Estados Unidos asegura el control de seguridad nacional, político y económico según el modelo colombiano.

Por más que los operativos con la participación del ejército puestos en práctica en el territorio nacional estén fracasando en el intento de liquidar a las bandas del narcotráfico, el programa iniciado en la administración de Vicente Fox y reforzado al máximo por el gobierno de Felipe Calderón aparece como el hilo conductor hacia la creación de un aparato más amplio cuyas directrices y controles se ubicarán en los centros de inteligencia y militares de los Estados Unidos.

Se trata del Plan México, similar al Plan Colombia instrumentado por el ex presidente norteamericano Bill Clinton a finales de los años noventa, que si no ha logrado abatir significativamente la producción y el tráfico de estupefacientes en ese país sudamericano, garantiza para la política estadounidense la sujeción del gobierno del presidente Álvaro Uribe como un elemento de contención de la influencia de las corrientes provenientes de Venezuela, Bolivia y Ecuador, y en menor medida Argentina, opuestas al modelo neoliberal y a las recetas de los organismos financieros internacionales.

De acuerdo con trascendidos de los últimos días, sería el actual procurador general de México, Eduardo Medina Mora, el encargado por parte de México de las negociaciones entre funcionarios de los dos países relacionados con la seguridad nacional y el combate al narcotráfico. Director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) en los últimos años del gobierno de Fox, Medina Mora fue nombrado procurador general por la actual administración con la misión específica de llevar adelante el proyecto del Plan México, concebido por el gobierno de Washington según el modelo del aplicado en Colombia, aunque con algunas modalidades.

La administración de George Bush considera como una necesidad primordial para man-tener la hegemonía estadounidense el control del espacio aéreo al sur de sus fronteras, para lo cual requiere de la plena colaboración de México, incluso en materia de reformas constitucionales que permitan una colaboración hasta ahora vedada por las prohibiciones al tránsito y estacionamiento de tropas extranjeras en el territorio nacional, la participación de México en operativos militares conducidos por Estados Unidos en América Latina o la salida de efectivos del ejército del país a misiones bélicas en el exterior. Los artículos constitucionales que establecen la neutralidad del país en conflictos internacionales son considerados por los promoventes de los llamados cambios hacia la democracia al estilo americano como una antigualla propia de los gobiernos de la pos-revolución, que al menos en ciertas formas mantenían las banderas del nacionalismo.

A diferencia de las condiciones establecidas a Colombia para otorgarle la ayuda en el combate al narcotráfico –reformas fiscales, elecciones transparentes, entre otras—, en el caso de México Estados Unidos cree tener asegurada la fidelidad al neoliberalismo y la globalización con el arribo al poder de dos gobiernos surgidos del derechista partido Acción Nacional, en 2000 y 2006, y sobre todo con la perspectiva de las modificaciones jurídicas de un equipo oficial ad hoc para realizarlas. La presencia en puestos clave como la de Medina Mora en la procuraduría general y de Ignacio Ramírez Acuña en la Secretaría de Gobernación, pero también la de neoliberales declarados como el secreta-rio de Hacienda, Agustín Carstens, anunciaron desde el principio del gobierno una posición decidida a favor de la política de apertura hacia los proyectos de plena privatización y de colaboración hacia Estados Unidos.

El Plan México, cuya punta de lanza serían los operativos en los que por primera vez se emplea al ejército en operaciones más allá de sus funciones de defensa, mantenimiento del orden y auxilio a la población en caso de desastre, puede llegar a concretarse no obstante los fracasos del combate a la delincuencia organizada que a diario cobra vidas en una ola de crímenes sin precedente. Dicho Plan sería más bien la justificación que Estados Unidos encontraría para sustentar el dominio sobre México.

- Salvador del Río es  periodista y escritor mexicano.