Desde hace más de cinco años se viene hablando de un posible acuerdo humanitario que le daría la libertad a los secuestrados por la guerrilla y a los prisioneros integrantes de ella.

Sobre la necesidad e importancia de dicho acuerdo se han pronunciado distintos sectores de la sociedad nacional e internacional: El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que en el 2001 propuso los contenidos básicos para un Acuerdo Global de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario , los gobiernos de Francia, Suiza y España quienes hace más de un año impulsaron la propuesta del Sistema de Seguridad para un Encuentro Humanitario en la Cordillera Central" , Monseñor Pedro Rubiano quien afirmaría que el "DIH es un imperativo moral, político y jurídico, ... que busca ponerle un límite a la barbarie y salvaguardar la dignidad y los derechos fundamentales de las personas", el vicepresidente Francisco Santos que afirmó en su momento "que es inadmisible ética y jurídicamente que el Gobierno y la sociedad nos olvidemos de esos miles de hombres y mujeres que han sido apartados ilegalmente de su vida" , en una clara alusión al acuerdo humanitario, la actual presidenta del Senado Dilian Francisca quien manifestó su apoyo a la movilización por el acuerdo humanitario y por supuesto el apoyo constante y reiterado de los familiares de los secuestrados y las organizaciones sociales que perciben el acuerdo como el camino más adecuado para salvaguardar la vida de las personas secuestradas.

Si todos parecen convenir en la importancia del acuerdo humanitario ¿qué ha fallado?; para algunos analistas la imposibilidad de viabilizarlo está en la dureza de las partes y esta dureza sería el resultado de las distintas percepciones que tienen gobierno y guerrilla; mientras para el primero el resultado del acuerdo debe ser el avance de la desmovilización de la guerrilla y el cese del secuestro y la extorsión, para la segunda es un episodio más en el contexto de su lucha, donde podrían presionar la liberación de sus hombres sin que ello implique el abandono de las armas y de su lucha.

A nadie le cabe la menor duda que el Estado tiene la obligación y la responsabilidad de preservar la vida de sus ciudadanos y en este caso la de los secuestrados, pero para el gobierno esta obligación se convirtió en un pulso político que tercamente se empeña en ganar aún al costo del desacato al DIH, es decir de la vida de los secuestrados. Para el gobierno cualquier hecho que demuestre que el camino de la negociación es más difícil que el de las armas es recibido con beneplácito por que apoya su tesis de mano dura – porque a pesar de los esfuerzos no se pudo ¡bendito sea mi Dios!-.

Insistir en el DIH, en los imperativos morales, éticos, jurídicos y hasta políticos para que el gobierno siga adelante en la búsqueda del Acuerdo Humanitario, a pesar de las dificultades que se presenten, parece ser hoy en día una tarea inaplazable de la sociedad y sus organizaciones ante los oídos sordos de un gobierno interesado en acabar la guerra con la guerra.

Las obligaciones del Estado están consignadas en la carta constitucional de Colombia y en los acuerdos internacionales firmados por el Estado colombiano especialmente el Convenio de Ginebra y el Protocolo II, aunque no son los únicos. Pero estas obligaciones son cuestionadas por el gobierno cuando privilegia la vía armada para el rescate de los secuestrados; muchos sectores de la sociedad colombiana se vieron sorprendidos por las declaraciones del presidente Uribe después del atentado en la Escuela Superior de Guerra, en las cuales decidió romper con los acercamientos para lograr el acuerdo humanitario, tan sorprendidos que se hablo de un montaje cuyo propósito era precisamente ese.

Entonces como ciudadano uno se pregunta es obligación del Estado preservar la vida de los secuestrados, pero el gobierno ¿puede eludir esta obligación bajo los argumentos que sea? Por encima de la vida de las personas ¿está la estrategia militar?

Acaso podría afirmarse que: el logro de un acuerdo humanitario pondría en duda la política de seguridad democrática del gobierno de Uribe y que por lo tanto el gobierno no se esfuerza lo suficiente para avanzar en esta vía. "Tras matones y narcotraficantes son bufones y mentirosos, y todos los días hay hechos que ponen en evidencia las mentiras de esos bandidos" (declaraciones de Uribe en Cali) – cuando el gobierno pone este lenguaje en la opinión pública demuestra claramente que no esta dispuesto a negociar, ni avanzar en diálogos con estos actores armados del conflicto, actitud que puede contrastarse claramente con el tratamiento a los paramilitares con quienes si negocia.

Entonces... finalmente queda una pregunta

¿Qué hacer cuando además de las obligaciones jurídicas, éticas, morales, políticas que tiene el Estado, la sociedad en su conjunto reclama una salida negociada y el gobierno con movimientos de cintura tercamente se opone a su mandato?

P.D. Los secuestrados tienen en este momento dos enemigos: sus secuestradores y el gobierno, con la desventaja que al parecer al gobierno no le interesa su suerte.