Si no por un fraude cibernético o a la manera tradicional en las casillas, el país estaría ante una elección de estado en la que, desde meses antes de la votación y acentuadas en los últimos días de las campañas, el gobierno de Vicente Fox, su partido Acción Nacional y una serie de fuerzas económicas y políticas desplegaron acciones de todo género para impedir el arribo del centroizquierdista Manuel López Obrador, cuya alianza con los partidos del Trabajo y Convergencia Democrática enfrenta ahora a la maquinaria mediático-oficial dispuesta a hacer valer el triunfo del candidato oficial Felipe Calderón en un proceso inesperadamente inacabado cuyo desenlace puede resultar en una profunda división política en el país. El compás de espera impuesto por el Instituto Federal Electoral (IFE) al posponer el anuncio de las tendencias preliminares de los sufragios emitidos en 300 distritos electorales el domingo pasado, plantea la inminencia de la impugnación de la elección por parte de la coalición de Andrés Manuel López Obrador ante las instancias calificadoras de los comicios y con ello un proceso cuyas consecuencias serán un conflicto poselectoral --impugnaciones previstas por parte de los proclamados perdedores en tribunales y hasta amenazas de violencia--. El dato de cerca de 14 millones de votos para cada uno de los dos primeros lugares sugeriría, por una parte, la ominosa derechización de una porción importante de la sociedad mexicana y por la otra la imposibilidad de los elementos de un espectro de centro izquierda para mostrar a plenitud la perspectiva de cambio de una política que por espacio de cuatro sexenios ha acentuado la desigualdad económica y la miseria y ha entregado al capital extranjero valiosos recursos que pertenecen a la nación. El no resultado desde las primeras horas después de la elección alienta asimismo las críticas al sistema electoral mexicano y hacia la parcialidad de las autoridades supuestamente encargadas de registrar y sancionar evidentes delitos electorales que se dieron en los meses y semanas previos a la elección. En el empeño de "pluralidad" extensa de un nuevo concepto de la democracia y en la complacencia para satisfacer intereses de grupo o de caudillaje corporativo, se ha dado la proliferación de partidos carentes de una verdadera base política y cuya presencia contribuye -ahora se ve- a empañar más que a clarificar el saldo de la contienda. Si, como observadores políticos y expertos en procesos electorales coinciden en señalar, debe descartarse el fraude cibernético y en las urnas por los métodos clásicos del pasado, no ocurre así con las evidencias de inducción al voto y de múltiples delitos electorales cometidos por el aparato oficial y el propio PAN desde meses antes de la votación y que se intensificaron en los últimos días ante la pasividad sospechosa de las autoridades encargadas de registrarlos y sancionarlos, concretamente el Instituto Federal Electoral y la Fiscalía Especial para Delitos Electorales. El gobierno y el PAN recurrieron a todo: al intento de desafuero del candidato del PRD siguió una larga lista de acciones para impedir su llegada a la presidencia. Entre las últimas: acusaciones sin fundamento por un supuesto fraude a un hermano de Andrés Manuel López Obrador y al candidato del PRI a la gubernatura de Jalisco; violación de la página en internet del candidato del PRD, reactivada por hackers para introducir una carta apócrifa que de ser cierta habría violado la suspensión de toda manifestación de proselitismo en los días previos a la elección e invitado a sus seguidores a no aceptar la derrota en los comicios; una campaña de inducción del voto en favor de Acción Nacional mediante llamadas telefónicas para las cuales se hizo uso de datos del padrón electoral que el PAN obtuvo con la complicidad de funcionarios del Instituto Federal Electoral y, por supuesto, el discurso permanente del presidente Vicente Fox en favor de la continuidad de su política de gobierno y de alerta a los ciudadanos respecto al "peligro" de votar por el "populismo" de López Obrador. La campaña para sumar votos a Felipe Calderón buscó golpear por igual al PRD y al PRI. Uno de los últimos intentos por allegar votos al aspirante Felipe Calderón fue la intempestiva resolución que abrió la detención domiciliaria del ex presidente de la República Luis Echeverría, en la fase final de un proceso que, según se preveía los medios judiciales, debió concluir con el rechazo a la acusación de genocidio en los sucesos del 2 de octubre de 1968 y en todo caso con un fallo en el que se considerara que el entonces secretario de Gobernación no fue el responsable de la participación del ejército. Pero al parecer el Magistrado Máttar tenía un proyecto de recambio para lo que se ofreciera, o bien preparó uno de emergencia. Lo cierto es que, de acuerdo con testimonios del personal del Segundo Tribunal Unitario, el miércoles por la noche y el jueves durante todo el día se trabajó ahí a marchas forzadas para integrar la resolución finalmente entregada a la Fiscalía de Carrillo Prieto. Sea que el magistrado hubiera dispuesto de un "plan B" o que haya preparado una resolución de última hora, es fácil imaginar las razones del cambio, similares a otras en las que fallos judiciales discutibles se han inclinado hacia los intereses del poder. En el compás de espera, la relación de fuerzas entre el Ejecutivo y el Legislativo que se espera del resultado de las elecciones, con el PAN como la primera mayoría pero con una oposición adversa y resentida, no augura ni garantiza una situación de gobernabilidad ni será signo de un verdadero avance democrático para el país.