Mina Bellavista, localizada en Costa Rica, 105 kilómetros al oeste de la capital San José y 2 kilómetros al noreste en línea recta de Miramar de Montes de Oro, provincia Puntarenas en el Pacífico Central, perteneció a Glencairn Gold Corporation hasta el 29 de noviembre 2007, momento en el que cambió de nombre a Central Sun Mining Inc.[1]^,[2], justo dos días antes de vencer el plazo otorgado por el gobierno costarricense para que la casa matriz avalara el presupuesto destinado al plan de acciones que se van a realizar en el área de Bellavista, para el control del deslizamiento y recuperación de las diferentes áreas y componentes del mismo.[3]

El área del proyecto (AP) se ubica en un clima tropical con alta precipitación, abrupta topografía, con presencia de fallas geológicas y más de 21 nacientes.  La explotación se encuentra en la margen derecha del río Ciruelas, abarcando además ambas márgenes de la quebrada La Plata, la cual desemboca en este río.  Adicionalmente, por el flujo de escorrentías procedentes de la escombrera, se descargan aguas hacia la quebrada El Padre, afluente del río La Rastra, tributario principal del río Ciruelas, que desemboca en el estero de Puntarenas en el Golfo de Nicoya.

Pese a la moratoria minera decretada en junio del 2002 por el gobierno de Abel Pacheco, la controversial mina inició su construcción en diciembre de ese año, luego de obtener la viabilidad ambiental en enero del 2001, a través de la aprobación de un Plan de Gestión Ambiental homologado a Estudio de Impacto Ambiental. La viabilidad ambiental se otorgó, pese a las advertencias técnicas hechas ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental por Anna Cederstav[4] de la Asociación Interamericana de Defensa Ambiental y Paul Robinson.

La construcción de la mina inició sin tener los permisos municipales y sanitarios, con una fuerte oposición local y varios recursos de amparo en la Corte Suprema de Justicia. En mayo 2005, ante esa sede constitucional, Anna Cederstav de AIDA alertó nuevamente sobre los riesgos del proyecto minero, lo cual habría motivado a la Sala Constitucional a ordenar la delimitación de los acuíferos y las zonas de carga y descarga acuífera.  Esa recomendación nunca se implementó por lo que la empresa minera habría penetrado zonas de protección hídrica que llevaron al Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) el 19 de setiembre 2007 a sancionarla y ordenarle la desocupación por “la invasión a la zona de protección de la naciente Montezuma I, por la instalación de una faja transportadora de materiales, veinte metros de la naciente.”[5] La empresa presentó revocatoria, sin resolver aún,  ante el TAA y pretendió, sin éxito, anular la sentencia en la Sala Cuarta.[6]

Finalmente, la producción comercial de mina Bellavista, con estatus de zona franca, empezó en diciembre 2005 luego de haber obtenido los permisos finales de operación, para producir un promedio de 60 mil onzas de oro por año durante 7,3 años de vida útil de la mina.  De acuerdo con varios reportes de Glencairn, hasta el tercer trimestre del 2007, se habrían extraído 65.680 onzas de oro de mina Bellavista.[7]

La operación de la mina fue errática. En setiembre y octubre 2005 debieron suspender labores debido a las intensas lluvias.

La empresa advirtió en octubre 2006, que “la estructura metálica rígida y flotante de la banda CV21 apareció arrugada en un área de 30 cm. como un acordeón”[8], en zona cercana a la esquina sureste de la pila de lixiviación.  La empresa consideró que el fenómeno se debía a variaciones térmicas o sobrepeso de materiales en la banda. Sin  embargo, alrededor de junio del 2007 se darían cuenta del error, al advertir nuevamente movimientos del suelo.  Es en esa esquina donde ocurre el deslizamiento del pasado 22 de octubre produciendo la caída estrepitosa de la  planta de recuperación de oro, o planta de ADR  (recuperación por adsorción-disorción), laboratorio y bodegas aledañas que, según datos de la empresa minera,  produjeron pérdidas cercanas a los 5 millones de dólares.

