Nueva fase

Los resultados del 30 de septiembre confirman que la tendencia de cambio se mantiene en nuestro pueblo; que el país quiere construir algo nuevo; que la perspectiva de la radicalización no se detiene.  Muestran que la sociedad ecuatoriana quiere enterrar el pasado y abrir un país diferente.

Con las elecciones del 30 de septiembre  se cierra una segunda fase en el camino de la Asamblea Nacional Constituyente. Primero fue el mandato del plebiscito del 15 de abril, en donde el 82% de la ciudadanía se pronunció por la convocatoria e instauración de una Constituyente de plenos poderes, a fin de cambiar la Constitución y la institucionalidad del Estado.

Se cierra el proceso de elección de los asambleístas con cuatro resultados: la confirmación de la voluntad de cambio del pueblo, el triunfo categórico de las listas del gobierno de Rafael Correa, la derrota del sistema de partidos que dominó los últimos 25 años de vida política del país y la emergencia todavía débil de nuevos movimientos políticos de la vertiente de cambio, como en el caso de Polo Democrático.

La voluntad de cambio

El motor de este proceso es la energía de cambio que se mantiene y radicaliza en el pueblo. Si sumamos la votación obtenida por el Gobierno (76%) más las votaciones de las otras fuerzas de la izquierda, tenemos alrededor del 86% de la votación para el cambio.

El estado general de ánimo de las masas se mueve dentro de las fronteras de una reforma económico-política gradual: de un lado, un antineoliberalismo y un antipartidismo básicos, entendidos como reformas antimonopólicas y en contra del capital especulativo, y como la “despolitización” de la institucionalidad, sobre todo de control;  y, de otro, un clientelismo, que mira el bien común a partir de la relación gobierno benefactor – sectores beneficiados.

Esto es lo que condensa Correa en una estrategia que combina el discurso del socialismo del siglo XXI y de la revolución ciudadana, reforzado con la presencia en los foros y las relaciones internacionales; el copamiento de la escena político-mediática con sucesivas pugnas con la “partidocracia”; las relaciones clientelares de los bonos y de las obras, amplificadas por los gabinetes itinerantes.

El mayor apoyo electoral al régimen proviene todavía de la respuesta a una política “populista” de distribución del excedente petrolero a sectores deprimidos y a diversos grupos de presión, como los taxistas y los choferes. “El problema del populismo es que no deja saldos organizativos y no permite que la gente sea protagonista en la edificación de las soluciones a sus necesidades, es decir, da soluciones con paños tibios, sin apuntar a la raíz de las dificultades.”[1]

Se mostraron también  con mayor fuerza tendencias rupturistas, sobre todo en el eslabón de la soberanía nacional, especialmente en la recuperación de los recursos naturales, en particular el petróleo, los minerales, las telecomunicaciones, la biodiversidad y el agua;  y de la soberanía popular, especialmente en la conclusión de la tarea que “se vayan todos” con la disolución del Congreso y la suspensión de las autoridades de control.

De acuerdo a la información de la revista Quantum, ligada a los sectores empresariales tradicionales, el 67% de la población respalda la nacionalización del petróleo, el 48% está de acuerdo en la regulación de la propiedad privada, el 72% apoya que la educación sea pública y laica. Signos de la voluntad de cambio no sólo del “fin de la larga noche neoliberal”, sino también de la exigencia de cambio del sistema capitalista.

El triunfo de Correa

El partido de Gobierno ha obtenido un triunfo rotundo con tres cuartos de los votos en las elecciones del 30 de septiembre, lo que le permitirá contar con una mayoría holgada de asambleístas (80 de 130), por encima de la mitad más uno requerida para tomar las decisiones. Triunfa en todas las circunscripciones electorales: asambleístas nacionales, provinciales y migrantes. Sólo en una provincia Amazónica, el Napo, no logra representantes.

Correa logra condensar el sentido del cambio que se construyó en un largo proceso de lucha social contra el dominio oligárquico y el neocolonialismo: participa en el último tramo del forajidismo[2] y lo expresa en el discurso de la revolución ciudadana.

Éste es el cuarto triunfo electoral, con un porcentaje cada vez mayor: en la primera vuelta electoral  para Presidente, obtuvo el 24%; en la segunda vuelta electoral, el 54%; en la consulta popular para aprobar la convocatoria a la Asamblea, el 82%; y ahora el 86%.

