El Contrato Social en Panamá

16/09/2007
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El Contrato Social, escrito por Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), es uno de los libros que más ha contribuido a mi formación. Las ideas de Rousseau influyeron significativamente en la Revolución Francesa (1789); a partir de ese momento se comenzó a reemplazar el vocablo ‘súbdito’ por la palabra ‘ciudadano’. Rousseau concibe al ser humano como un individuo que es libre, toma decisiones sobre su propio destino y con su voz contribuye al bienestar social.

Como indica el informe La democracia en América Latina, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, “la democracia no es otra cosa que ‘el gobierno del pueblo’. El Informe quiere tomar en serio esa idea vieja, para ponerla en diálogo con el presente y con el futuro de nuestra América: gobierno del pueblo significa que las decisiones que nos afecten a todos sean tomadas por todos… Gobierno del pueblo significa entonces un Estado de ciudadanas y ciudadanos plenos. Una forma, sí, de elegir a las autoridades, pero además una forma de organización que garantice los derechos de todos: los derechos civiles (garantías contra la opresión), los derechos políticos (ser parte de las decisiones públicas o colectivas) y los derechos sociales (acceso al bienestar)”.

El estudio Cultura política de la democracia en Panamá: 2006, realizado por Vanderbilt University y patrocinado por la Agencia para el Desarrollo Internacional de EE.UU. (USAID), concluye: “Los resultados que aquí presentamos indican una marcada reducción en el apoyo a las instituciones políticas y al sistema político en general, una reducción en los niveles de tolerancia política y como consecuencia una reducción en los valores que favorecen la democracia estable”.

En esa investigación se analizaron los valores democráticos, mediante las definiciones que los panameños tenían del concepto ‘democracia’: El 52.7% expresó apoyo a concepciones normativas; un 19% utilizó definiciones utilitarias; y un 22.7% expresó opiniones vacías, es decir, no saben, no desean expresar concepto alguno, o la democracia no tiene significado. Estos resultados sitúan a Panamá en el penúltimo lugar entre los quince países latinoamericanos investigados.

Por lo tanto, se debe estimular la participación ciudadana por medio de un debate programático, dado que como expresa el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos: “Ciudadanía supone libertad, igualdad, pertenencia, dignidad, respeto y diálogo”. En esa discusión no hay lugar para las diatribas; es necesario formar ciudadanos que sean participantes activos y comprometidos con la convivencia democrática. Hay que aprender a rebatir con ideas y no tratar de descalificar a los que piensan diferente. En palabras de Martí: “Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras”.

En ese debate es muy importante la labor de los medios de comunicación social, por lo que es condenable que algunos medios glorifiquen al dictador Torrijos, mientras culpan de todos los asesinatos, desapariciones, torturas, etc. al dictador Noriega. Además de tergiversar la historia, ofenden la inteligencia promedio: ¿un Teniente con más poder que un General autoritario?

Para Rousseau la sociedad se origina en un pacto o contrato social libremente realizado por los hombres. La expresión que mejor refleja su pensamiento es: “El hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado”. Rousseau concibió a la democracia como “autogobierno del pueblo para sí mismo”, exaltando al máximo los principios de autorregulación, libertad y autonomía del individuo. Este concepto se enfrenta a la definición de democracia como sinónimo de representación parlamentaria. El ciudadano no se siente representado, como lo refleja la investigación que realizó la ONG ‘Latinobarómetro’ en el 2006: en Panamá sólo el 17% de los ciudadanos piensa que se gobierna para el bien de todo el pueblo. Esta ONG considera que: “Esta dimensión política de la democracia es un indicador de gobernabilidad a la vez, ya que indica la legitimidad de uso del poder.”

El ciudadano panameño se plantea múltiples interrogantes: ¿Cuál es la respuesta concreta del Gobierno a mis derechos a tener una adecuada atención sanitaria, recibir una buena educación, disponer de una vivienda digna, vivir en un ambiente que no sea agresivo, disfrutar de un buen servicio de transporte, etc.? ¿Por qué no puedo controlar a corporaciones como Unión Fenosa y Electra Noreste, que se sitúan por encima de los intereses de la comunidad?  ¿De qué vale que las arcas del Estado hayan recibido recursos financieros como nunca antes, si no se materializa en respuestas específicas y en beneficios palpables? Como nos dice John F. Kennedy: “la soberanía política no es sino una burla sin los medios para hacer frente a la pobreza, la ignorancia y la enfermedad”.
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