La forma en que fueron manejados los resultados de la elección presidencial, del pasado 2 de julio en México, es una contundente demostración de las limitaciones que le son impuestas a la democracia, cuando los resultados electorales no satisfacen a las clases dominantes. La elección de hace seis años, en la que se puso fin a la hegemonía del poder político del partido único, el PRI, se pensó que era el fin de una era, de limitaciones graves a la democracia, de imposición de candidatos en sus cargos, que en México se conoció como “de carro completo”, recurso utilizado por el PRI para hegemonizar la Cámara de Diputados y las gobernaciones estatales, así como monopolizar el Senado de la República. Todo esto no es menos cierto, aunque muchos analistas del hermano país, afirmaron siempre que el PRI ganaba sin fraude la presidencia, con la excepción de la de 1988, –especialmente por la falta de opciones- pero era en los otros espacios en donde imponía el poder de su control sobre el aparato del Estado. El antecedente más importante de cambio, que intentó provocar el electorado, fue precisamente en esas elecciones de 1988, en las que nadie duda de la victoria electoral de Cuahutémoc Cárdenas (hijo del legendario y admirado Lázaro Cárdenas), candidato del Partido de la Revolución Democrática, PRD, en amplia coalición con fuerzas de centro izquierda. El recurso del PRI, en ese momento, fue imponer el fraude descarado a favor de Carlos Salinas de Gortari, que fue ganador por medio de la grosera manipulación de las urnas y los votos. El escándalo fue mayúsculo, pero la dictablanda del PRI se impuso. El grave deterioro político y económico que provocó el entreguismo (al capital financiero) y corrupción (encabezada por su hermano Raúl, actualmente cumpliendo condena por ello), del gobierno de Salinas, y que decretó la entrada de México al mundo desarrollado, provocando con ello la salida masiva de la cooperación internacional orientada al desarrollo. Pasando por el ajusticiamiento del candidato priísta Donaldo Colosio, que llevó a la incolora administración de Ernesto Zedillo, apabullado por su propia mediocridad, el irreversible desgaste de un anquilosado sistema político y la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con todas las desigualdades que trajo consigo. Para colmo, al final de su mandato, fue severamente golpeado por la debacle de la bolsa de valores nacional, conocida como “el efecto tequila”, provocada por el capital financiero especulativo, y coronada por el estallido público del Frente Zapatista de Liberación Nacional, potenciado por el efecto catalizador que provocó en el polo democrático de la articulada sociedad civil mexicana, que le apoyó abierta y decididamente. Ante el enorme desgaste, el PRI y Zedillo se vieron obligados a iniciar un paulatino proceso de apertura, que incluyó la elección de Jefe de Gobierno en la Ciudad de México, Distrito Federal, sede del poder federal, la entidad con mayor población de la República (unos 13 millones de habitantes) y con la mayor asignación presupuestaria; y que durante muchos decenios fue parte del botín político detentado por el PRI, gobernado por un Regente, al más viejo y puro estilo monárquico: designado por el Presidente de la República, y con poderes políticos y económicos sólo limitados por su designante. Ya el PRI había iniciado un deterioro gradual en varios Estados, en los que empezó a perder los gobiernos estatales, en importantes plazas políticas y económicas, primero en el norte industrializado y culturalmente muy cercano al “primo del norte”, el ganador fue el Partido de Acción Nacional, PAN -tradicional y débil partido de derecha, con fuertes vínculos con la conservadora jerarquía católica- que se fortaleció con el rechazo al PRI y sus prácticas de corrupción y autoritarismo interno, contratante con su apertura hacia fuera, y de una corriente de renovación conocida como neopanismo, dominada por políticos de tendencia neoliberal (lo mismo que el PRI), algunos más modernos como Manuel Cloutier y otros ultra conservadores como Diego Fuentes de Cevallos, con fuertes vínculos a políticos conservadores de Estados Unidos, y al capital internacional. En el otro extremo del espectro político, en el centro izquierda, se fue produciendo el más lento (comparado con el derechista PAN), fortalecimiento del PRD, creado en 1989, heredero del proceso de unidad de las fuerzas legales de izquierda propiciado a mediados de los ochenta con la creación del Partido Socialista Unificado de México, PSUM, dominado por ex miembros del viejo Partido Comunista de México; que cedió su lugar a al más amplio y plural PRD, nutrido por una importante disidencia de la izquierda del PRI, la llamada Corriente Democrática, de orientación social demócrata, de la que proviene el mismo López Obrador. De esos tiempos, proviene el Instituto Federal Electoral, fundado 11 de octubre de 1990, producto de una reforma constitucional del año anterior, como una de las expresiones de una nueva institucionalidad democrática, designada a garantizar la pureza electoral en un país sin tradición de limpieza en ese aspecto. El IFE es un organismo público, autónomo, responsable de organizar las elecciones federales, es decir, Presidente de México, diputados y senadores que integran el Congreso de la Unión. Aunque el IFE es autónomo, y desde 1996 no está vinculado al Ejecutivo, su conformación más política que jurídica, ya que no es un tribunal aunque sí integra el Registro