La Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en El Salvador (CICIES) ha presentado ante la Fiscalía General de la República doce avisos de posibles casos de corrupción en cinco instituciones gubernamentales, relacionados con manejo irregular de fondos públicos durante la pandemia.

Así lo dio a conocer su representante Ronald Ochaeta, la semana pasada, durante un encuentro con Ricardo Zúñiga, delegado del gobierno de Estados Unidos para temas migratorios en el triángulo norte centroamericano.

Casi al mismo tiempo, el Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica informó que ha demandado ante la Fiscalía a los ministerios de Agricultura, Salud y Turismo, por negarles información sobre el uso de dichos recursos.

Ambos hechos confirman la intransparencia, falta de rendición de cuentas y las anomalías en la utilización de dineros públicos en el gobierno del presidente Nayib Bukele. Tal situación sería confirmada, además, con la destitución de los ministros de Seguridad Pública y de Agricultura y Ganadería, Rogelio Rivas y Pablo Anliker, respectivamente.

Aunque el presidente no informó públicamente las razones de esos despidos, ambos funcionarios fueron señalados de posible corrupción: Rivas evadió impuestos durante ocho años y otorgó irregularmente contratos gubernamentales, mientras que Anliker manejó irregularmente cientos de millones de dólares en la compra de paquetes alimenticios.

Hasta ahora Bukele se ha negado a destituir al ministro de Salud, Francisco Alabí, y a otros funcionarios cuestionados por el mal uso de recursos estatales. Incluso, temeroso de que una CICIES más eficaz investigue y presente más casos de posible corrupción, el mandatario ha despotricado contra una propuesta de ley que busca otorgar más independencia y funciones vinculantes a la referida institución contralora.

Vale recordar que Nayib Bukele hizo campaña y ganó la presidencia con un discurso anticorrupción: exigía a “los mismos de siempre” que “devolvieran lo robado” y prometió instalar en los primeros cien días de su gobierno “una CICIES que metería en la cárcel a todos los corruptos y corruptores”.

Sin embargo, ya en el poder, Bukele cerró el acceso a la información pública, desmanteló mecanismos de rendición de cuentas, tomó el control de Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), creó una CICIES a su medida y ahora que ésta da señales de independencia trata de aniquilarla. Adicionalmente, el mandatario descalifica, estigmatiza y persigue a los medios que publican irregularidades en su gobierno.

Por tanto, en relación a sus cacareadas promesas de transparentar la gestión pública, rendir cuentas y evitar la corrupción, la administración Bukele salió “cohete soplado”. Esperemos que, poco a poco, la población vaya dándose cuenta de tal situación y lo obligue a cumplir su principal promesa de campaña.

Ojalá que así sea.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)