En el marco de una crisis que profundiza las condiciones de vulnerabilidad social del pueblo guatemalteco, el gobierno de Alejandro Giammattei ha cumplido la mitad de su primer año de gobierno dando muestras de autoritarismo e incapacidad gubernamental.

En diciembre de 2019, en un artículo titulado Gestión democrática o autoritaria: dilema del gobierno de Giammattei, se puso a consideración de los lectores un conjunto de contradicciones generadas por un modelo económico y un Estado construidos para reproducir los privilegios. Así, se anticipaba el incremento de la protesta y de la resistencia social, que pondrían al Gobierno en el dilema de responder con diálogo y negociación o con medidas autoritarias. Como ha sido evidente, la previsión sobre la acción social contestataria ha sido limitada y relegada por la pandemia de la covid-19. No obstante, a estas alturas existen suficientes signos políticos para considerar el perfil autoritario del Gobierno y su incapacidad para responder a un problema de salud de gran envergadura.

Constantes son los exabruptos del gobernante cuando es criticado, auditado o evidenciado en sus limitaciones para gestionar un país en crisis. Sus discursos y cóleras televisivas constituyen apenas rasgos de una personalidad que intenta imponerse ante concepciones y prácticas que no se ajustan, con razón o sin razón, a las propias. Su gestión hace de menos el convencimiento a partir de argumentaciones basadas en la información, la propuesta y la indicación justificada, así como a partir de prácticas y resultados que le otorguen autoridad legítima.

Lo anterior ha sido observado en relación con trabajadores y trabajadoras de salud, quienes protestan constantemente y con razón ante la falta de insumos y de equipos necesarios para atender la pandemia, así como de un salario oportuno para satisfacer sus necesidades vitales. En lugar de concretar una solución efectiva a sus demandas, lo que ha buscado es reprenderlos e impedirles manifestar públicamente su descontento legítimo y legitimado por su compromiso de atender sanitariamente a los enfermos. Lo mismo se observó recientemente cuando una autoridad maya kaqchikel cuestionó los proyectos extractivos, ante lo cual, en lugar de orientarse al diálogo, el gobernante simplemente intentó regañar y callar al interlocutor, representante y representativo de segmentos importantes del soberano, del pueblo, que no está de acuerdo con estas expresiones del actual modelo económico. La frase de Giammattei «vine a un diálogo, y no a oír una sarta de inconsistencias», evidencia que no llegó al lugar a concretar ningún diálogo, pues no tuvo la capacidad de escuchar la opinión disidente y, por el contrario, buscó acallarla.

Pero hay otros signos relevantes. La convocatoria a reuniones a las cuales se invita a liderazgos afines y poco representativos de los diversos sujetos sociales, la imposición de estados de sitio sin que exista la suficiente justificación para ellos y la prácticas y los discursos que buscan deslegitimar al Procurador de los Derechos Humanos por su labor constitucional de auditoría, son parte de una continuidad en la orientación política del actual gobierno que se viene a sumar a su evidente incapacidad de gestionar aquello que está en sus manos para atender la pandemia: la ejecución presupuestaria millonaria destinada a atender los efectos de la crisis sanitaria y sus impactos en el ámbito social y económico. A esto se suma la política de mantener privilegios al sostener un modelo económico que evidencia su rotundo fracaso para garantizarles bienestar a las grandes mayorías y replantearse apoyos a sectores como el campesino.

En retrospectiva, puede observarse una continuidad que profundiza los nefastos impactos de los gobiernos de Otto Pérez Molina y de Jimmy Morales, en especial en su contribución al acumulado de problemas que caracterizan al Estado, así como los relativos a la captura de las instituciones, a la reproducción de privilegios, a la corrupción y a la incapacidad de gestión en la solución de crisis emergentes como la actual causada por el coronavirus.

Sin duda, un signo contrario a lo que acá se afirma podría ocurrir si el Gobierno se abriera a un diálogo serio, legítimo y franco no con quienes este designe, sino con quienes escojan los sujetos representativos de una sociedad diversa: la clase trabajadora del campo y de la ciudad, los empresarios, los pueblos originarios y las mujeres, entre otros. Esto abriría la posibilidad de soluciones alternativas y democráticas a la problemática.

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