En el segundo trimestre del 2007, la mina reportó reducción en la producción de oro y aumento de los costos debido al taponeamiento de tubería bajo las pilas y las fuertes lluvias.[9]

Pese a que la empresa anunció por Internet que suspendería labores desde el 25 de julio 2007, la solicitud formal de suspensión temporal ante las autoridades ambientales costarricenses, la realizó 23 días después, sea el 16 de agosto.   El plazo de suspensión solicitado fue de un año, tiempo en el que esperan realizar obras de mitigación y estudios técnicos adicionales.  La suspensión de operaciones incluyó la extracción de roca del tajo,  quebrado, trituración, molienda, aglomeración, apilamiento, lixiviado, metalurgia extractiva, fundición de los minerales, exportación y venta, así como el cargado de la roca y el transporte a las pilas y escombrera.⁹   Para el 27 de agosto, todo el cianuro empacado había sido retirado hacia un almacén fiscal, según datos proporcionados por las autoridades sanitarias.[10]

El colapso de la planta ADR ocurrido el 22 de octubre 2007, evidenció la ruptura de la geomembrana en el área de la pila de lixiviación, hecho reiteradamente negado por la empresa durante los movimientos masivos previos a la caída. El impacto ambiental por la ruptura del geotextil fue minimizado, pues la empresa consideró exitosa la reducción de los niveles de cianuro, descartando riesgos de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas[11].  Cuando se le pidió al Ministerio de Salud certificar la calidad físico –química de los vertidos al medio por el lavado de las pilas, aportaron reportes de la empresa presentados el 01 de agosto 2006[12], de manera tal, que la eliminación del cianuro de las pilas se hizo sin ningún control estatal.

La empresa minera ha contado con el aval de las autoridades costarricenses que no han sabido manejar la crisis, convertidos en simples observadores y analistas no críticos de los informes realizados por los expertos contratados por la empresa minera. Por ejemplo, el 26 de setiembre 2007, José Francisco Castro, Director de Geología y Minas, aseguró que “en ningún momento, producto de las inspecciones efectuadas, la situación presentada en la zona, es definida como peligrosa”[13]. Posterior a la caída de la planta ADR, el mismo funcionario señaló el 06 de noviembre, que “hasta la fecha la empresa concesionaria, ha actuado responsablemente con relación al evento”.[14] 

Los residentes locales temen que la empresa termine evadiendo la responsabilidad por lo que han advertido al gobierno de los “otros movimientos” que ocurren en Glencairn en relación con la venta de los derechos mineros de Cerro Quema – Panamá, el cierre de oficinas en San José y Miramar, los cambios en la junta directiva, así como el eventual cambio de nombre, como en efecto ocurrió el pasado 29 de noviembre.  Ante esas advertencias, José Francisco Castro, Director de Geología y Minas, consideró que “el despido de trabajadores y cierre de oficinas obedece a reducir costos, sabiendo que las labores de reparación son onerosas”, prometiendo que ante “alguna solicitud de cesión de derecho o cualquier otra gestión que implique traslado de responsabilidad, seremos estrictos en su análisis.”¹⁴

“Mina Bellavista ha dividido la población, provocado ira, odio y aumentado la corrupción. Ha demostrado ser inviable ambientalmente y un rotundo fracaso económico, pues las acciones de Glencairn perdieron el 64% de su valor, entre el 25 de julio 2007 y el 29 de noviembre 2007”, señaló Sonia Torres, vecina de Miramar y presidenta de CEUS, organización comunitaria que defiende el Golfo de Nicoya, principal fuente de alimento y trabajo para miles de pescadores artesanales, localizados a escasos 14 kilómetros del lugar de la mina.

Hay preocupación por la contaminación del río Ciruelas, pues el agua es utilizada en actividades recreativas y agropecuarias.

Representantes de CEUS advierten que “existen otros deslizamientos que comprometen la infraestructura del molino, aglomeradores, planta de trituración y otros equipos mineros.   Estamos en alerta por el desplazamiento de la escombrera y áreas aledañas a ésta.  La montaña se mueve ladera abajo y se pueden observar hundimientos y grietas a lo largo de la calle pública situada en el borde del sector oeste de la escombrera.”
 
Para los ecologistas, aunque los expertos contratados por la empresa minera, reconocen el problema del deslizamiento y señalan que en parte es causado por la “saturación de agua debido a las fuertes lluvias durante los años anteriores”[15], desconocen la solución del problema, y restan, sin razón lógica, valor a factores como las pendientes abruptas, las numerosas nacientes, varias fallas geológicas y diseño inadecuado, que podrían haber contribuido con los movimientos ocurridos en Bellavista.”

Los vecinos y vecinas  se muestran preocupados porque “las autoridades sanitarias,  ambientales y municipales no atienden sus reclamos.  Cada día la amenaza es mayor sobre fuentes de agua conectadas al acueducto municipal del que dependen  más de 10 mil personas.”  Temen que la empresa trate de evadir la responsabilidad ambiental, debido a la crisis económica que enfrentan, pues además de las pérdidas sufridas por el colapso de mina Bellavista han tenido que cancelar deudas por orden judicial en Ontario y Maine, Canadá.  [16][17]

- Sonia Torres, CEUS del Golfo de Nicoya, 03 dic 2007