Mañana jueves 5 de abril se cumplen 15 años del golpe de Estado a manos del expresidente Alberto Fujimori y, como organizaciones de la sociedad civil, tenemos la responsabilidad moral de no olvidar y exigir justicia. Esta fecha constituye un momento nefasto para la democracia y el orden constitucional del Perú, porque dio lugar a la institucionalización de la impunidad para la violación de los derechos humanos y los delitos de corrupción.

La suspensión del gobierno constitucional supuso un riesgo para la protección de los derechos humanos en todo el país. La disolución del Congreso puso fin al trabajo de las comisiones parlamentarias, incluidas las comisiones encargadas de los derechos humanos. Además el gobierno retiró de su puesto a todos los miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales, a 13 jueces adjuntos a la Corte Suprema de Justicia, y a todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y destituyó al Fiscal de la Nación.

Durante este periodo, además, la intimidación y las amenazas de muerte formaron parte de la vida cotidiana de los defensores de los derechos humanos en el país, como resultado de las repetidas acusaciones del Presidente Fujimori y otras autoridades, quienes les imputaron complicidad con las organizaciones terroristas. Este clima de temor se agudizó en junio de 1995 con la promulgación de las leyes de amnistía. Los defensores de los derechos humanos que repudiaron públicamente dichas leyes fueron blanco de de amenazas de muerte.

Debemos resaltar también las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, como la violencia sexual sufrida por miles de peruanas durante el conflicto armado interno (en muchos casos, a manos de las fuerzas armadas), o las esterilizaciones forzadas llevadas a cabo por el Estado entre 1996 y 2000.

Estos son sólo algunos de los casos que ilustran el patrón generalizado de violaciones a los derechos humanos y los abusos de las fuerzas de seguridad durante los años en que Alberto Fujimori ejerció la presidencia.

Alberto Fujimori está detenido en Chile desde el 7 de noviembre de 2005 y enfrenta un proceso de extradición ante la justicia chilena. Actualmente se encuentra en libertad condicional con orden de arraigo por los delitos de asociación ilícita para delinquir, peculado (hurto de fondos públicos) y falsedad ideológica, así como por homicidio calificado, lesiones graves y desaparición forzada en relación a la masacre de Barrios Altos, a los asesinatos y desapariciones de La Cantuta y de los estudiantes de la Universidad Técnica del Callao.

Las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de derechos humanos y los familiares de las víctimas de la violencia condenamos el golpe del 5 de abril y exigimos:

-Justicia y verdad.
-Juicio a los responsables de las violaciones a los derechos humanos.
-Fortalecimiento de la lucha anticorrupción y respaldo al trabajo de jueces y fiscales probos.
-Respeto a la autonomía de los poderes del estado.
-Aceleración de las investigaciones en el Ministerio Público y los procesos en el Poder Judicial

Lima, 4 de abril de 2007

SUSCRIBEN:
Amnistía Internacional, Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), CMP Flora Tristán, DEMUS, Familiares Caso Cantuta y Forum Solidaridad Perú.