Ha pasado una semana desde el terremoto que asoló Pisco y llevó una tremenda destrucción al resto del sur medio. Aunque las tareas básicas, de reparto de víveres, frazadas, albergues y organización de orden público todavía continúan, ha transcurrido ya un plazo suficiente como para poder analizar la reacción del Gobierno ante la emergencia, y en especial en términos de orden público y seguridad ciudadana, que es lo que aquí primariamente nos concierne.

Empecemos por el final. Al examinar las acciones de la Policía Nacional en las horas y los primeros días que siguieron al desastre, no se puede llegar a otra conclusión que el desempeño de la PNP estuvo muy por debajo de lo que las extremas circunstancias demandaban. No es una conclusión a la que hubiéramos querido llegar –sobre todo teniendo en cuenta, como le consta al área de Seguridad Ciudadana del Instituto de Defensa Legal (IDL-SC) , el número de policías que trabajó con gran empeño y sin reparar ni en horarios ni en fatigas, durante esos días-, pero los hechos son concluyentes.

Dos son las acciones fundamentales en las que la Policía falló clamorosamente en esos días:

1. Asegurar el tránsito de la ayuda por la dañada, pero no cortada, carretera Panamericana. Medidas prontas y enérgicas hubieran hecho posible un tráfico continuo de ayuda por la carretera. Sin embargo, no se tomó, durante días, ninguna acción mínimamente importante para descongestionar el monumental cuello de botella que todo tipo de tráfico vehicular ocasionó en la zona de Jahuey y en el puente Huamaní. De haberse tomado esas medidas elementales, cientos de camiones hubieran podido llevar ayuda en corto tiempo, la carretera hubiera sido la principal vía de auxilio, en lugar del costoso y menos eficaz puente aéreo, que hubiera podido asignarse a funciones mucho más específicas. Tuvimos en los hechos un bloqueo carretero ocasionado por la incompetencia policial. ¿Se libra la ministra de Transportes de toda crítica? Ciertamente no. A IDL-SC le consta que Verónica Zavala hizo por lo menos un intento el viernes para desatorar la carretera, pero su intento no tuvo ninguna autoridad y ella parece haber sido incapaz de imponerse.

2. El despliegue tímido, lento y del todo insuficiente de la fuerza policial necesaria para mantener el orden mínimo en lugares donde todos los servicios públicos habían colapsado y donde era de esperarse que la anarquía consiguiente provocara saqueos, asaltos y descontrol social. Expertos policiales de primer nivel, consultados por IDL-SC, opinaron que el número de refuerzos policiales mínimamente necesario para la zona del seísmo en forma inmediata era de 3 mil a 5 mil policías. Solo para el desalojo del mercado de Santa Anita, por ejemplo, se emplearon más de mil 500 policías. Sin embargo, hasta dos días después del terremoto, solo 529 policías (67 oficiales, 448 suboficiales y 14 especialistas) habían sido destacados a la zona asolada. En medio de esa insuficiencia, el director general de la Policía, general PNP David Rodríguez Segeu se dedicó a repartir personalmente agua, frazadas y prédica junto al no menos ineficaz ministro Luis Alva Castro, en lugar de comandar un esfuerzo que requería toda la energía institucional.

Sin embargo, en medio de esa incompetencia estratégica, hay esfuerzos que resaltar. La Dirección Aérea de la Policía Nacional trabajó arduamente desde el día del desastre. El jueves 16 la PNP realizó 10 vuelos de Antonov, sin contar los múltiples de helicópteros. Durante las primeras horas, el aporte de la PNP fue fundamental para sostener el puente aéreo.

Aunque no corresponde estrictamente al área de IDL-SC examinar la acción de las fuerzas militares ni la del gobierno en su conjunto, en el manejo de la emergencia, es necesario, en este contexto, puntualizar por lo menos lo siguiente: a) que la Fuerza Armada demostró incapacidad de respuesta rápida ante la emergencia, y; b) que el Gobierno exhibió una culpable mezquindad al no haber utilizado el avión presidencial que sirvió hasta el fin del régimen de Toledo. Este avión estaba totalmente operativo, en condiciones de volar las 24 horas, de transportar más de 60 personas por vuelo, además de la carga, y de efectuar varios vuelos por día.

Dentro de esas condiciones, las operaciones policiales se realizaron de la siguiente manera:

El jueves 16 en la mañana llegó a Pisco el general PNP Juan Álvarez Manrique, director ejecutivo de operaciones policiales, a quien se encargó el comando operativo. No tenía un plan sino un esbozo de la situación, con base en información de las direcciones de inteligencia, de logística y de personal de la Policía Nacional, y los primeros reportes de los medios de comunicación.

