El Estado guatemalteco, sin duda, es uno de los principales dispositivos que contribuyen a reproducir el racismo y la opresión contra los pueblos indígenas.

Quienes analizan dicho Estado desde el exclusivo lente del racismo suelen interpretar este fundamentalmente como un Estado ladino y en buena medida le atribuyen un carácter que homogeniza al sujeto social y político que lo ha configurado como racista. Se incurre así en un doble error interpretativo, ya que dicho sujeto es heterogéneo en lo social, cultural e identitario, por un lado, y porque se obvia el carácter de clase que lo define en su extracción social y económica y en el proyecto que implementa desde la principal forma de organización del poder. Esto es lo que trataré de forma breve y seguramente incompleta en este y en uno o más artículos sucesivos.

El Estado, como relación y construcción social, se explica, en parte, en el hecho de que ha sido y es la síntesis de quienes han ejercido poder en el ámbito de la economía, la sociedad y la cultura, lo cual extienden a esta forma de organización política principal, que, como sabemos, se configura a partir de un ordenamiento jurídico y un aparato institucional construidos para la defensa de sus intereses.

Lo anterior lleva a preguntarnos quiénes han sido los principales configuradores del Estado guatemalteco, cuáles son sus intereses y cuál es el proyecto que se expresa en su ordenamiento jurídico, en el despliegue de su institucionalidad y en el ejercicio de poder que expresa. En este sentido, quienes han tenido tal capacidad constituyen un grupo social cuyos distintivos principales son su carácter de clase social dominante y su interés en mantener el control de los recursos estratégicos y de los medios de producción fundamentales. Por consiguiente, persiguen la reproducción de un modelo de acumulación de capital del cual se benefician a través de la extracción de plusvalía por la vía de la explotación de la fuerza de trabajo y de la apropiación de los bienes comunes y públicos: los territorios ricos en metales e hidrocarburos, tierras y agua, y el control rentista de las instituciones, políticas y presupuestos, por mencionar solo algunos que ilustran lo dicho.

Pero ese grupo social no es homogéneo. Al respecto, algunos de sus distintivos son la dimensión de su capital y su capacidad para dirigir la cosa pública, es decir, la institucionalidad y la política en materia económica, por ejemplo. No todos los integrantes de la clase dominante forman parte del núcleo con mayor capital y con tal capacidad estratégica. El capital y la capacidad política de quienes integran dicha fracción de clase son el resultado de su constitución histórica, en buena medida procedente del despojo y de la explotación originaria (en especial desde la Colonia, instituida a partir de la invasión española, y posteriormente con la instauración y el desarrollo de la llamada república), así como de sus avances en términos del control oligopólico de la economía, que hoy se explica en la conformación de grupos corporativos y en el control que logran del aparato estatal y que se concreta en la gestación de leyes y políticas (económica, crediticia, cambiaria, energética, minera, etcétera) para su exclusivo beneficio. Estos son precisamente aquellos a quienes usualmente se denomina oligarquía, es decir, el núcleo con mayores recursos y capacidades de poder en el seno de la clase dominante, aquellos que planificaron y ejecutaron la llamada independencia de España y que, a partir de ahí, han tenido la capacidad de dar curso y carácter histórico al Estado guatemalteco.

Es esa clase dominante, en especial su núcleo principal, la que ha instaurado un régimen de explotación y de dominación que mantiene en la miseria, en la exclusión y en la marginación a las mayorías sociales, entre las cuales se encuentran los grandes conglomerados de trabajadores y trabajadoras de los pueblos que, desde la perspectiva cultural, se autoidentifican como indígenas (mayas, xincas, garífunas) y ladinos o mestizos. Exclusión y marginación que también se expresan en el ámbito de los centros de decisión política en el Estado y, por consiguiente, en los destinatarios de los beneficios de las políticas públicas.