Se trata sobre todo de un triunfo de Rafael Correa, pues el 90% de quienes votaron por el Partido País, no conocían quiénes estaban de candidatos en la lista de Gobierno; y se produce un alto porcentaje de votos “en plancha” por la lista del Partido País.[3]

Éste es el poder y el riesgo de la próxima fase: el gobierno ha logrado controlar la cantidad, pero no están resueltos la representación de la diversidad del país, ni el carácter de la propuesta de cambio. El sujeto es la medida de la propuesta.
El partido de gobierno integra diversas tendencias que van desde sectores provenientes de los movimientos sociales y de la izquierda, hasta sectores ligados a los nuevos grupos empresariales, articulados sobre todo al eje Manta-Manaos, China-Brasil.

El fuerte liderazgo de Correa traza el rumbo del socialismo del siglo XXI. Tiene un período que puede prolongarse durante los próximos seis o siete años para dominar la escena política.

Es interesante observar la capacidad pragmática de Correa para moverse en el realismo de la tendencia de cambio: inicialmente los voceros del régimen calificaron de maximalista el Decreto 001 de la disolución del Congreso, propuesto por el Polo Democrático, pero en medio de la campaña el régimen sintió que esta tesis podía abrir una brecha alternativa, y entonces la asumió.

Una perspectiva similar, aunque más débil, se presenta en el tema de telecomunicaciones, con el anuncio presidencial de la salida de Porta y el fortalecimiento de Alegro, aunque no se abordan todavía medidas reales para el cambio: el camino apunta a una nueva negociación, con nuevos procesos de licitación incluidos, dentro de los cuales las transnacionales seguirán teniendo ventajas.

En cambio se muestra el límite en el tema de la caducidad de los contratos con PETROBRAS, a pesar de las recomendaciones al Presidente en la carta de renuncia de Alberto Acosta al Ministerio de Energía, próximo Presidente de la Asamblea, y de las presiones de los movimientos sociales. La distancia entre el discurso y la actuación, entre las palabras y las cosas.

La fuerza de la tesis de la nacionalización de la renta petrolera empieza a ser asumida en medidas parciales, como en el Decreto Ejecutivo expedido inmediatamente después del triunfo electoral, para ampliar la participación del Estado  en el excedente petrolero del 50% al 99%: recuperar un excedente de 600 ó 700 millones de dólares anuales. Pero todavía no se ven signos de una transformación estructural.

Las fronteras del régimen se muestran precisamente en el vínculo con los nuevos sectores empresariales articulados al eje Este-Oeste, China-Brasil, Manta-Manaos, en disputa con el antiguo eje Norte-Sur. El riesgo es enfrentar el dominio del imperialismo norteamericano para pasar al dominio de un subimperialismo continental; sin poder trazar una línea de autonomía soberana y de unidad latinoamericana.[4] Allí está el principal dilema del Gobierno y de la Asamblea.

La derrota electoral de la “partidocracia”

Esta nueva oleada confirma y realiza una tendencia que se gesta desde mediados de los noventa: la derrota política de los partidos del poder tradicional, expresada sobre todo en los derrocamientos de tres gobiernos. Finalmente es posible “que se vayan todos”, aunque quedan todavía las bases del poder tradicional, que empieza a adaptarse a las nuevas condiciones.

Los magros resultados electorales obtenidos por los partidos de la derecha en las elecciones del 30 de septiembre, confirman la profunda crisis del sistema de partidos en nuestro país. Los  cuatro partidos que dominaron el poder en los últimos 30 años, prácticamente desaparecen.

El Partido Social Cristiano del exPresidente León Febres Cordero, hasta hace poco, la primera fuerza política del país ha vista reducida su represetación a apenas 4 asambleístas. Es notoria la derrota sobre todo en su reducto de Guayaquil, en donde obtiene apenas 2 de 18 representantes: esto le impedirá impulsar una política regionalista de autonomías secesionistas, que pretendía manejar la derecha, de acuerdo a los modelos planteados en Venezuela desde Zulía o en Bolivia, desde Santa Cruz y Sucre. 

