Con la aprobación de la Ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente se abre nuevamente la disputa de posiciones. Desde hace seis años se ha propuesto -en diferentes ámbitos- dos ejes discursivos de articulación de las visiones de país: la renombrada “neoliberal” y, la no muy clara “indígena y popular”. Dos modelos de sociedad traducidas en proyectos políticos de reorganización y reforma institucional. Al parecer, a partir de sucesos político-sociales acaecidos desde el año 2000, nadie desea asumir el mote de “neoliberal”. El proyecto de país vinculado a una posición “neoliberal” está venido a menos y, sin embargo, en determinadas esferas de la sociedad el proyecto pervive y todo indica que anda de buena salud. En el fondo, el modelo “neoliberal” es una variante del proyecto liberal que sustenta la primacía de los derechos de libertad sobre los otros ejes de organización de la sociedad (igualdad, inclusión, diferencia, etc.). Aquí, la libertad se entiende como autonomía de las personas y grupos para realizar transacciones y garantizar el empoderamiento individual y/o particular. El liberalismo es una concepción de defensa del individuo respecto al poder político que se expresa como voluntad de una colectividad. Para los liberales, justicia y equidad sólo se garantiza cuando se constituye un orden institucional sobre la base de defensa de los derechos de autonomía de las personas. A partir de esta concepción se posibilita el despliegue y predominio de mecanismos de organización y desempeño de la sociedad: el mercado, dispositivo de organización, asignación y distribución de recursos; y la familia o ámbito privado: espacio de resguardo, iniciativa y libertad individual. La sociedad es el artificio colectivo que debe posibilitar y garantizar la libertad. Por ello, los significantes de “nacionalización”, “multiculturalidad”, “autonomías y/o descentralización política”, pudieran ser asumidos por el liberalismo como adjetivos de lo sustancial: la libertad individual, eje central de la jerarquía de los derechos y arquitectura institucional. Por otra parte, en el lenguaje comunitarista la organización de la sociedad encuentra su fundamento en la primacía de lo colectivo sobre lo individual. La idea de que la sociedad y/o comunidad étnico-cultural precede al individuo, es uno de los presupuestos discursivos para sostener que en la organización de la sociedad el respecto a los derechos adquiridos colectiva y culturalmente está por encima de los de autonomía individual. Para ellos, la sociedad es enteramente un resultado histórico y particular. El proyecto “indígena o étnico cultural” o como llegue a denominarse, es un intento de hacer coincidir el ideal de un orden institucional con las condiciones particulares de existencia de los individuos insertos en las colectividades humanas. La idea de primacía de la diferencia cultural y de las demandas particulares sobre el universalismo de los derechos es ante todo una exigencia política por el reconocimiento de la composición plural e histórica de la sociedad. Por ello, en el punto extremo y simplificador, ambos proyectos puede significar varias cosas: el liberalismo puede reproducirse nuevamente como “neoliberalismo”, y el comunitarismo puede expresarse como un nuevo estatismo plagado de indigenismo o, bien en la atomización anarquista de las particularidades (solipsismo individual y/o comunitario según el caso) como entes soberanos de ejercicio y garantía de derechos. Asimismo, en lo que podríamos considerar el mejor de los escenarios deseables -a través de una reforma de la política que implica el relajamiento de las posiciones duras- ambos proyectos pueden desembocar en una apertura del campo de articulaciones y equilibrios inestables entre los derechos que defienden los liberales, y las condiciones particulares e históricas de ejercicio y garantía de los mismos que sostienen los comunitaristas. Como siempre, la tarea es enteramente política, es decir de establecimiento de fronteras discursivas y despliegue de acción hegemónica ¡Bienvenida la política!