En sus acciones contra los grupos pandilleriles, algunos policías y militares están cometiendo detenciones arbitrarias y otros abusos inaceptables, que deben ser denunciados.

Es legítimo que ante el grave auge delincuencial –y más aún debido a los condenables ataques de pandillas contra policías y militares– las fuerzas de seguridad pública impongan el orden, control y represión estatal; pero esto debe hacerse en el marco de la ley y del respeto a los derechos humanos.

Policías y elementos militares que participan en tareas de seguridad deben respetar la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso. Es reprobable que, por ejemplo, las autoridades presenten golpeados o con el rostro ensangrentado a algunos sospechosos de cometer delitos.

El aval social de “hacer cualquier cosa contra la delincuencia”, las autoridades deben aprovecharlo para implementar estrategias efectivas de prevención, represión y reinserción, no para permitir abusos.

El gobierno debe aprovechar el consenso nacional contra la delincuencia para apostar a los sistemas de inteligencia, fortalecer la Policía, presionar a la derecha para que apoye el financiamiento de la seguridad y exigir a la Fiscalía y al Sistema Judicial que eviten la impunidad.

Incluso, podría aprovecharlo para denunciar posibles estrategias de desestabilización política detrás del actuar pandilleril, en vez de distraerse en aventuras represivas.

Las estrategias manoduristas que aplicaron los gobiernos de ARENA no dieron buenos resultados en el pasado y tampoco los darán ahora. La apuesta correcta es seguir implementando el “Plan El Salvador Seguro” elaborado por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia.

Este plan contiene medidas integrales de prevención de la violencia, control y persecución penal, rehabilitación y reinserción, atención y protección a víctimas y fortalecimiento institucional.

En estas propuestas coinciden el gobierno, empresa privada, sociedad civil organizada, academia, iglesias y demás sectores del país representados en el Consejo de Seguridad.

El Plan “El Salvador Seguro”, incluso, fue avalado por ARENA y la ANEP, detractores del gobierno. Representantes del principal partido de derecha y de la gremial empresarial participaron en la elaboración y aprobación de las propuestas.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)

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