¡No a la violencia!
29/09/2007
- Opinión
Aunque la Asamblea General de la ONU decidió que a partir de 2002, el Día Internacional de la Paz sería celebrado cada 21 de septiembre, tal parece que sólo la Dra. Lucrecia Herrera Cozzarelli, Rectora de la Universidad de la Paz, recuerda fecha tan significativa.
En ocasión de la Jornada Mundial por la Paz de 1978, el Papa Juan Pablo II expresó: “La violencia no es fortaleza. Es la explosión de una energía ciega que degrada al hombre que se abandona a ella, rebajándolo del nivel racional al pasional”.
Por su parte, Monseñor Rómulo Emiliani nos dice: “La injusticia social es otra forma de violencia que arrebata a la gente su derecho a vivir dignamente y que los condiciona a vivir en la extrema pobreza”.
En 1989, el Santo Padre expresó: “los pobres son cada vez más numerosos, víctimas de determinadas políticas y de estructuras fuertemente injustas”. Después de transcurridos dieciocho años, en Panamá la brecha entre ricos y pobres continúa aumentando. Hace tres años, Martín Torrijos expresó: “No hay excusas para un Panamá pobre”. ¿Cómo explica que durante su Administración la pobreza siga incrementándose?
Aunque estamos clasificados como de desarrollo humano medio, ocupamos el segundo lugar de la región en peor distribución del ingreso: más de la mitad de la población sólo dispone del 5% de la riqueza.
En abril murieron niños por desnutrición. Ahora han fallecido veinticuatro infantes en la Comarca Ngäbe Bugle; el presidente del Comité de Salud de El Peñón reconoce que las muertes se deben a que los puestos de salud carecen de medicamentos. Mientras las instalaciones sanitarias están desabastecidas, Panamá es el país de Centroamérica que más está gastando en armamentos, además de que está enviando militares a entrenarse en EE.UU.
El Gobierno decidió construir una cinta costera. Como expresa el Dr. Ebrahim Asvat: “Craso error de nuestros gobernantes escoger la cinta costera y posponer el transporte público urbano… Los fondos de inversión pública deben privilegiar a los sectores populares…”. Además de que no ha demostrado su necesidad, el Ejecutivo seleccionó la propuesta hecha por Odebrecht, que es la más cara: 189 millones de balboas.
La mayor parte de la población que participa en la vida pública del Istmo ha reconocido que la sociedad panameña está en crisis, ya que cuando se realiza una ligera presión en cualquier institución brota el pus. La magnitud de esta crisis parece trascender la capacidad de asimilarla e interiorizarla plenamente, ya que no es sólo sanitaria, educacional, etc. De alguna manera es una confluencia de todas ellas, pero que en su agregación resulta en una totalidad que es más que la suma de sus partes.
El ciudadano se ve amenazado por unas fuerzas desconocidas que no alcanza a comprender y que se hallan fuera de su control, violando su derecho fundamental: vivir. En palabras del catedrático Miguel Antonio Bernal: “El número de ciudadanos envenenados, quemados, golpeados, ultrajados, engañados, decepcionados hacen legión con los desempleados, empobrecidos y marginados”.
En vez de satisfacer las legítimas aspiraciones del ciudadano a tener una adecuada atención sanitaria, recibir una buena educación, disponer de una vivienda digna, disfrutar de un buen servicio de transporte, etc., el Gobierno se gasta diariamente 45 mil balboas en lo que dice es información -¿no es culto a la personalidad Martín Torrijos, Presidente?-, o sea, más de dieciséis millones de balboas anuales.
La gravedad de la crisis social panameña conducirá a que sean cada vez más habituales los acontecimientos violentos, provocados por el círculo vicioso de la corrupción, el lavado de dinero, la impunidad y la exclusión social.
La única forma de empezar a romper ese círculo que permita alcanzar la convivencia social que evite la ingobernabilidad, es que los poderes económico y político comprendan que la sociedad se origina en un contrato social libremente realizado entre gobernantes y gobernados.
La mayor parte de los principales funcionarios de la narcodictadura ocupan importantes cargos en el Gobierno. Algunos de ellos violaron sistemáticamente los derechos humanos: el jefe de los Batallones de la Dignidad, dirigentes de los CODEPADI, etc. Cuando el ex-jefe militar de San Miguelito asumió como ministro de Gobierno y Justicia, declaró que no permitiría el cierre de calles. ¿Por qué los ciudadanos cierran calles? Porque no se sienten atendidos y mucho menos representados por sus autoridades: sólo el 17% de los panameños piensa que se gobierna para el bien de todo el pueblo.