Federal de Electores, y los partidos con representación legislativa tienen participación directa en su Consejo, aunque no voto. Es innegable que en un país con una historia de 75 años de corporativismo, bien arraigado y con funcionamiento eficaz, es muy difícil que un organismo como el IFE, no sufra la influencia política partidaria, en un sistema fuertemente presidencialista. En relación al cambio, el punto de toque o parteaguas, como se estila en México, del irreversible declive del PRI, se produjo en las elecciones de medio período de 1997, en la que se renovó parcialmente la Cámara de Diputados, y que marca el hito histórico de que, por primera vez desde 1929, el PRI no tuviera la mayoría del Congreso, ya que obtuvo sólo el 39% de los votos y el derechista PAN el 26% y el centro izquierdista PRD, el 25%. Con esto, Ernesto Zedillo se convirtió en el primer Presidente que gobernó en minoría, la mitad de su sexenio. En el Distrito Federal, la capital del país, por primera vez se eligió en elecciones al Jefe del Departamento del DF, figura que sustituyó al Regente. Y la victoria del líder del PRD en ese momento, Cuauhtémoc Cárdenas, fue inobjetable: con el 48%. A partir de ese momento, el DF se convirtió en el principal bastión del PRD, lo que fue ratificado 6 años más tarde, el 2 de julio del 2000, con el rotundo triunfo electoral del carismático líder tabasqueño Andrés Manuel López Obrador. El triunfo del PAN, y su vaquero-empresario Vicente Fox, ex Gobernador de Guanajuato y ex Gerente de Coca Cola, en las elecciones presidenciales de ese mismo año 2000, es más producto del galopante deterioro del PRI y de la falta de fortaleza de la izquierda, lo que no permitía que el PRD se convirtiera en opción política, con un alicaído Cuahutémoc Cárdenas como candidato, que ya no despertaba mayor entusiasmo. En el Gobierno del DF, gracias a importante políticas sociales, dirigidas a favorecer a la población olvidada, pero que también favoreció a amplios sectores de capas medias, López Obrador consolidó un liderazgo creciente y fuerte. Tanto que, desde sus primeros años, se le percibió como un potencial y amenazante contrincante para el entonces lejano 2006. Por esa razón, para evitar su consolidación como figura política nacional y la necesidad de destruirle políticamente, se produjo la primera y abierta alianza política entre los partidos PRI y PAN, en contra de Andrés Manuel López Obrador. Por ello el contubernio de esos partidos, que estamos observando actualmente no es algo nuevo, se remonta a los tiempos en que decidieron desaforarlo del puesto de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. El proceso de desafuero de López Obrador, por una supuesta desobediencia a una decisión de un juez, iniciado en marzo del 2004, se convirtió en un grave escándalo político interno y externo, que cimbró al país, y que demostró claramente, las limitaciones que estaban dispuestos a ponerle a la democracia, el PAN, el Presidente Vicente Fox, y los grupos económicos más conservadores, con el apoyo del PRI. En abril del 2005, la reconocida Revista Proceso hablaba del “descomunal ridículo mundial que México está entregando al mundo”. “El desafuero de Andrés Manuel López Obrador ha dejado de ser un asunto interno para convertirse en un problema internacional, paradigma del retroceso democrático de un país. No hay precedente en la historia moderna y por tanto el mundo mira a México. En Berkley, una de las universidades más destacadas en la órbita internacional, los profesores preguntan a cualquier mexicano que pase por sus eventos: ‘¿Es verdad lo del desafuero?’, me inquirió un experto politólogo. ¿Y ahora qué va a pasar?,…” La dimensión del escándalo orquestado por el PRI y el PAN para deshacerse de un adversario político se ve en las reacciones de la prensa internacional. “El periódico británico The Guardian titulaba: “Democracia mexicana en peligro. ¿Otra vez? ¡Diablos!”). Le Monde no se andaba por las ramas considerando que el desafuero ha generado un retroceso en la ‘frágil democracia’ de México y que las elecciones presidenciales del 2006 están en entredicho por la acción del ‘antiguo patrón” de Coca Cola…’ en clara y directa referencia a Vicente Fox...” Ya en esa época se veía con preocupación lo que podría pasar en las elecciones del 2006. The New York Times fue bastante explícito: “Dejen a los votantes de México que decidan”, un duro editorial institucional que consideraba que el país ya no puede vivir del presidencialismo y bajo un “Ejecutivo todopoderoso”: “Tal vez, no sea el hombre correcto para la Presidencia, pero eso lo tendrán que decidir los electores de México”. El español El Mundo sintetizó la trama desde su titular: “El alcalde de México, llamado a suceder a Fox, expulsado de la política”. La maniobra estaba clara: el objetivo fundamental era evitar que la figura de López Obrador siguiera creciendo y capitalizando las crecientes simpatías que demostraban las encuestas, motivadas por la eficiencia de su gestión. Pero en términos estratégicos, las acciones estaban destinadas a impedir que pudiera ser candidato a la presidencia. Al final el desafuero fue un rotundo fracaso para la alianza PRI-PAN, la figura de López Obrador se fortaleció y pudo ser candidato presidencial. A la contienda llegó más fortalecido, pero cuando Guanajuato pierde (perdón quise decir Jalisco)… arrebata. Fuente: Boletín Noticias y Análisis de Tendencias Nº 1016 / Incidencia Democrática (Guatemala) http://www.i-dem.org