Este martes 7 de septiembre organizaciones, movimientos y sectores sociales marcharon desde distintos puntos de San Salvador hacia la Asamblea Legislativa, para repudiar políticas arbitrarias y antidemocráticas del gobierno de Nayib Bukele, sobre todo la imposición del bitcoin y el despido de un tercio de los jueces del sistema judicial.

Estas movilizaciones generan esperanza de que la población empieza a despertar y a protestar contra el autoritarismo y la antidemocracia de la administración Bukele que en poco más de dos años ha desmantelado la institucionalidad, el estado de derecho y la separación de poderes.

Así que, desde la urgencia de revertir el grave deterioro democrático del país, es deseable que las manifestaciones de jueces y trabajadores judiciales, movimientos sociales y organizaciones estudiantiles sean el inicio de la necesaria rebelión popular establecida en el Artículo 87 de la Constitución de la República.

La referida disposición constitucional “reconoce el derecho del pueblo a la insurrección, para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en la Constitución”.

En lo que va de la gestión Bukele, han sucedido tres hechos que dejaron al pueblo habilitado para ejercer el derecho constitucional a la insurrección. El primero fue el golpe presidencial contra la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020, cuando el presidente tomó la sede parlamentaria acompañado de militares y policías.

El segundo fue el golpe de la nueva Asamblea dominada por el bukelismo contra la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 1o de mayo de este año, cuando fueron destituidos ilegal e injustificadamente los magistrados de la Sala Constitucional. En el mismo acto también fue destituido el Fiscal General.

El golpe contra el poder judicial siguió la semana pasada con la destitución de un tercio de los 600 jueces, mediante una reforma ilegal a la Ley de Carrera Judicial que obliga a retirarse a los jueces mayores de 60 años o que tengan más de 30 años de servicio. También se reformó la Ley Orgánica de la Fiscalía para facilitar el despido o traslado de fiscales.

Y el tercero es la decisión de la Sala de lo Constitucional impuesta por el oficialismo de permitir la reelección presidencial consecutiva, a pesar de estar expresamente prohibida en los artículos 88, 152 y 154 de la Constitución que obligan la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, prohíben que el presidente sea candidato presidencial y establecen el período presidencial de cinco años después del cual el presidente no puede quedarse “ni un día más”.

Ojalá que las protestas de hoy contra el bitcoin, la destitución de los jueces y otras acciones abusivas del oficialismo sean el inicio de la insurrección necesaria.