El 2 de septiembre vimos cómo la ex presidenta Roxana Baldetti fue trasladada de la cárcel de Matamoros a la de Santa Teresa; en horas de la noche el aún presidente Otto Pérez firma su renuncia, el vocero de la Presidencia da a conocer esta decisión en horas de la madrugada del día 3.

Todas y todos vimos por la televisión la audiencia de primera declaración, en el transcurso de la misma el sindicado pasa de ser Presidente a ser ex presidente sentado en el banquillo de los acusados.

Nuestra Memoria, individual y colectiva, no nos deja olvidar que él, ese que ahora enfrenta cargos de asociación ilícita, cohecho pasivo, caso especial de defraudación aduanera, fue un Mayor que daba órdenes de ejecutar las políticas contrainsurgentes y genocidas, fue responsable de actos de genocidio en los territorios del Pueblo Ixil; que fue un oficial de inteligencia ligado al asesinato de monseñor Gerardi; que durante su administración se criminalizó, judicializó y reprimió a lideresas y líderes de los Pueblos Indígenas en defensa de sus territorios, los elementos naturales y la vida en Huehuetenango, Totonicapán, San Juan Sacatepéquez y Alta Verapaz. No olvidamos a los presos políticos de Huehuetenango, a David y Ageo niños asesinados de Monte Olivo, la masacre de Alaska, la destrucción y contaminación del Río La Pasión.

Será juzgado como jefe visible de una red criminal de corrupción estatal, La Línea. Estas redes criminales se gestaron durante el conflicto armado, como organizaciones criminales, algunas de las cuales tienen su origen en los servicios de inteligencia estatal y militar a lo interno de dos grupos del Ejército, la COFRADÍA y el SINDICATO, de este último Pérez Molina ha sido la cara visible.

Estas redes criminales, aliadas y parte de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad CIACS y sectores de los grupos de poder económico, han utilizado al Estado como instrumento de acumulación de capital, para maximizar sus ganancias, socializar costos y pérdidas privadas. La privatización de los sectores claves; el desmantelamiento de funciones y capacidades del Estado; el traslado, compra, subcontratos de bienes y servicios a empresas privadas –nacionales e internacionales-, y la defraudación aduanera, ha permitido a poderes regionales y a las altas “autoridades” del Estado, ser los principales actores de las redes del negocio público, nacional y regional. Redes ocultas que han penetrado, manipulado, cooptado e incrustado en la institucionalidad estatal, configurando un Estado criminal.

Esta larga noche empezó a vislumbrar el amanecer desde abril, mes en que la CICIG y el MP dieron a conocer pruebas irrefutables de esta banda criminal, La Línea. Lo visto hoy por todas y todos como un hecho histórico, el general genocida sentado en el banquillo de los acusados, tiene como actor principal y decisivo, un amplio movimiento social que se vio fortalecido por la participación de comunidades y Pueblos Indígenas, por la Asamblea Social y Popular, que hemos ido rompiendo el silencio y superando el miedo de los efectos del genocidio, de las desapariciones forzadas, del militarismo, la corrupción. YO DIRÍA ACÁ “Y LA IMPUNIDAD” EN VEZ DE LA CORRUPCIÓN.

En este contexto se realizaron las elecciones. Los grupos de poder económico, las redes criminales evidenciaron que no descansan ni descansarán para reconfigurar sus alianzas y mantener su poder. Ha sido un proceso electoral en donde los resultados han sido los esperados en este contexto, la ciudadanía castigó al Partido Patriota, votó “por un no político”, es una derrota para el Partido Lider.

Transformar de raíz el Estado criminal gestado en el conflicto armado, no se logra con un cambio en la presidencia, de diputaciones o de autoridades locales. Sin embargo, estos resultados tienen un sentido de esperanza que se ha visto reflejado con más alcaldías de comités cívicos que en las elecciones pasadas, así como la posibilidad de gestar una bancada de izquierda, social demócrata u otros afines, vinculada a movimientos sociales.

De esta forma como sociedad vivimos un momento histórico que tiene el sentido de posibilidad para conformar un amplio frente ciudadano, de Pueblos Indígenas, campesinos y sectores sociales que enfrentemos estos poderes enquistados en el Estado a partir de una fuerza que construya un modelo de sociedad alternativo al dominante, que defienda los territorios, los elementos naturales, LA VIDA de las acciones de muerte que las empresas extractivas nacionales e internacionales, los grupos criminales y los sectores de poder económico están promoviendo. Debemos exigir y ejercer nuestros derechos individuales y colectivos como Pueblos, como ciudadanas y ciudadanos emancipados del poder dominante.

El amanecer de esta larga noche apenas empieza. Tenemos esperanza.

Guatemala, 7 de septiembre del 2015

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