacendero local, con piedras y palos. Según informes, los atacantes estaban fuertemente armados y la policía no pudo disuadir a los agresores. Las acciones violentas se dirigieron especialmente contra los indígenas guaraníes y contra la policía, resultando gravemente herido el Capitán policial que acompañaba la comisión.

En el enfrentamiento más recién, el 13 de abril en la localidad de Cuevo, cerca de Camiri, capital del departamento de Santa Cruz, una delegación del pueblo indígena Guaraní fue atacada por un grupo de gente supuestamente a instancias de hacendados de la región, dejando unas 40 personas heridas y otras tomadas como rehenes.