«Pena de muerte para los delincuentes». Esta es una de las consignas demagógicas más utilizadas por distintos políticos en su intento de situarse como alternativa para gobernar el país.

Sin duda, discursos de este tipo están tratando de apelar al miedo, a las emociones, a las falsas interpretaciones y a un sentido común erróneo que cree que «muerto el perro, muerta la rabia», como suelen repetir los demagogos que pretenden engañarnos con fórmulas falsas para resolver los problemas de violencia, delincuencia y crimen organizado.

La pena de muerte no ha constituido una solución ni en el caso de Guatemala ni en el de ningún otro país donde se haya instaurado para intentar disuadir el crimen. Y no lo ha hecho porque su aplicación no ha disuadido a quienes continúan cometiendo crímenes que suelen ser objeto de esa sanción. También porque su aplicación ha sido siempre contra el pequeño y mediano criminal, no contra el criminal de cuello blanco o de uniforme militar, y menos contra las altas esferas del crimen organizado, que no solo consiste en bandas de narcotraficantes, en pandillas juveniles o en estructuras de sicariato, por ejemplo.

El crimen organizado también incluye estructuras que muchas veces están integradas y dirigidas por altas esferas de poder estatal y empresarial o relacionadas con estas, como ha quedado demostrado de manera particular con las investigaciones y los enjuiciamientos entre 2015 y 2019. Son estructuras que, en muchos casos, están insertadas en instituciones estatales (incluso en las fuerzas armadas) o en las instancias de seguridad, de justicia y legislativas. Forman parte de políticas para el enriquecimiento ilícito, el control de ámbitos de poder y la ejecución de acciones de limpieza social (ejecuciones extrajudiciales) y de represión contra la legítima organización y protesta social, en especial tratándose de resistencias a proyectos de interés del capital local y transnacional. Estas son estructuras que quedan intactas con la aplicación de la pena de muerte.

Contrario a la búsqueda demagógica propuesta por algunos políticos en campaña, la pena de muerte se constituye en un hecho que alecciona sobre cómo en la sociedad se ha reproducido la idea del escaso valor de la vida del ser humano: un hecho de psicología social que nos vuelve insensibles ante acciones que atentan contra la vida al punto de que nos convierten en criminales colectivos en hechos como el llamado linchamiento social. Es decir, nos vuelven parte de aquello que con la pena de muerte los demagogos dicen combatir: la violencia, la delincuencia y el crimen.

La pena de muerte, donde existe, usualmente es aplicada de forma discriminatoria contra las minorías sociales (como sucede en Estados Unidos, donde afecta fundamentalmente a población afrodescendiente y latina), así como contra la delincuencia y el crimen común, que usualmente proceden de segmentos de la clase trabajadora, la cual, entre otras cosas, se encuentra en desventaja al momento de emprender su defensa o imposibilitada de persuadir a la justicia y de comprarla, como lo hacen el crimen organizado y el criminal de cuello blanco.

Los ciudadanos y las ciudadanas debemos evitar caer en las interpretaciones y ofertas demagógicas. Debemos exigir que los políticos presenten análisis fundamentados sobre los problemas que ofrecen resolver. La violencia, la delincuencia y el crimen organizado son problemas cuyas causas son diversas y profundas, enraizadas en las condiciones de miseria, exclusión y marginación, tanto como en las estructuras de poder político y económico. Requieren soluciones en materia de prevención, protección y seguridad, tanto como de empleo, educación, deporte y recreación. Implican soluciones normativas tanto como políticas que se orienten a resolver el problema de raíz, y no desde la superficialidad y —reitero— la demagogia de quienes ofrecen la pena de muerte.

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