El sistema penitenciario del Ecuador ante la CIDH
11/04/2011
- Opinión
El pasado 29 de marzo, durante el 141º período de sesiones de la de La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se trató el tema la situación de derechos humanos de las personas privadas de la libertad, audiencia en la que la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) tenía previsto participar, y aunque por motivos de fuerza mayor nos fue imposible asistir, se les remitió un informe por escrito, el mismo que le sirvió a los comisionados para rebatir y solicitar explicaciones más detalladas al representante del Gobierno ecuatoriano, el Dr. José Serrano, Ministro de Justicia y Derechos Humanos quien expuso sobre los avances del gobierno en este tema.
En resumen, el informe elaborado por Cedhu, contextualiza la situación del sistema penitenciario de acuerdo a su función ante las sociedad y su estructura alrededor de las instituciones que lo rigen, los cambios y las medidas que se han tomado desde el Gobierno, como el traspaso de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS) bajo dependencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la decisión de colocar a la Policía Nacional y por determinado tiempo al ejército a custodiar las cárceles. Refiere además los criterios para la distribución de los recursos económicos para el manuntención de las personas privadas de la libertad.
Con respecto a la población carcelaria se dio a conocer que existe hacinamiento en 30 de 41 cárceles a nivel nacional, siendo las ex Penal García Moreno, la cárcel Nº 3 en Quito, la cárcel de Babahoyo, la de Cuenca y la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil, las que presentan cifras más alarmantes.
El hacinamiento se debe en parte a que “acciones populistas llevaron a los políticos a inflar las penas aumentando las mismas de 16 a 25 años en determinados delitos y permitiendo su acumulación hasta los 35 años, lo que evidentemente provoca que ingresen al sistema carcelario más personas de las que salen, es decir las personas permanecen más tiempo (...) la solución de las autoridades a este problema es la construcción de más cárceles.”
El problema de la inseguridad ha servido de plataforma política para exigir el endurecimiento de las penas, tal presión llevó a plantear en Consulta Popular el limite la caducidad de la prisión preventiva para personas privadas de la libertad que permanezcan sin sentencia, después de seis meses o un año, que a la larga solo sobrepoblará las cárceles, incrementando la violencia antes de solucionarla.
En su conclusión final se afirma que “las precarias condiciones de vida en las que se encuentran las personas recluidas, constituyen tratos inhumanos que debe ser superados, pues ello repercute en la inexistencia de la rehabilitación social, pues si no se esta rehabilitando y reinsertando en la sociedad al interno, entonces cabe la pregunta, para que se necesita de un sistema penitenciario?.”
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos destacó en su intervención, la vigencia de una política criminal, como parte del Plan Nacional del Buen Vivir, y que maneja tres pilares: prevención, respuesta judicial no solo como juzgamiento y debido proceso, sino con énfasis a la respuesta a las víctimas, considerando que uno de los mayores déficits es que las víctimas se encuentran relegadas de la protección del Estado, el último pilar rehabilitación y reinserción social.
Así mismo, habló de la creación de una tecnología en seguridad penitenciaria para ofrecer capacitación de tercer nivel a las personas encargadas de la guardia carcelaria. Reconoció que a partir de pruebas realizadas a los guardias penitenciarios se determinó que el 95% de estos no se encontraban aptos para este trabajo. Reportó acerca de la deportación de personas extrajeras, si es que estos lo solicitaban a través de convenios con las respectivas cancillerías.
José Serrano resaltó programas de inserción para las personas recluidas, como la elaboración de los uniformes y mueblería para los niños de nivel primario del sector público, el ingreso del sistema penitenciario al sistema de salud pública y la existencia de las clínicas de conducta, encargadas de dar atención psicológica a personas con problemas de adicción. Sin embargo, reconoció que al momento existe hacinamiento en las cárceles.
Los comisionados reconocieron el esfuerzo del gobierno ecuatoriano, sin embargo, basados en las información proporcionada por la CEDHU, cuestionaron situaciones violatorias a los derechos humanos como es el trato a las mujeres embarazadas y personas mayores de 60 años, programas de capacitación con enfoque de género que anteriormente la CIDH había recomendado a Ecuador.
Refirieron también situaciones como requisas vaginales y anales en las internas y a las visitantes de las cárceles, se cuestionó sobre personas muertas bajo custodia que han quedado sin investigación, las normas antinarcóticos aunadas a procedimientos antinarcóticos alejados del respecto a los derechos humanos, que ha permitido que las personas permanezcan más tiempo en prisión. Los comisionados solicitaron respuesta ante la convocatoria de una consulta popular, que en el contexto de una “política antihacinamiento”, se pidan la eliminación de la prisión preventiva creando más hacinamiento.
La autoridad ecuatoriana defendió la redacción de las preguntas de la consulta popular, por haberlas aprobado la Corte Constitucional, y con respecto a las requisas genitales a las mujeres habló de utilizar tecnología de rayos X para evitar eso.
En fin, el informe de gobierno dista del informe elaborado por CEDHU, el primero ofrece una imagen de un sistema penitenciario ordenado y eficiente, que si las políticas que el funcionario citó en su intervención se aplicaran es posible que inicie un proceso, pero la realidad del sistema penitenciario hoy en día está lejos todavía de brindar una rehabilitación y reinserción a las personas privadas de la libertad, quienes solo viven en situaciones de violencia.
Para ver artículo e informe completo:
https://www.alainet.org/es/active/45804?language=en
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