Ajuste y agravación de la crisis El 21 de enero de 2000, un masivo levantamiento indígena, campesino y popular, que contó con la adhesión de sectores militares progresistas produjo el derrocamiento del gobierno del Presidente Jamil Mahuad, con lo que se puso término a uno de los gobiernos más corruptos y entreguistas de la historia ecuatoriana: cesión de territorios al Perú al momento de la firma de la paz, instalación de la Base Militar Norteamericana en Manta como parte del Plan Colombia, asignación del 54% del presupuesto del Estado para el pago de la deuda externa, desregulación económica y flexibilidad laboral, devaluaciones sucesivas del sucre y congelamiento arbitrario de los depósitos bancarios de la población para salvar al sistema financiero, introducción aventurera de la dolarización para supuestamente detener la hiperinflación galopante y fomentar la inversión, maniobras para privatizar el Seguro Social y las empresas eléctricas, etc. Un año después, el mismo movimiento indígena y campesino protagonizó un nuevo levantamiento, esta vez en contra de las medidas económicas del gobierno de Gustavo Noboa, promulgadas aprovechándose del feriado de Navidad y de fin de año, pretendiendo aumentar el precio de la gasolina, el diesel y el gas de uso doméstico, incrementar las tarifas eléctricas y demás servicios básicos, entre otras. En verdad, en un año nada cambió y, al contrario, la dolarización agravó la situación económica y social, sin que se vean los resultados que tanto anunciaban los sectores oligárquicos: la inflación no disminuyó sino más bien aumentó, llegando al 91% en el 2000, con lo cual el poder adquisitivo bajó a la mitad; a pesar de los precios elevados del petróleo y los ingresos extras de divisas no se produjo la reactivación económica; tampoco disminuyeron las tasas de interés, y del 10% inicial (en dólares) se acercaban al 20%, cosa inaudita que da cuenta del fracaso de esta medida. Entre tanto, la pobreza creció y afectó al 85% de la población; se incrementó el desempleo, el hambre y la desnutrición; en apenas dos años, más de 500.000 personas dejaron forzosamente el Ecuador para intentar mejor suerte en otros países. La acumulación de riqueza, en cambio, siguió un curso acelerado; en gran parte obtenida gracias a la corrupción, a la especulación y a la impunidad: el 10% de ecuatorianos más ricos concentran el 42,5% de los ingresos y el 10% más pobre participa apenas con el 0,6%. Las "condicionalidades" impuestas por el FMI, el Banco Mundial, el BID, la OMC, la CAF, etc., se han convertido en una camisa de fuerza del desarrollo y de la democracia, obstaculizando cualquier política económica que pretenda atender la inversión productiva, generar empleo, u otorgar créditos a los pequeños y medianos industriales o agricultores. Confrontación y diálogo Desde el Levantamiento Indígena de 1990, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, fue constituyéndose en un referente social y político nacional, tanto por el descalabro del movimiento sindical y la crisis de representatividad los partidos como por su propio proceso organizativo. Desde un inicio se planteó demandas más allá de lo étnico, abarcando aquellas de otros sectores marginados del país y propuestas de reforma política y económica, con el objetivo de construir un Estado Plurinacional, una democracia participativa y un desarrollo humano sustentable. Esta preocupación ha influenciado en las demás organizaciones indígenas y es así como en esta ocasión, para enfrentar las medidas de ajuste estructural, el movimiento indígena entró en un acelerado proceso unitario. Para ello estableció alianzas estratégicas entre seis organizaciones con miras a luchar no sólo en la coyuntura, sino para mejorar la calidad de vida y un desarrollo diferente, que combine la búsqueda de la equidad y la eficiencia, y no sólo el crecimiento y la acumulación de capital. En esta perspectiva, la decisión de las acciones prácticamente provino de las bases comunitarias. De allí que, una vez lanzadas las movilizaciones, bloqueadas las carreteras y otros sitios estratégicos, pese