Una situación similar sucede con la Izquierda Democrática del exPresidente Rodrigo Borja, la segunda fuerza política del país, que apenas logra 2 representantes en la Asamblea; y es derrotada sobre todo en su reducto de Quito. También desaparece la Unión Demócrata Cristiana que no obtiene ni un solo asambleísta. Igual destino tiene el Partido Roldosista del exPresidente Abadalá Bucaram, que tampoco logra elegir ningún representante. Esto implica una modificación profunda en el mapa político del país.

Empero hay un reciclaje de la derecha. El Partido Sociedad Patriótica del exPresidente Lucio Gutiérrez, si bien ve reducida su votación del 17% en el año pasado al 8,4% en las elecciones actuales, se constituye en la segunda fuerza con representación en la Asamblea: alrededor de 17 representantes. El PRIAN del magnate bananero Álvaro Noboa, también sufre una fuerte derrota: su votación se reduce del 46% obtenido en la segunda vuelta electoral para Presidente, al 5%, con 7 u 8 asambleístas electos. Emergen nuevas fuerzas y rostros que buscarán llenar este vacío: en particular el Partido UNO, liderado por las Cámaras empresariales de Guayas, que sustituirá al Partido Social Cristiano.

Y todavía subsisten las bases de poder económico y mediático, sobre todo en torno al capital bancario-financiero, en alianza con las transnacionales. Detener y mediatizar los cambios radicales es el denominador común del imperio, de la oligarquía y de los sectores neoburgueses.

Los movimientos sociales

Se presentaron cerca de un centenar de movimientos electorales. Esto expresa dos procesos contradictorios, la alta dispersión de la representación política fuera del Gobierno, pero también el afán de participación política de diversos sectores sociales y ciudadanos.

Los movimientos históricos que encabezaron las luchas a partir de la década del 90, el movimiento indígena liderado por la CONAIE, y los movimientos sociales, liderados por la CMS, obtuvieron  bajos resultados.

Sin embargo, empiezan a germinar procesos de recomposición política de estos sectores, tanto por el lado de la CONAIE, como por el lado de Polo Democrático; lo que puede fundamentar el carácter original del proceso constituyente ecuatoriano: la combinación de una vía “por arriba”, desde la acción del Gobierno y su partido; y una vía “por abajo”, desde la acción convergente y autónoma de los movimientos sociales.

La puerta: Constituyente de pleno poderes, originaria y original

Pasamos a una nueva fase: la instauración de la Asamblea y el cumplimiento del mandato del cambio. El nuevo escenario tiene su epicentro en Montecristi,[5] pero se define en las relaciones con los otros centros-factores de poder. La medida es el paso de “todos los poderes a la Constituyente”.

El primer punto está en la construcción de un poder constituyente pleno en la relación de la Asamblea con el poder constituyente popular. Volvemos a la cuestión de la vía: el gobierno buscará marcar una vía desde arriba, con la institucionalización del diálogo, el recurso del método CONESUP[6] y la ampliación de la estrategia itinerante a las reuniones de la Asamblea. Otra vez los movimientos sociales y las fuerzas políticas de la corriente del cambio están ante el reto de construir una vía convergente desde abajo: la construcción del poder popular constituyente, expresado en parlamentos populares, movilizaciones sociales, propuestas alternativas, organizaciones con capacidad programática y estratégica.

El campo de esta relación está en la lucha por el carácter del programa, el debate sobre el socialismo, o con más precisión, el debate entre capitalismo y socialismo para el Ecuador del siglo XXI; y en la capacidad de organización, movilización e interpelación de los actores sociales a la representación constituyente.

El segundo punto está en la clarificación de la relación de la Constituyente  con las diversas instancias del poder constituido. El campo de esta relación está en la definición del Reglamento de la Asamblea, empezando por el esclarecimiento de los “plenos poderes”.

Aquí está la primera batalla con la derecha, que pretende reducir el alcance de la Constituyente a algunas reformas de la Constitución y busca posponer los cambios para después del plebiscito refrendatorio.

La puerta está en la disolución del Congreso y de los organismos de control, para que la Asamblea asuma efectivamente los plenos poderes legislativos y de fiscalización. El poder legislativo extraordinario se refiere no sólo a dictar la nueva Constitución, sino también las leyes orgánicas fundamentales, empezado por desmontar todo el marco jurídico neoliberal creado por la oligarquía financiera-rentista y el imperialismo sobre todo a partir de la década del 90.

Quito, 24 de octubre de 2007