Si Carmen Azparrent Rivero fuera una terrorista ¿se habría acercado aquella tarde del 29 de febrero a la comisaría de Aguas Verdes, en Tumbes, a preguntar si allí estaban sus amigas Guadalupe Hilario Rivas y María Socorro Gabriel Segura? ¿Un terrorista se mete a una comisaría, repleta de policías, a llevar agua y algo de comida a los suyos? Si esta ama de casa de Huancayo, madre de dos hijos, ocasional vendedora de productos naturales, hubiera tenido entre sus planes sabotear con actos de violencia las cumbres presidenciales ¿se habría paseado por radios y canales de televisión de esa ciudad buscando que la prensa la grabe y la filme para denunciar la que consideraba una arbitraria detención de sus amigas?

La respuesta la saben el director general de la Policía, Octavio Salazar, y el ministro del Interior, Luis Alva Castro. También la conocen el fiscal mixto de Zarumilla, Orlando Sánchez Urquiza, y la titular del Primer Juzgado Supraprovincial de Lima, Yessica León Yarango.

No, indudablemente que de esa manera no actúan los terroristas. Carmen Asparrent Rivero no es una terrorista. No hay pruebas contra ella.

Y, sin embargo, el director de la Policía y el ministro del Interior la acusaron públicamente de serlo, ante toda la prensa nacional, y la tuvieron recluida 15 días en la Dircote. Y el fiscal Sánchez la denunció penalmente, sin pruebas, y la jueza León acogió la denuncia y ordenó su internamiento en el penal Santa Mónica.

LIBRE DE CULPA. Lo que ha pasado con Azparrent es increíble. La mujer viajó a Quito, animada por sus amigas, con la idea de participar en una mesa de discusión sobre la problemática del medio ambiente –un tema por el que ha desarrollado afición–, sin que le pareciese demasiado importante que lo organizase la Coordinadora Continental Bolivariana, en el marco de su segundo congreso. Además, tenía un interés adicional: operarse de la vista en Machala, donde le habían dicho que las cirugías eran gratuitas. Asparrent sufría de varias dolencias oculares, entre ellas envejecimiento de retina, y en el país una intervención como la que requería costaba aproximadamente 2,500 soles.

¿Puede alguien pensar que está metido en un evento de “terroristas” cuando este ha sido auspiciado por el municipio de la localidad –en este caso, Quito– y se desarrolla en uno de los locales del instituto nacional de cultura? Indudablemente que no.

Lo de Asparrent es aun más inaudito porque, como ya se ha dicho, ella no fue detenida junto con las otras seis personas. Se quedó en Machala para gestionar su operación pero le dijeron que, debido a las inundaciones, debía regresar varios días después. Así que decidió regresar al Perú, trató de alcanzar a Hilario y Segura y supo, entonces, que habían sido intervenidas por la Policía al llegar a Tumbes, junto con Roque Gonzales, Damaris Velazco, Melissa Patiño y Armida Valladares. Cuando, después de buscarlos por toa la ciudad y de alertar a la prensa local, llegó a la comisaría de Aguas Verdes, los policías le dijeron que, en efecto, allí estaban los que buscaba, la invitaron a pasar y así, sin saber muy bien cómo, de esta absurda manera, perdió su libertad.

En las manos de la jueza Yessica León está decidir si este encierro –debido a las altas penas que se imponen a los sentenciados por terrorismo– se prolongará por décadas.

LA INTERVENCIÓN DE GARCÍA. Lo más preocupante de todo son las sospechas de que en la decisión del fiscal y de la jueza pesaron las críticas que el miércoles 12, un día antes de que Sánchez denunciara y de que León dictara su orden de detención, formuló Alan García contra aquellos jueces que ven casos de terrorismo. García criticó la decisión del magistrado Omar Pimentel Calle, quien había archivado –por falta de pruebas– la denuncia contra los miembros del colectivo Todas las voces, y dijo que a los jueces y fiscales no debía “temblarles la mano” cuando “se enfrenten al terrorismo”.

Es probable que Sánchez y, sobre todo, León, cogieran el guante lanzado por el presidente.

Aprodeh, que ha asumido el caso de Asparrent y batalla legalmente para obtener su libertad, espera que estas sospechas no se confirmen y que, como dice la abogada Katya Pinedo, “el Poder Ejecutivo se limite a su labor, que es gobernar, y que deje la suya al Poder Judicial, que es impartir justicia. Cualquier injerencia del presidente en el trabajo del Poder Judicial sería una clara violación de su autonomía e independencia”.

Fuente: Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Perú.
http://www.aprodeh.org.pe/