Cuarenta y tres niñas y adolescentes guatemaltecas, que estaban bajo resguardo del Estado en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción del Estado, han sido objeto de un crimen de lesa humanidad, debido a que fueron sometidas a privación de libertad, torturas, violación, esclavitud sexual, embarazo forzado e, inclusive, existen indicios que pudo haberse pretendido su exterminio. Este crimen también puede ser catalogado de ejecución extrajudicial siendo que existen suficientes evidencias de homicidio deliberado con la participación de funcionarios públicos quienes violentaban, violaban y prostituían a estas niñas y adolescentes.

Contrario a garantizar la seguridad de estas niñas y adolescentes, funcionarios e instituciones gubernamentales fueron negligentes e incapaces, incumplieron con sus deberes y, por consiguiente, son responsables penal, administrativa y/o políticamente por esta masacre. Son responsables aquellos que tenían obligación directa en el resguardo de las niñas y adolescentes, así como el Director y la Subdirectora de dicho centro, el Secretario de Bienestar Social de la Presidencia, el Presidente de la República, el director de la Policía Nacional Civil, el Ministro de Gobernación y la Procuradora General de la Nación.

Estos funcionarios son responsables porque pudieron haber prevenido este crimen con medidas administrativas y judiciales, haber gestado una política pública coherente y necesaria y hecho que este centro fuera un espacio de protección y amor, y no un infierno para las cuarenta y tres niñas y adolescentes (o más) calcinadas y otras tantas que resultaron con graves quemaduras y están en riesgo de muerte. Este es el resultado de un gobierno de corte empresarial/militar/neoliberal absolutamente incapaz, desinteresado y orientado a buscar sus propios beneficios y a gestionar los intereses de la clase dominante y del capital transnacional.

Pero este crimen también se explica en el hecho que estamos ante un Estado neoliberal, que privilegia el mercado por sobre el ser humano. Antes que garantizar derechos y la vigencia del bien común, el Estado guatemalteco es el resultado de políticas de ajuste estructural que iniciaron en los años 80 y se profundizaron desde los años 90. Es un Estado que fue dirigido a la privatización de las empresas estatales a manos privadas locales y transnacionales, a concesionar derechos y necesidades sociales que en manos privadas se convirtieron en mercancía para quien pudiera pagarlas. Así mismo, a imponer nuevas leyes y políticas desventajosas devenidas de tratados de “libre” comercio, así como a tolerar el saqueo legal e ilegal de los bienes públicos y comunes. Es este Estado el que sigue funcionando. Por eso se continúan promulgando leyes para garantizar privilegios empresariales, mientras la niñez y adolescencia continúa padeciendo hambre, violencia, falta de escuela y salud, etc.

Esto es lo que caracteriza al Estado guatemalteco en la actualidad: es garante de la explotación y el expolio, carente las normativas necesarias, de las políticas coherentes, de la institucionalidad eficaz y de los recursos financieros esenciales para asegurar el bien común. Es un Estado que constituye factor fundamental en la profundización de la exclusión y marginación, dejando vulnerables a las clases y sectores más desprotegidos, como la niñez, la adolescencia y la juventud, a quienes ha convertido en prescindibles.

Para este Estado neoliberal y los gobiernos que lo han gestionado, los niños y niñas –especialmente procedentes de la clase trabajadora y los pueblos indígenas y mestizos– han sido convertidos en seres desechables, condenados a ser objeto de los más terribles vejámenes a manos redes de crimen organizado. En lugar de protegerlos, este Estado los criminaliza, condena y permite que sean convertidos en objeto de ultraje, violencia, esclavitud sexual y asesinato. En especial, como sucedió con este caso, el Estado como responsable y ejecutor de este crimen, es productor y reproductor de un sistema patriarcal que convierte en objeto a las niñas, adolescentes y mujeres.

Este crimen desnuda al Estado en tanto construcción de la clase dominante que históricamente lo ha utilizado para la gestión de sus intereses. Asimismo, del capital transnacional que, interesado en expoliar al país, ha contribuido a mermar la capacidad del mismo Estado. Por último, de potencias extranjeras y organismos internacionales como el Bando Mundial y el Fondo Monetario Internacional, quienes con sus imposiciones han configurado este Estado neoliberal.

Sin duda, esta masacre de niñas y adolescentes debe ser esclarecido penal, administrativa y políticamente, para que sobre los responsables directos e indirectos caiga todo el peso de la ley y la condena ética de la sociedad. Nuestra indignación debe crecer y debe movilizarnos hasta alcanzar justicia en este crimen de lesa humanidad. Pero no debemos olvidar que este crimen es resultado del Estado Neoliberal y siendo que dicha política continúa, hechos de este tipo podrían repetirse y muy pronto. Por eso, nuestra acción política debe orientarse estratégicamente a construir un Estado radicalmente diferente.