a la represión policial y militar, el gobierno no pudo desbaratarlas. La unidad indígena funcionó y, con la presencia de observadores internacionales, Noboa se vio obligado a firmar un Acuerdo al cabo de arduas negociaciones en el Palacio de Gobierno. Allí fueron debatidos puntos de importancia nacional, para los cuales la dirigencia indígena tenía propuestas preparadas por una Comisión Técnica que recogió y sistematizó los mandatos elaborados en encuentros y asambleas en varias provincias. Esta capacidad propositiva desconcertó a los Ministros y sus asesores, por lo cual algunos de los 23 puntos del Acuerdo firmado el 7 de febrero pasado, luego de dos semanas de acciones, fueron redactados en base a consensos frágiles, dado que el gobierno estaba arrinconado y le hubiese sido fatal para su estabilidad una solución autoritaria. Entre los puntos acordados estaban: - la congelación del precio de los combustibles durante un año; - la rebaja y congelamiento del precio del gas en US$ 1,60 el cilindro de 15kg y el establecimiento de un sistema de distribución del "gas popular", es decir no subsidiado; - descartar la reintroducción del kérex para uso doméstico; - reducción de las tarifas de pasajes urbanos e interprovinciales; - reestructuración y capitalización del Banco Nacional de Fomento y otorgamiento de créditos preferenciales para pequeños y medianos productores agrícolas, artesanos y microempresarios; - solución a conflictos de tierras, aguas y otros recursos naturales; - creación de un Fondo de Riego; - participación de las organizaciones sociales, campesinas e indígenas en los procesos de canje de deuda externa por inversión social; - apoyo a los proyectos de los gobiernos locales alternativos y a los cantones más pobres del país; - no admitir la regionalización del Plan Colombia y demanda de indemnizaciones a los gobiernos de Colombia y EE.UU. por los daños que su ejecución provoque en la sociedad y la naturaleza; - reforma al Seguro Social sin privatizarlo y pago de la deuda estatal al Seguro Social Campesino; - apoyo a los migrantes dentro y fuera del país; - indemnizaciones a los deudos de los fallecidos y a los heridos durante el Levantamiento; - discusión y observaciones a la Reforma Tributaria; e - incremento del Gasto Social en el Presupuesto. Nerviosismo gubernamental y trilema político neoliberal Operativizar y cumplir este Acuerdo ha sido un verdadero vía crucis para el gobierno, ya que las propuestas indígenas llevadas a las Mesas de Diálogo no son meros parches economicistas o demandas asistenciales, sino pautas para una ruptura con el modelo neoliberal. Esto choca con la concepción política y los intereses del gobierno, circunscrito al escenario de las "Cartas de Intención" pactadas con el FMI y a sus compromisos con la oligarquía, con los transportistas y otros grupos de presión. Hasta el momento, en nueve Mesas de Diálogo sólo se han obtenido resultados parciales y no se vislumbra un desenlace favorable al movimiento indígena en los demás puntos. El gobierno se encuentra entrampado en tres grandes contradicciones: a) Reducir el déficit fiscal sin subir el IVA que afecta a los más pobres y aumentar el impuesto a la renta de los poderosos del país; ha sucedido todo lo contrario. b) Fomentar el ahorro privado como fuente de inversión en infraestructura y servicios básicos evitando el endeudamiento externo, pero la desconfianza en el sistema financiero lo ha impedido. c) Canalizar fondos públicos para inversión social y productiva, pero más ha podido el afán perverso de salvar a la banca quebrada con dinero público, dejando intactos miles de millones de dólares saqueados por los banqueros corruptos y por los grandes empresarios evasores de impuestos. Los indígenas han señalado que esperan las repuestas del Gobierno hasta el 9 de julio, sobre los temas avanzados en la mesa, para sobre esa base determinar si hay la posibilidad de abrir una tercera ronda de diálogos. El tiempo se agota. *Víctor Hugo Jijón, Ingeniero, Coordinador General de la Comisión por la Defensa de los Derechos Humanos, CDDH, de Ecuador.