Poco a poco la derecha, que a partir de octubre 2003 ingresó en un proceso de descalabro, aquellos arrinconados en mayo y junio del 2005 y que buscaron respiro en la convocatoria adelantada de elecciones, terminaron por entender que su eclipsada dominación y hegemonía en el escenario político, tenía urgencia de emprender una lucha sagaz para evitar el colapso total.

A lo largo de 11 meses de gobierno del presidente Evo Morales, las oligarquías han trabajado en su rearticulación con sistemático ahínco, buscando posicionar nuevos actores encargados de generar condiciones más favorables a sus intereses, e interviniendo alternadamente en los escenarios de concertación y en los de franca confrontación.

En las semanas recientes, bajo el paraguas de una lucha por la democracia incluyente y una vez admitido que el intento de apropiarse del método de la huelga de hambre había derivado en el fracaso absoluto, los sectores oligárquicos optaron por métodos que les resultan más familiares y sobre los cuales han acumulado décadas de experiencia: la amenaza frontal, la desinformación y tergiversación de los hechos a través de campañas mediáticas y por supuesto, también la ejecución de atentados y ataques violentos contra la población.

Con tintes cada vez más fascistas, los sectores oligárquicos en coordinación con los políticos y partidos de la vieja derecha y en alianza con los prefectos proautonomía, han dado inicio a la ejecución de un plan coordinado que intenta poner en jaque al gobierno, arremeter contra el interés popular y afianzar en la agenda política su demanda autonómica como objetivo imprescindible a lograr. En ese contexto el debate sobre los dos tercios y el discurso por la democracia han sido la cuerda con la que se disponen al jaloneo del carro de su estrategia con la que buscan seguir detentando el poder económico, político e ideológico a costa inclusive del fraccionamiento de la nación.

Los aprestos divisionistas de ahora tienen su base en una estrategia articulada que ha empezado a ponerse en práctica desde el momento en que las oligarquías identificaron que sus intereses estaban bajo serio peligro.

Una nueva estrategia que consolidar

Octubre 2003 fue el campanazo que anunció a los tradicionales sectores en el poder, que era momento de ejecutar una nueva estrategia para contener el avance popular que amenazaba con imponerse. Aún titubeantes por el golpe acotado, se decidieron a no permitir que se forzara al gobierno de Carlos Mesa al cumplimiento de una agenda de octubre impuesta por los movimientos sociales.

La alianza con el capital extranjero permitió poner en acción una nueva estrategia acorde a los planes de las transnacionales en la región sudamericana: la continuidad del saqueo a través de la atomización de los Estados Nacionales y la transferencia a las regiones de los derechos de decisión sobre el destino del gas y el petróleo, entre otros recursos naturales y la apropiación de los beneficios que éstos generan. En ese marco de preservación mutua de intereses, la autonomía departamental surge como la estrategia a impulsar y el objetivo a alcanzar en el nuevo y adverso escenario de auge y de lucha de los movimientos sociales.

Permanecer en el escenario político se constituyó en una urgencia. Conscientes de la inoperancia de los partidos tradicionales, la renovación de actores desde escenarios más favorables fue prioridad: Los comités cívicos afincaron presencia y discurso en sus tradicionales bastiones de oriente proponiendo un desarrollo productivo y la modernización de un Estado Centralista, que postergaba al oriente pujante y trabajador. Desde el andamiaje estatal, conservar espacios políticos de decisión era factible a través de la elección por voto directo de los prefectos, que les permitiría, por un lado el reciclaje político de algunos personajes claves dentro de su estrategia y por el otro, consolidar su dominio en las estratégicas regiones productoras de gas y petróleo y ricas en otros recursos como tierra, agua y biodiversidad.

El discurso anticentralista y proautonómico estableciendo diferencias entre occidente y oriente y empezó a tener asidero en el mismo anhelo del pueblo que luchaba por consolidar un papel protagónico para las culturas originarias históricamente excluidas. Tergiversando y manipulando lo de la diversidad étnica y cultural, los sectores de la derecha iniciaron la articulación dentro de su estrategia de las bien conocidas campañas mediáticas con tintes racistas y regionalistas.

Los nuevos actores posicionados en el escenario político

Tras el llamado a elecciones la prioridad será conseguir copar las prefecturas, particularmente en oriente. La ascensión de la derecha en los gobiernos departamentales de Pando, Beni,Tarija y Santa Cruz resulta ser un logro concreto y vital: Así consolidan sus regiones como bastiones desde los que ejercen poder para neutralizar el avance de los movimientos sociales en auge y desde los cuales impulsan la estrategia común por la autonomía , reingresando a la escena política legitimados y con capacidad de articular una posición de ofensiva.

