Luego de casi dos años de recorrido parlamentario y de varias discusiones y trabas, el Congreso Nacional finalmente aprobó la Ley de Bosques. Impulsada por más de treinta organizaciones ambientalistas y sociales de todo el país, y apoyada por más de un millón y medio de argentinos, la sanción de esta norma resulta un hito en la historia de la lucha medioambiental. La ley establece la suspensión a la autorización de desmontes hasta que cada provincia realice un ordenamiento territorial para planificar un uso racional de los bosques nativos. Además promueve la protección de los bosques que utilizan las comunidades campesinas e indígenas.

De los bosques obtenemos una serie de bienes y servicios indispensables para nuestra supervivencia, como alimentos, maderas y medicamentos. Los bosques concentran mucha biodiversidad y juegan un papel fundamental en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua y la conservación de los suelos. Son nuestro patrimonio natural más rico, pero también el más amenazado.

Argentina se encuentra en una verdadera emergencia forestal, ya que tiene actualmente menos de un tercio de la superficie original de bosques nativos. La deforestación en nuestro país alcanza las 300.000 hectáreas anuales, de las cuales el 70% corresponde a la ecoregión del Chaco Seco. El Chaco Húmedo y la  selva pedemontana de las Yungas forman parte también de las áreas más amenazadas. La Selva Misionera alberga la más alta biodiversidad del país, pero sólo  queda un 7% de la superficie original, y la mayor parte se encuentra en nuestro territorio, ya que en Paraguay y Brasil ha sido prácticamente destruida. A la eliminación de bosques para conversión en tierras de cultivo o ganado se le suma el reemplazo de selvas por forestaciones exóticas implantadas, para uso industrial.

Lo más grave y triste de esta situación es que la mayor parte de la deforestación no es ilegal, sino que está fomentada por las propias provincias, que autorizan a empresarios para realizar desmontes de grandes extensiones de bosques nativos para posteriores emprendimientos productivos. El alto precio que se paga a nivel mundial por la soja transgénica y el valor casi irrisorio de las tierras con bosques en el norte de nuestro país fomenta la permanente conversión de bosques a nuevas zonas agrícolas.

El descontrolado avance de la frontera agropecuaria sobre los bosques nativos está generando graves consecuencias para el medio ambiente: pérdida de la biodiversidad, desertificación, cambio climático e inundaciones. Además, la deforestación impacta directamente sobre las comunidades campesinas e indígenas que históricamente habitan y utilizan esos bosques, y que tras el paso implacable de las topadoras pierden su casa, su almacén, su farmacia y su cultura, cayendo en la pobreza extrema, emigrando hacia los centros urbanos en busca de nuevas oportunidades que nunca llegan.

Un largo camino…

El proyecto, conocido como Ley de Bosques, fue originalmente presentado por el Presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara Baja, el Diputado Miguel Bonasso, en el mes de junio del 2006, y luego de ser enriquecido por el aporte de diferentes bloques y organizaciones ambientalistas como Greenpeace, la Fundación Vida Silvestre Argentina y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, fue aprobado en general el 29 de noviembre del mismo año. Además, la norma fue apoyada por organizaciones sociales como el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) y la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina (ONPIA).

En marzo de 2007 obtuvo finalmente su aprobación en particular (artículo por artículo), a pesar de la férrea oposición y abstención de algunos diputados de las provincias de Salta, Formosa y Misiones, provincias con altos niveles de deforestación. Antes de su aprobación en la cámara baja, el proyecto había sido discutido en las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, presidida por Bonasso (junio 2006) y la de Población y Desarrollo Humano (noviembre 2006).

Una vez aprobado el proyecto en general y particular, la Ley de Bosques pasó a la Cámara de Senadores en marzo de 2007. Dentro del Senado, en una muy poco sutil maniobra por parte de un grupo de senadores, el proyecto fue girado a 6 comisiones para su futuro tratamiento, lo que auguraba un futuro lleno de obstáculos.

Allí comienza un proceso de demora en su tratamiento. Incluso la presentación de nuevas leyes “de bosques” por parte de los representantes de las provincias que se oponían a la norma, tuvieron la finalidad de “taponar” el proyecto aprobado en Diputados.

Frente a esta particular situación, Greenpeace, Fundación Vida Silvestre y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), junto a otras treinta organizaciones ambientales y sociales de todo el país lanzan la campaña “Un millón de votos por la Ley de Bosques”. Allí comienza fuerte participación y presión pública en torno a su urgente tratamiento de la norma.

