El día de hoy, muy probablemente, ya sabemos quién administrará el apartado gubernamental durante los siguientes cuatro años. Seguro la elección final está siendo polémica, tal y como ha venido siendo la contienda. Contienda entre dos fuerzas de derecha extrema, como la del partido político Vamos, y moderada, como la del partido UNE, las cuales han mantenido y mantendrán su confrontación durante todo el período de gobierno. Confrontación que se explica en el hecho de que tanto una como otra representan intereses de segmentos de poder económico y político distintos, que buscan controlar a su favor los apartados, la política y los recursos estatales.

Más allá de sus diferencias de matiz, lo previsible es que el ganador o la ganadora darán continuidad a las políticas fundamentales que han regido la orientación del Organismo Ejecutivo en particular. Entre las principales políticas fundamentales que tendrán continuidad figuran:

* Una política económica que da curso a un modelo de acumulación de capital caracterizado por asumir al país como productor de materias primas y proveedor de fuerza de trabajo barata, con un énfasis extractivo que se ha intensificado desde inicios del siglo XXI. Un modelo que somete a las grandes mayorías a la miseria, que expulsa a niños y jóvenes, a quienes orilla al drama permanente de una migración inhumana, mientras privilegia y facilita el enriquecimiento tanto de las empresas transnacionales como de los grupos corporativos oligopólicos que articulan a los capitales históricamente dominantes.

* El sometimiento a las imposiciones de Estados Unidos. En un contexto profundamente conservador y proclive a ver en el modelo estadounidense un paradigma de democracia, desarrollo y bienestar, con élites económicas, políticas y militares sumisas a sus designios, sin un proyecto y sin un sujeto político que se orienten a construir un Estado soberano e independiente, lo más probable es que el siguiente administrador gubernamental se someta a las políticas estadounidenses. Más allá de la negociación en torno a los términos del dominio que promueva el gobierno electo, Guatemala seguirá sometida a las políticas devenidas del Tratado de Libre Comercio (DR-Cafta), del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, y a las imposiciones en materia migratoria, de seguridad y de control territorial, así como a la doctrina Monroe, que inspira la estrategia de injerencia y agresión contra Estados insumisos a Estados Unidos y en la cual Guatemala actúa como peón de su ajedrez.

* El mantenimiento de una política de impunidad que el Gobierno constituirá impulsando en dirección a minar procesos de investigación y procesamiento judicial en contra de empresarios, políticos, militares y otros actores involucrados en delitos de alto impacto. Esta ha sido la tendencia en la política que impulsan el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público, que se afianzará con la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en septiembre próximo. Con el actual Congreso de la República y con el que se instalará en enero próximo, muy probablemente se intentará aprobar leyes que instituyan sanciones menores y medidas sustitutivas que beneficien a quienes se encuentran encarcelados en el cuartel militar Matamoros o a aquellos altos empresarios y políticos con procesos de investigación judicial.

* Una política de marginación de los grandes conglomerados en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Los pueblos indígenas, los campesinos, los obreros, las mujeres, la juventud y los niños seguirán siendo discriminados, marginados e invisibilizados en las políticas gubernamentales. Menos aún se buscarán soluciones a los problemas históricos y estructurales que padecen. Complementariamente, se continuará la política de criminalización y judicialización que implementan actores empresariales, mediáticos, políticos, y funcionarios públicos de los tres organismos del Estado.

Más allá de las diferencias en el estilo de gobierno y de las orientaciones particulares de quien haya sido elegido, lo cierto es que los problemas del país muy probablemente seguirán agudizándose, tanto como las contradicciones que estos generan. Y esto, en esencia, se deberá en buena medida a que el siguiente presidente operará como un gerente de país, sometido a las decisiones de los grupos de poder económico, militar y del crimen organizado (inserto en la institucionalidad estatal), así como a los designios de Estados Unidos, que de forma más explícita avanza en convertir nuestro país en un simple protectorado.

Nota: Este artículo fue escrito y enviado el viernes 9 de agosto a Plaza Pública, donde fue publicado el 12 del mismo mes. Esto por razones editoriales del medio. En cualquier caso, siendo el triunfador de la contienda el derechista Alejandro Giammattei, los argumentos centrales expuestos adquieren más sentido.

www.plazapublica.com.gt