El 30 de enero se celebra el Día Escolar de la No-violencia y la Paz en memoria de Mahatma Gandhi, quien señaló: “El hambre es la peor causa de violencia”.
En ocasión de la Jornada Mundial por la Paz de 1978, el Papa Juan Pablo II expresó: “La violencia no es fortaleza. Es la explosión de una energía ciega que degrada al hombre que se abandona a ella, rebajándolo del nivel racional al pasional”.
Por su parte, Monseñor Rómulo Emiliani nos dice: “La injusticia social es otra forma de violencia que arrebata a la gente su derecho a vivir dignamente y que los condiciona a vivir en la extrema pobreza”.
En 1989, el Santo Padre expresó: “los pobres son cada vez más numerosos, víctimas de determinadas políticas y de estructuras fuertemente injustas”. Después de transcurridos dieciocho años, en Panamá la brecha entre ricos y pobres continúa aumentando. Hace tres años, Martín Torrijos expresó: “No hay excusas para un Panamá pobre”. ¿Cómo explica que durante su Administración la pobreza siga incrementándose?
Aunque estamos clasificados como de desarrollo humano medio, ocupamos el segundo lugar de la región en peor distribución del ingreso: más de la mitad de la población sólo dispone del 5% de la riqueza.
En abril murieron niños por desnutrición. Ahora han fallecido veinticuatro infantes en la Comarca Ngäbe Bugle; el presidente del Comité de Salud de El Peñón reconoce que las muertes se deben a que los puestos de salud carecen de medicamentos. Mientras las instalaciones sanitarias están desabastecidas, Panamá es el país de Centroamérica que más está gastando en armamentos, además de que está enviando militares a entrenarse en EE.UU.
El Gobierno decidió construir una cinta costera. Como expresa el Dr. Ebrahim Asvat: “Craso error de nuestros gobernantes escoger la cinta costera y posponer el transporte público urbano… Los fondos de inversión pública deben privilegiar a los sectores populares…”. Además de que no ha demostrado su necesidad, el Ejecutivo seleccionó la propuesta hecha por Odebrecht, que es la más cara: 189 millones de balboas.
La mayor parte de la población que participa en la vida pública del Istmo ha reconocido que la sociedad panameña está en crisis, ya que cuando se realiza una ligera presión en cualquier institución brota el pus. La magnitud de esta crisis parece trascender la capacidad de asimilarla e interiorizarla plenamente, ya que no es sólo sanitaria, educacional, etc. De alguna manera es una confluencia de todas ellas, pero que en su agregación resulta en una totalidad que es más que la suma de sus partes.
El ciudadano se ve amenazado por unas fuerzas desconocidas que no alcanza a comprender y que se hallan fuera de su control, violando su derecho fundamental: vivir. En palabras del catedrático Miguel Antonio Bernal: “El número de ciudadanos envenenados, quemados, golpeados, ultrajados, engañados, decepcionados hacen legión con los desempleados, empobrecidos y marginados”.
En vez de satisfacer las legítimas aspiraciones del ciudadano a tener una adecuada atención sanitaria, recibir una buena educación, disponer de una vivienda digna, disfrutar de un buen servicio de transporte, etc., el Gobierno se gasta diariamente 45 mil balboas en lo que dice es información -¿no es culto a la personalidad Martín Torrijos, Presidente?-, o sea, más de dieciséis millones de balboas anuales.
La gravedad de la crisis social panameña conducirá a que sean cada vez más habituales los acontecimientos violentos, provocados por el círculo vicioso de la corrupción, el lavado de dinero, la impunidad y la exclusión social.
La única forma de empezar a romper ese círculo que permita alcanzar la convivencia social que evite la ingobernabilidad, es que los poderes económico y político comprendan que la sociedad se origina en un contrato social libremente realizado entre gobernantes y gobernados.
La mayor parte de los principales funcionarios de la narcodictadura ocupan importantes cargos en el Gobierno. Algunos de ellos violaron sistemáticamente los derechos humanos: el jefe de los Batallones de la Dignidad, dirigentes de los CODEPADI, etc. Cuando el ex-jefe militar de San Miguelito asumió como ministro de Gobierno y Justicia, declaró que no permitiría el cierre de calles. ¿Por qué los ciudadanos cierran calles? Porque no se sienten atendidos y mucho menos representados por sus autoridades: sólo el 17% de los panameños piensa que se gobierna para el bien de todo el pueblo.
El 30 de enero se celebra el Día Escolar de la No-violencia y la Paz en memoria de Mahatma Gandhi, quien señaló: “El hambre es la peor causa de violencia”.
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