El 7 de agosto pasado, se realizó en Embajada Colombia en la Argentina un acto simbólico de apoyo a las víctimas de la guerra en Colombia y de protesta debido a la grave situación de Derechos Humanos en Colombia.

Un grupo de colombianos y colombianas que viven en la Argentina convocó a solidarizarse con todos los habitantes de Colombia, que desde el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, ven aún más lejos la paz, el fin del terrorismo de Estado y el desmonte del paramilitarismo.

Mediante carteles, consignas y actos simbólicos dieron a conocer su preocupación por las dimensiones de la crisis humanitaria de Colombia y la nefasta interacción entre narcotráfico, gobierno y paramilitarismo.

Esta acción de protesta es una respuesta a la sucesión de noticias que alarman a quienes estando lejos del país siguen conectados con una realidad que en pocos meses ha registrado el hallazgo de casi un centenar de fosas comunes en el sur de país, la detención de senadores, políticos y funcionarios uribistas por sus vínculos con el paramilitarismo y/o el narcotráfico, escándalos que han opacado las fotos de familiares del Presidente con miembros del narcotráfico, el peregrinar de un padre por medio país para exigir la liberación de su hijo secuestrado y que terminó en una gresca protagonizada por el Presidente, la impunidad de la que goza el general Rito Alejo mientras todos los testigos que ratifican su claro vínculo con los paramilitares y responsabilidad en masacres como las de Mapiripán son asesinados. Noticias alarmantes que salen a la luz porque son registradas por los medios masivos de comunicación, sin contar con los llamados de auxilio permanentes de indígenas, comunidades de paz, estudiantes, profesores y un sin fin de organizaciones sociales que son violentadas por el simple hecho de defender sus derechos o forma de vida.

Así que la protesta frente a la embajada de Argentina muestra como una cotidianeidad colombiana marcada por el cinismo presidencial y el ensañamiento de los actores de la guerra con la población civil no son razones para perder la capacidad de la sorpresa ante las múltiples formas de resistencia de las organizaciones sociales y tampoco la capacidad de sentir indignación ante el manto de impunidad que se teje en la casa de Nariño y se extiende hasta los más alejados rincones de un país en que la muerte se señorea.

Por el contrario la cotidianeidad de una guerra que ha visto nacer y morir a abuelas y abuelos, padres y madres, hijas e hijos y también a sus nietos en el marco de un enfrentamiento que desangra al país, lleva a que desde la sociedad civil surjan manifestaciones que buscan convocar a salidas como las del acuerdo humanitario y la solución política negociada de un conflicto que se degrada día a día. Acciones que expresan el respaldo a la protesta, a las movilizaciones y opciones políticas y sociales de los distintos sectores de la sociedad civil en la lucha por la profundización y defensa de la democracia y sus instituciones, así como el reconocimiento de los derechos inherentes a la condición de ciudadanos y a la permanente puja por alcanzar una Colombia en que las niñas y niños no sean arrullados por los himnos de la guerra.

¿Por qué “Silencio es Salud”? (1)

El 24 de marzo de 1976 mediante un golpe de Estado la dictadura militar liderada por Rafael Videla se toma el poder en la Argentina a partir de este momento mediante una poderosa propaganda en la que los medios de difusión sostenían la necesidad de imponer un “orden” ante la debilidad del gobierno anterior. De esta manera se aceptó la supresión de las garantías constitucionales y la instauración de un orden basado en el silencio.

El objetivo del golpe militar fue institucionalizar el poder de la gran burguesía y el capital financiero para incorporar a la Argentina en el proceso de mundialización capitalista. Es decir su objetivo era político y no militar, ya que durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón las Fuerzas Armadas, con el accionar de bandas paramilitares como la Alianza Anticomunista Argentina (AAA), habían logrado el control de la represión contra las organizaciones guerrilleras, las cuales se encontraban derrotadas políticamente y fuertemente debilitadas.

Para llevar adelante esta política era necesario lograr el disciplinamiento del movimiento social a través del terror. Especialmente disciplinar económicamente a la clase obrera por el retroceso del empleo y el salario quitando la base de sustentación a las organizaciones sindicales. De allí que las víctimas de la dictadura fueron fundamentalmente los trabajadores. La represión fue padecida por intelectuales, artistas, sacerdotes, políticos e, incluso amas de casa, pero fueron los delegados de fábrica, dirigentes sindicales de base, estudiantiles y barriales los que constituyeron el porcentaje mayoritario de más de 30.000 personas desaparecidas. En esta perspectiva la condición de “subversivo” no se refería solamente a aquel que realizaba atentados sino a todo el que pensara social y políticamente de manera diferente a los militares. En un reportaje Videla lo expresaba claramente: “Por el sólo hecho de pensar distinto dentro de nuestro estilo de vida es privado de su libertad, pero consideramos que es un delito grave atentar contra el estilo de vida occidental y cristiano queriéndolo cambiar por otro que nos es ajeno, y en este tipo de hechos no solamente es considerado como agresor el que agrede a través de bombas, del disparo o del secuestro sino también aquel que en el plano de las ideas quiere cambiar nuestro sistema de vida a través de ideas que son justamente subversivas; es decir subvierten valores”. Por si había alguna duda el gobernador de Buenos Aires, general Ibérico Saint Jean, afirmaba: “Nuestros enemigos son los subversivos, los amigos de los subversivos, y los indiferentes.”

La idea de “subversión” para los militares abarcaba desde acciones laborales, revistas de la cultura, protestas de los estudiantes hasta la oposición de los medianos y pequeños empresarios nucleados en la Confederación General Económica (CGE) que fue disuelta y se emitió una orden de captura internacional para sus líderes.

En dictaduras anteriores en la Argentina habían desaparecido personas, pero la dictadura militar definió una nueva arquitectura de la muerte al realizarla en forma sistemática como política de Estado. El término “desaparecido” implicaba la voluntad de encubrir el destino del secuestrado y la identidad de sus asesinos. Para la “historia oficial” estas personas estaban vivas y para las autoridades “prófugas” de la justicia. Esta práctica producía una situación torturante para los familiares y amigos ya que sin la muerte, sin una tumba, se construye un trauma imposible de ser elaborado. Pero la desaparición no fue solamente de sus cuerpos sino también de sus ideas pues había que asesinar la memoria. En este sentido si los desaparecidos quedan despojados de sus diferentes identidades políticas previas a la dictadura militar se deja de lado los intereses materiales y políticos que desencadenaron el exterminio.

El poder autoritario atravesó el conjunto de la sociedad mutado en un discurso donde al pobre se lo mira con desconfianza. Donde una manifestación que produce un embotellamiento de tránsito se la denomina “caos”. Donde una huelga en un hospital público se la llama “terrorismo sanitario”. Es decir, donde en un discurso supuestamente democrático se criminaliza la protesta. Nuevamente el silencio es preferible al ruido de los diferentes sectores que reclaman por sus derechos.

En este sentido debemos tener presente lo que dice Juan Gelman: “La represión consiste en actos arraigados en la cotidianidad de la sociedad, por eso es posible”
Nota

(1) “El silencio es salud”, fue uno de los lemas de la dictadura en la Argentina. Este artículo es una adaptación abreviada del documento “La institucionalización de los campos de concentración-exterminio en la Argentina” escrito por el psicoanalista Enrique Carpintero 

http://www.topia.com.ar/articulos/0511-edito.htm