A partir de ese logro, prefectos y comités cívicos regionales serán los actores de avanzada: los unos desde el propio andamiaje de Estado y los otros articulándolo todo desde instancias de la sociedad civil, planteando demandas, propuestas, acciones y capitalizando las ambivalencias del nuevo gobierno. Los nuevos actores en el nuevo escenario consiguen moverse con relativa holgura: articulan acciones con los tradicionales partidos políticos y con otros prefectos afines (Cochabamba y La Paz ), pero al mismo tiempo consiguen no cargar con el lastre de esos partidos deslegitimados y con nula capacidad de liderazgo en la oposición. Los espacios de concertación abiertos por el nuevo gobierno les permitirán resurgir como interlocutores válidos en el nuevo escenario y desde ellos buscarán hacer efectiva la presión que se les permite ejercer y saltar a espacios de confrontación y desestabilización cuando el diálogo no deriva en acuerdos.

Los dos tercios

La asamblea constituyente, otrora resistida por derecha y oligarquía que identificaban en ella un riesgo inminente a su estrategia , se convierte (tras la aprobación en consenso de la ley de convocatoria) en un espacio por el que vale al pena apostar y en el que la ley les asegura lo que antes no tenían: legitimación de la demanda autonómica, y además, la importante posibilidad de concretarla en negociación y concertación a través de un derecho al veto sobre las transformaciones que se vayan a hacer en el nuevo texto constitucional.

Es justamente ese poder de veto el que pretenden consolidar en el sistema de votación por 2/3 para la aprobación de la nueva Constitución. La mayoría absoluta los dejaría fuera de juego y les arrebataría el derecho a vetar lo que consideraran ganado.

Nada más lejano a la verdad que la supuesta defensa que oposición, oligarquía y derecha dicen hacer de una democracia incluyente que les es más que ajena, desconocida. . Nada más indignante y falso que su discurso en defensa de la participación de las minorías; si bien reciclados, son éstos los mismos sectores que durante décadas han acumulado una escandalosa experiencia en imponer la dictadura en democracia; son los mismos de siempre, los que han accedido siempre al gobierno a través de pactos de gobernabilidad entre sí mismos y cimentados en la recurrente anulación de las minorías.

Nada más tergiversado que su argumento de que la mayoría divide y los dos tercios unen. Nada más absurdo y mentiroso que su discurso de que el interés nacional se garantiza a través de la aprobación de la nueva Constitución por dos tercios de votos. Lo que impregna a sus argumentos es claro: la decisión de ejercer el poder de vetar los cambios a un sistema en el que ellos y sus aliados transnacionales son los beneficiados. Pelean y luchan con renovado encono por conseguir abortar cualquier posibilidad de un cambio estructural en el país y por defender y preservar los privilegios que a lo largo de años consiguieron adjudicarse a sí mismos.

La escalada de la confrontación

La arremetida actual no es parte de una dinámica normal dentro de un proceso de democracia incluyente como algunos pretenden hacernos creer. La arremetida de la derecha bajo el pretexto de una votación por dos tercios es la manifestación de una lucha de opuestos, de la álgida pugna entre contrarios que se enfrentan buscando imponerse uno a otro.

Pretender conjurar la crisis actual por la vía del diálogo, pretender conciliar intereses opuestos y fundamentales es poco más que imposible. Se podrá conseguir sortear el momento, postergar el enfrentamiento más duro, pero no se conseguirá un acuerdo real y menos aún sostenible. Para lograr tal acuerdo habría que renunciar - unos u otros - a intereses fundamentales.

El otro aspecto importante que se debe aclarar es que los bandos en pugna no son la oposición y el gobierno. La verdadera pugna se da entre el interés del capital y el interés popular. No estamos ante la presencia de una coyuntura de lucha exclusivamente política en aras de formas de participación democrática. Estamos en un momento de confrontación y de lucha por la apropiación del excedente que se genera en el país. En consecuencia el abismo entre intereses del pueblo e intereses de las oligarquías y las transnacionales es difícilmente zanjable.

Tras varios meses de instalada, la Asamblea Constituyente no consigue despegue y se ha convertido en el escenario de pugna y de forcejeo político desde el que las oligarquías se impulsan hacia otros escenarios más contundentes de confrontación. La opción por una agudización de contradicciones buscando frenar de manera efectiva algunas reformas que tocan sus intereses, parece haber sido tomada. La aprobación de las modificaciones a la Ley INRA sin la concertación comprometida y la aprobación en el reglamento de debates de un sistema mixto de votación en la Constituyente, han sido los argumentos utilizados para encaminar su arremetida e intentar capitalizar mayor base social. Pero de fondo está la identificación del momento propicio para profundizar su lucha por la estrategia autonómica, desencadenar los temores de separación suficientemente atizados con la campaña mediática y aprovechar el contexto de inmovilización de los movimientos sociales. En ese sentido es que enfilan todo su ataque contra el gobierno del MAS y el presidente Evo Morales; pero en concreto se ha declarado una guerra sin cuartel contra el pueblo todavía indeciso entre una acción puramente en defensa del nuevo gobierno o encaminada prioritariamente a lograr los cambios profundos y estructurales que demanda el país.

