Intag está ubicada en la cordillera de Toisán, al occidente del cantón Cotacachi, en la provincia de Imbabura. Los diversos ambientes naturales que la caracterizan son ricos en cobertura vegetal y fuentes de agua. Allí sus habitantes viven de la agricultura, el turismo comunitario, la elaboración de artesanías, procesamiento de alimentos y hierbas medicinales, y otras actividades ideadas para preservar y garantizar la biodiversidad de la zona. Desde 1995, año en que inician las actividades de exploración minera, la mayor parte de comunidades optaron por oponerse a esta actividad. En 1997, la empresa Bishimetals, subsidaria de la Mitsubishi, fue expulsada de Junín cuando realizaba actividades de exploración. Esta oposición de la población inteña se va consolidando especialmente cuando el estudio de impacto ambiental del proyecto minero, preveía la contaminación de las vertientes, quebradas y ríos con metales pesados (plomo, arsénico, cadmio), poniendo en riesgo la salud de la población y las actividades agrícolas. Pese a estos riesgos ambientales y sociales, y sobre todo a la decisión de la mayoría de pobladores/as de oponerse a la actividad minera, el Ministerio de Energía y Minas otorgó dos concesiones para la explotación de cobre en el área de Junín: la golden 1 y golden 2, violentando varios preceptos constitucionales, especialmente el derecho a vivir en un ambiente sano y el derecho de las comunidades a tomar decisiones sobre sus espacios y formas de vida. Más aún, el Ministerio de Energía y Minas pasó por alto el hecho de que Cotacachi, cantón al cual pertenece políticamente la zona de Intag fue declarado “Cantón Ecológico” en septiembre de 1997. Tampoco tomó en cuenta las facultades que tienen los Municipios para velar por la integridad ecológica y la salud de las poblaciones locales. Por el contrario, las concesiones otorgadas por Ministerio constituyen un atentado contra los planes y proyectos de desarrollo del cantón Cotacachi elaborados de forma participativa. Desde los primeros días de la presencia de Ascendant Exploration en el cantón, su población ha sido testigo de una serie de irresponsabilidades por parte de de funcionarios del Ministerio de Energía, quienes no han comunicado a ninguna instancia local sobre sus planes mineros, menos aun han solicitado o tomado en cuenta los criterios y decisión de las comunidades. En este contexto de irrespeto a las decisiones locales, la empresa canadiense Ascentant Exploration beneficiaria de las concesiones mineras mencionadas, ingresa a la zona de Intag y funcionarios, trabajadores y allegados a la empresa como el exdiputado Ronald Andrade, incurren en una serie de agresiones en contra de la población, lesionando la integridad física y emocional de las personas: maltratos físicos, amenazas de muerte, calumnias y acciones de amedrentamiento como la presentación de acciones judiciales con causas falsas en contra de dirigentes, ofertas de “desarrollo” que pretenden dividir a las comunidades, maltratos físicos y persecución a cooperantes comunitarios, cuyas denuncias son constatadas por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, evidencian todo un período de irrespeto a los derechos humanos de la población Inteña. Este día, en horas de la mañana, comuneros de Junín denunciaron nuevamente el ingreso arbitrario y la presencia a su comunidad de tres personas allegadas a la empresa minera. Ante esta serie de hechos, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, solicita al Ministerio de Energía y Minas, dar oído a las comunidades de Intag, que por más de una década vienen expresando su oposición a la actividad minera, y tomar en cuenta que son otras las alternativas y proyectos de vida que las comunidades han desarrollo para mejorar sus condiciones de vida. Además, solicitamos la inmediata anulación de las concesiones mineras, pues quebranta el principio constitucional sobre la consulta previa a las comunidades.