Santa Cruz

Recientemente, cuatro magistrados del Tribunal Constitucional fueron suspendidos de sus funciones por un proceso por prevaricato, lo que generó otra polémica mediatizada acerca de la legalidad de la suspensión y de la legitimidad de su defensa, especialmente por grupos de parlamentarios y dirigentes cívicos.

El motivo de la suspensión es el proceso iniciado en la Cámara de Diputados, instancia habilitada por Ley para este propósito.

Los magistrados (Alfredo Raña, Antonio Arias, Silvia Salame y Martha Rojas) hicieron de su defensa un alegato jurisprudencial pero también político y mediatizado. Apelaron a un estribillo en sentido de que “es un juicio político”, sin dar mayores explicaciones o enredándose en argumentos de leguleyos.

Más allá de cualquier argumentación, parecen evidentes varias cosas.

Primero, muy pocos personajes públicos (periodistas, analistas, dirigentes sociales e incluso dirigentes cívicos) recuerdan la forma en que fueron elegidos dichas autoridades judiciales. Fue aquel 3 de octubre de 2003, cuando Gonzalo Sánchez de Lozada jugaba al todo o nada por conservar su poder en la conducción del Estado, al que utilizó, exclusivamente en beneficio de sus empresas.

Segundo, los alegatos de los magistrados cuestionados nos recuerdan que parecen ser intocables o no pueden ser enjuiciados y menos investigados, lo que hace suponer que no quien decirle al país que es lo que hacen y si lo hacen bien. Por tanto, hay algo que no está suficientemente claro o algo que se oculta.

Tercero, una de las acusadas (Martha Rojas) perteneció al bufete de abogados “Sánchez Berzaín, muy conocido en Cochabamba por sus particulares acciones en defensa de personas procesadas por casos de narcotráfico, al margen del carácter irascible de su jefe, el ex parlamentario y ex ministro Carlos Sánchez Berzaín, expulsado de Bolivia en el ejercicio de sus funciones, junto a su inmediato superior, Gonzalo Sánchez de Lozada.

Por tanto, a la luz de estos antecedentes, existen suficientes indicios como para pensar que aquellos magistrados ejecutaban acciones como para sujetarse de sus cargos a rajatabla y no querer soltarlos.

Si es así, es que algo está pasando.

Fuente: Agencia Nacional de Noticias Chaco-Amazonía–ANC (Bolivia)