El nuevo y último intento de concertación en la Constituyente sobre el sistema de votación ha terminado en lo mismo: la nada. La nueva propuesta de la bancada del MAS fue rechazada y en lo concreto la Asamblea al entrar en receso ha dejado para inicios del próxim o año la solución del problema.

Lo cierto es que como ya mencionamos, están enfrentándose intereses contrarios que no logran puntos de encuentro. Es cada vez mucho más claro que lo que persigue la oligarquía es obtener el poder de decisión sobre los aspectos estratégicos en el país dejando al margen a las grandes mayorías del pueblo y en consecuencia, en detrimento del interés nacional. Pretenden ese poder para usufructuarlo en su beneficio económico, como ha sido siempre. La decisión de la oligarquía del desacato a una nueva CPE que no cuente con su aprobación, es muestra de ello y la exigencia de un régimen autonómico que les transfiera las decisiones vitales sobre el país está reflejado en los once puntos que sostienen su demanda de Autonomía departamental: 1) Autonomía departamental sin transformar la división política del país, es decir conjurando la posibilidad de creación de nuevos departamentos u otras formas de división autonómica que les arrebate el ejercicio total del poder en sus regiones. 2) Potestad para definir qué derechos tendrán los indígenas en sus territorios. 3) Marco de “Estado social democrático”, o sea la amenaza de una independencia de facto en caso que su propuesta de autonomía no sea la que se apruebe en la nueva Constitución. 4) Elección de prefectos y asambleas departamentales por voto directo 5) Transferencia de competencias normativas, ejecutivas y administrativas a los gobiernos departamentales. 6) Continuidad de la autonomía municipal en coordinación con las instancias de la autonomía departamental. 7) Competencias compartidas con el Gobierno central y municipal 8) Competencias compartidas sobre tenencia y propiedad de la tierra. 9) Régimen de descentralización fiscal sobre tributación. 10) Capacidad para planificar desarrollo y crear instituciones. 11) Facultad de insertarse directamente en el mundo.

Definir formas coherentes de moverse en el escenario actual es absolutamente vital. Hasta ahora, en los once meses de gestión del nuevo gobierno, los sectores de la oligarquía han trabajado sistemáticamente para ubicarse y actuar en coherencia con sus intereses fundamentales. Los sectores sociales en cambio, han entrado a lo largo del año en una peligrosa desmovilización que no le ha permitido dar pasos seguros. Sin embargo, ahora en plena escalada de la confrontación, los movimientos sociales retoman el papel protagónico que en este momento les corresponde asumir. Es el caso de las firmes acciones contra los aprestos de la derecha en las semanas recientes.

En Santa Cruz, donde la oligarquía se jacta de su tradicional capacidad para imponerse de lleno, la acción popular les ha asestado un golpe sensible: en Montero, Camiri, el Plan Tres Mil en plena ciudad, San Julián, Yapacaní y la Chiquitanía no se pudo acallar a los movimientos sociales; al contrario, se vieron obligados a intervenir de forma violenta intentando anular las acciones del pueblo. En San Julián y en comunidades de la Chiquitanía y Guarayos la violencia ejercida por la derecha representada en cívicos, prefectos y oligarquía llegó a extremos fascistas: se quemaron sedes comunitarias, se asedió a dirigentes, se atacó con violencia a pobladores oriundos del occidente, se quemó y saqueó las propiedades de las centrales indígenas y de los comercios de inmigrantes y se intentó desplegar a la fuerza un rendimiento de culto y acato a su decisión autonómica. A pesar de todo ello, la población se rebela y con firmeza los desacata y enfrenta.

En Cochabamba la cosa fue similar. El prefecto Reyes Villa, ansioso de protagonismo y de perfilarse como actor en el escenario político, se prestó a convocar un cabildo inicial que fue realizado utilizando la coerción y el prebendalismo. El cada vez menos lúcido Prefecto de Cochabamba se ganó el repudio cuando en pleno discurso, se dedicó al vitoreo del separatismo y se pronunció por la independencia de Santa Cruz. Intentando sortear el error y acallar a la mayoría en su contra, lanzó a sus hordas de matones al ataque frontal con la población. Se decidió otra vez por la violencia, unos días después para intentar dispersar una multitudinaria marcha de los movimientos sociales que determinaban medidas de lucha en la actual coyuntura.

Retomar el papel protagónico de los movimientos sociales, recuperar su independencia y su acción contundente en el complejo escenario político, es la respuesta efectiva a la escalada oligárquica. No hacerlo con prontitud y firmeza podrá derivar en la hipoteca de los cambios estructurales que el pueblo agendó desde octubre en el 2003.

Fuente: BOLIVIA PRESS Nº 13 EDICIÓN ESPECIAL (21 diciembre 2006)

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