Un filósofo dijo: “Uno tiene que saber qué es algo, antes de que uno pueda saber para qué sirve. Cuando uno sabe para qué sirve, entonces uno puede decidir qué cambios se deben realizar”. He leído varios textos que intentan definir el concepto ‘salud pública’; por ejemplo, según la enciclopedia Encarta, “la salud pública es la protección y mejora de la salud de los ciudadanos a través de la acción comunitaria, sobre todo por parte de los organismos gubernamentales.” Sin embargo, no he encontrado una definición que sea suficientemente abarcadora de lo que representa la salud pública, una definición que sea capaz de sintetizarla como saber, como práctica y como realidad social. Después que se defina ‘salud pública’, habrá que analizar cómo y porqué han evolucionado los sistemas sanitarios, cuyas filosofías abarcan todas las teorías sociales, desde el neoliberalismo al socialismo.

En las constituciones modernas, la protección de la salud se sitúa como uno de los derechos humanos fundamentales, que a la vez es un deber, pues el individuo está protegiendo su bien más preciado, ya que si no tiene salud es imposible que pueda ejercer el resto de sus derechos. A pesar de ello, en la historia de la medicina contemporánea abundan las contradicciones, ya que aunque se han obtenido nuevas posibilidades diagnósticas y terapéuticas, la mayoría de la población mundial no puede beneficiarse de este progreso.

Los avances médicos pueden contribuir a mejorar la atención al paciente, pero también pueden aumentar los costos totales. En Panamá la situación se agudiza por el crecimiento de la expectativa de vida como fenómeno global -lo que aumenta la demanda en asistencia médica-, y por la reducción de las contribuciones financieras del Estado con relación al total de la población. Además, no se le presta la debida atención a la Economía de la Salud, que es el estudio de las actividades relacionadas con la regulación, financiamiento, producción, distribución y consumo de los bienes y servicios que satisfacen las necesidades de salud, bajo los principios normativos de la eficiencia, la calidad, la utilidad y la equidad. Es una disciplina tendiente a aplicar la Economía al estudio de los problemas sanitarios, y ofrecer las bases para la formulación de las políticas públicas pertinentes.

Entre los principios que orientan las políticas sociales en general, y las políticas de salud en particular, la equidad es uno de los que ha alcanzado mayor consenso, en especial en las últimas décadas. No obstante, en Panamá las políticas implementadas no garantizan su ejercicio efectivo, acabando por restringir su validez a la definición formal de un derecho. ¿Cómo es posible que en un país con superávit fiscal, haya desabastecimiento de medicamentos en el Ministerio de Salud (MINSA) y en la Caja de Seguro Social (CSS)? ¿De qué equidad se puede hablar? La reforma del sistema de salud en Panamá, un país con cuantiosos recursos, pero con casi la mitad de la población bajo la línea de pobreza, debe comenzar por fomentar la equidad. Sin embargo, el gobierno neoliberal de Martín Torrijos Espino no ceja en sus propósitos de privatizar el sistema de salud.

La búsqueda de la equidad supone diseñar e implantar las políticas sanitarias que le garanticen a toda la población, el acceso a los bienes y servicios de salud, mediante el financiamiento del Estado, ya que exceptuando a Estados Unidos, México y Corea, el sector público es la principal fuente de financiamiento de la salud en los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), representando el setenta y cinco por ciento de los gastos en salud. En la mayoría de estos países, se han logrado grandes avances en los últimos cuarenta años, en cuanto a la expectativa de vida y la calidad de vida, gracias a esa intervención estatal. Se deben analizar las experiencias de aquellos países que llevaron a cabo políticas orientadas a lograr la equidad, mediante la asignación de recursos financieros en sus respectivos sistemas de salud, tales como Inglaterra, Canadá, España e Italia.

Hay razones justificadas para el aumento de los gastos en la salud pública, pero hay otros que son consecuencia de la estructura deficiente del sistema sanitario. El Dr. Xavier Sáez-Llorens nos dice: “El informe de la OPS 2006 revela que en lo concerniente a mortalidad infantil, mortalidad materna y expectativa de vida, nuestro país está en las posiciones 8-10 del continente americano, pese a que el gasto en salud ocupa el cuarto lugar.” El sistema de salud panameño se ocupa muy poco de su eficacia y mucho menos aun de su eficiencia, por lo que es imprescindible aplicar los conocimientos sobre ‘Economía’, ‘Economía de la Salud’ y ‘Economía Territorial’, ya que aunque en Panamá se pueden obtener nuevas fuentes de financiamiento para la salud pública, mediante un cambio radical en la estructura del gasto público -por ejemplo, la disminución de los elevados salarios de los que ocupan cargos en los poderes ejecutivo y legislativo, y la eliminación del subsidio a los partidos políticos-, un sistema de salud eficaz requiere de cuantiosos recursos.

Es necesario realizar investigaciones al respecto, ya que investigar implica aplicar la inteligencia a la comprensión de la realidad objetiva, con el fin de mejorarla. La vida me ha enseñado que investigar es una tarea casi artesanal, en la que es preciso combinar el pensamiento riguroso con la imaginación, la disciplina de trabajo con la inspiración, en dosis variables según las circunstancias. Aprendí que no es posible realizar una investigación en tres meses; me eduqué en el carácter multidisciplinario de cualquier investigación, mucho más cuando se trata de una problemática como la que nos ocupa, la salud, que depende de variables muy complejas, así como de los agentes relacionados con ella: profesionales de la salud, colegios profesionales, sindicatos y universidades, los cuales deben fiscalizar que se obtengan los mejores resultados, expresados en calidad, eficiencia y equidad.

El desajuste entre las necesidades de salud de toda la población y la respuesta social organizada, debe ser el objetivo central del análisis y el ámbito de acción de mayor relevancia en materia de diseño, implementación, fiscalización y evaluación de las políticas sanitarias.

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