Una vez en Pisco, Alvarez solicitó al director general de la Policía, David Rodríguez Segeu, un refuerzo de 500 policías para las zonas afectadas, y le dijo que en su opinión iba a ser necesaria la intervención de las Fuerzas Armadas.

La seguridad interna se organizó en tres sectores: Ica a cargo del general Alberto Jordán Bringnole (Jefe de la Región Callao) en Chincha el general Pedro Moreno Ruidias (Dirección de Seguridad Pública), y en Pisco el general Héctor Paz Valencia (IX Región Policial). Todos ellos bajo el mando del general Álvarez Manrique.

En los siguientes días, sin haber ganado en ningún momento la iniciativa, fueron llegando más refuerzos policiales, buena parte de los cuales quedó concentrado en el centro de las principales ciudades afectadas.

Al cierre de esta nota, en Cañete se encuentran 657 efectivos de la VII Región Policial; en Pisco, 372 efectivos (DINOES, VII Región Policial, XI Región Policial, DIRANDRO, Sanidad Policial y Policía de Carretera); en Chincha, 270 policías de DINOES, VII RPNP, DIRANDRO, DIRINCRI, y Policía de carreteras, mientras que en Ica se encuentran 390 efectivos (DINOES, IX Región, XI Región, DIRINCRI, Sanidad Policial y policía de Tránsito).

La ausencia de la Policía obligó a los vecinos de muchos barrios a organizarse como pudieron, para defenderse de los delincuentes. Los vecinos se organizaron para el patrullaje nocturno (varias zonas continúan sin luz ni agua). Se construyeron barricadas en las calles y los vecinos pernoctaron alrededor de fogatas, que les proporcionaron luz y protección del frío.

Así:

- IDL- SC tuvo conocimiento que en la calle San Carlos, a unas cuadras del centro de la ciudad de Ica, recién el sábado se despejaron las barricadas que los vecinos habían colocado para protegerse en las noches. Un alto jefe policial reconoció que el patrullaje de la policía recién se ha incrementado desde el fin de semana, por lo menos en Ica.

- En los distritos de Tate y Antanama (a unos 10 minutos de la ciudad), sin embargo, aún la población se encuentra movilizada y armada con palos y machetes. Incluso en varias de sus calles continúan barricadas, hechas con ramas de huarango.

La misma situación se dio en Parcona, en donde grupos de delincuentes armados se movilizaron en autos. La gente se organizó en base a las 23 juntas vecinales que existen en esta provincia. Parcona tiene 12 distritos, y 12 comisarías, de las cuales 4 están destruidas (Guadalupe, San Juan Bautista, Pachacútec, Subtanjalla).

- En Chincha el panorama no es distinto. Hasta el domingo no se notó presencia policial y, además, la poca ayuda para los afectados se repartió desordenadamente.

- Pisco tampoco fue la excepción. En el sector de Túpac Amaru recién el viernes 17 de agosto llegaron 19 efectivos de la DINOES, y 20 soldados del Ejército. Hasta ese momento la seguridad estaba a cargo de las familias que se organizaron en rondas de patrullaje.

¿Era factible una movilización rápida de la Policía?

Según un ex alto mando de la PNP, lo era plenamente. “De acuerdo con el plan de doble asignación, se saca gente de todas las unidades y se los pone a disposición del operativo. Eso fue lo que se hizo en Santa Anita”. Finalmente, la doble asignación se realizó, pero tarde y poco.

¿Era posible transportar tanto policía en poco tiempo? “La PNP tiene más de siete mil vehículos operativos, hay transportes como para mandar a los policías” dice el ex alto jefe policial. Hay 3,619 camionetas, 331 vehículos pesados y 438 portatropas. Una fracción de eso era suficiente para llevar los policías hasta Cañete, Chincha, Pisco e Ica.

¿Qué pasó, entonces? “En el comando de hoy, casi todos son inútiles”, dice la calificada fuente policial.

En medio de la pasividad policial, quien sí exhibió dinamismo fue el siempre mediático jefe de la VII región, general Octavio Salazar, quien desde el mismo día utilizó medios heterodoxos para responder a la emergencia. Minutos después del seísmo, y ante la caída de las líneas telefónicas, Salazar fue a RPP y la convirtió en su centro de comando. La radioemisora recibía llamadas y pedidos de ayuda desde diferentes zonas de Lima, y del país, a los que Salazar respondía, desde cabina, con órdenes a las unidades policiales. Fue un modo singular de enfrentar una situación en la que su institución, en conjunto, fracasó.


Fuente: Informativo del Área de Seguridad Ciudadana del Instituto De Defensa Legal (IDL)