Lo cierto es que en tan sólo dos meses se juntaron más de un millón de adhesiones al proyecto, y un mes después las adhesiones superaron el millón y medio, algo inédito en la historia de la lucha medioambiental en Argentina. Esto fue posible porque gran parte de la sociedad tomó la campaña como propia, y reenvió a sus contactos el correo electrónico que convocaba a participar, se bajó e imprimió las planillas e invitó a sumarse a sus amigos y familiares. Así, la campaña ganó las calles, los blogs y los medios de comunicación, y la Ley de Bosques se convirtió en un reclamo de gran parte de la sociedad.

Así, el 9 de octubre en conferencia de prensa, senador y jefe de bloque por el Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto y la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Romina Picolotti, comprometen al bloque oficialista en el Senado a tratar, durante la segunda semana del mes de noviembre, la Ley de Bosques.
La toma de posición del bloque oficialista fue anunciada una semana después de que representantes de las organizaciones ambientalistas entregaran en el Senado las planillas con más de un millón de firmas en reclamo por el urgente tratamiento de la norma, lo que le demostró al gobierno un alto consenso social y ejerció una fuerte presión pública.

Una vez superados estos escollos, luego de borradores de nuevos dictámenes que circularon por las comisiones y contando con el aporte de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, los senadores retomaron el  tratamiento de la norma sobre un único texto que recuperaba los principales puntos del proyecto aprobado en Diputados: la moratoria a los desmontes - que generaba la oposición de las provincias del norte -, la obligatoriedad de la Evaluación de Impacto Ambiental, el Plan de Ordenamiento Territorial y el respeto por los derechos de las comunidades indígenas y campesinas. A lo que se les agregó la obligatoriedad de realizar audiencias públicas previas a la habilitación de desmontes y la prohibición de quemar a cielo abierto el material forestal resultante de dicho proceso.

A este texto que retoma gran parte del proyecto “Bonasso” se le sumó un nuevo capítulo de fondos de fomento para la protección de los bosques nativos y para todas aquellas actividades que realicen un desarrollo sustentable. Los fondos, conformados por el 0,3% del presupuesto nacional y el 2% de las retenciones a las exportaciones de los productos agrícolas, ganaderos y forestales, se tornaron necesarios para que las provincias acompañaran la sanción de la Ley. Aún así la inclusión del fondo es un reconocimiento del Estado Nacional de la necesidad de conservar lo que queda de nuestros bosques nativos, y una importante señal de decisión política en ese sentido.

El nuevo texto aprobado por la Cámara de senadores el 21 de noviembre, fue tratado y aprobado por Diputados una semana después.

 Una herramienta fundamental

La Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos tiene todas las condiciones para convertirse en una buena herramienta para avanzar hacia un manejo responsable y sostenible de los bosques nativos. En ese sentido, la suspensión a la entrega de permisos de desmonte y la obligatoriedad de realizar ordenamientos territoriales en las provincias resulta la manera más eficaz de planificar el uso de un recurso natural escaso y no renovable. Con la puesta en marcha de los ordenamientos territoriales se abre un interesante proceso que debe realizarse de manera participativa para llegar a una zonificación equilibrada que logre conciliar a la producción con la  conservación.

Para realizar el ordenamiento territorial, la ley establece diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a planificar las actividades forestales, agrícolas y ganaderas evitando la fragmentación y degradación del bosque nativo, y señala como prioritario cuidar a los bosques que actualmente ocupan y utilizan comunidades indígenas y campesinas.

Otro punto a destacar es que la norma reconoce los servicios ambientales que brindan los bosques: conservación de la biodiversidad, del suelo y de la calidad del agua, regulación hídrica, fijación de emisiones de gases de efecto invernadero y la defensa de la identidad cultural. Además establece la obligatoriedad de realizar estudios de impacto ambiental y audiencias públicas antes de aprobar un desmonte, y prohíbe la quema a cielo abierto de los residuos derivados de desmontes o aprovechamientos forestales.

La constitución del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos permitirá compensar a las provincias y titulares de bosques nativos que realicen tareas de conservación, mejorar los controles, y hacer sostenible el desarrollo de actividades productivas que los pequeños productores rurales y comunidades indígenas realizan en zonas boscosas.

Por todo esto, la sanción y efectiva aplicación de la Ley de Bosques es un paso gigante en la defensa del medio ambiente en la Argentina y puede resultar una bisagra en el manejo de los bosques nativos.

Fuente Revista Contracultural www.contracultural.com.ar