La Central Obrera Boliviana convocó para este miércoles 11 de abril, a un paro general en demanda de un salario básico equivalente al costo de la canasta familiar, que supera los 8.000 bolivianos. No vamos a tratar de evaluar el alcance de la convocatoria laboral. Veamos, más bien, las razones del planteamiento y las posibles soluciones a un tema que no debiera alcanzar el nivel de conflicto.

 

Que la canasta familiar en Bolivia tenga un costo de 8.300 bolivianos, puntos más, puntos menos, es así. Que un aumento salarial de tal proporción fuera aceptado, dentro de cualquier programa que pudiese ocurrirles a los expertos, desataría una inflación incontrolable durante mucho tiempo. Quienes tienen edad suficiente, deben recordar la época de la hiper inflación (1982-1985) y, quienes somos más viejos, agregamos la inflación de los primeros años ’50. Las causas de ambos desastres son todavía motivo de grandes disputas entre adeptos y enemigos de los cambios, como lo hemos leído en estos días.

 

El gobierno, respondiendo al pliego de la COB, anunció un reajuste del salario mínimo hasta 815 bolivianos (aproximadamente 117 dólares) y un aumento salarial de 7%. Por supuesto, las primeras protestas surgieron de los empresarios que, todos los años, se oponen a cualquier aumento. Pero, casi al mismo tiempo, los trabajadores anunciaron medidas de presión, como el paro de hoy, por lo que consideran un aumento que no está en la vía del ‘vivir bien’. Si, como se conoce, el aumento propuesto no es sino la restitución del valor adquisitivo que tenía el salario el año pasado, no estamos mejorando las condiciones de vida de los trabajadores.

 

Un poco de historia nos orientará. La hiperinflación que se desató entre octubre de 1982 y agosto de 1985, enloqueció al país. De ese tiempo es la consigna: “salario básico con escala móvil”. Era algo así como tener un cambista de moneda en cada empresa para saber cuánto se pagaba hoy, porque mañana habría que hacer otros cálculos. Ni siquiera hay que mencionar las fabulosas ganancias que tuvieron los empresarios. Sánchez de Lozada, al colocar la banda presidencial a Paz Estenssoro en 1985, con el tono socarrón que le caracterizaba en esa época dijo, en su discurso, que los empresarios debían erigir una estatua en homenaje al presidente Siles Zuazo, porque nunca habían tenido tantas ganancias.

 

Pues bien, tres semanas después de asumir el mando, Víctor Paz promulgó el decreto 21060 que estabilizó la moneda, a cambio de drásticas restricciones en la productividad del país. Miles de obreros fueron echados a la calle y el comercio menor prácticamente quedó paralizado. Entonces, el designado Ministro de Planeamiento y Coordinación, Gonzalo Sánchez de Lozada, inventó dos fórmulas: una para igualar los impuestos y otra para mantener bajos los sueldos.

 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se aplicaba en casi todos los países, pero no en Bolivia, se impuso con una tasa única de 10%, posteriormente aumentada al 13%. La explicación que dio el ministro, cuando se debatía la ley en el Congreso, fue que el Estado boliviano no tenía capacidad para controlar las utilidades de las empresas y, un impuesto igual para todos, garantizaba ingresos estables al Tesoro General de la Nación. 27 años después, parece regir la misma fórmula, porque el IUE (Impuesto a la Utilidad de las Empresas) sigue cobrándose sobre una ganancia declarada que el Estado no verifica, porque no se han creado los mecanismos para hacerlo.

 

El otro pie de esa economía impuesta por el 21060, fue el control salarial. Cada año se anunciaba el índice de inflación ocurrido en la gestión anterior y, en consecuencia, el salario era restituido en su capacidad de compra. Claro que no es cierto que fuera así. Además de subir los precios durante el año anterior, volvían a elevarse con el aumento salarial. Si agregamos la eventualidad del empleo tanto en el sector privado como en el público, se completa el marco neoliberal de la economía.

 

En el periodo que comienza en 2006, con la gestión del presidente Evo Morales, el salario mínimo ha tenido aumentos considerables que, al menos, tienen la virtud de prohibir, cuando se constata, que empresarios ilegales y explotadores, paguen miserias por trabajos agotadores. Pero, en cuanto se refiere al salario, sigue manteniéndose la regla de proponer un aumento equivalente a la inflación de la gestión anterior. Un regateo, después de huelgas, bloqueo en las calles, huelgas de hambre y otro tipo de presiones, terminan con unos puntos más que dejan, en los trabajadores, la sensación de que siguen transitando por el mismo camino que los echó a la calle.

 

Casi al mismo tiempo que el anuncio de tan magro incremento, se publican los resultados de las recaudaciones en la gestión administrativa. Los impuestos subieron en tanto por ciento, la aduana recaudó tanto más que antes, las regalías entregan fondos que superan la capacidad de gasto de gobernaciones y otras instancias de gobierno local. Pero los salarios siguen el cansino avance que impuso el régimen neoliberal.

 

Es más. El Presupuesto General de la Nacional o Ley Financiera, como quiera llamarse, muestra que las proporciones siguen siendo las mismas que hace 20 o más años. No parece que se haya hecho un esfuerzo para cambiar esa relación. El trabajador, obrero o empleado, sigue teniendo un trato restrictivo en tanto que se aumentan las partidas destinadas a la defensa y al orden público, al cumplimiento de la deuda pública y al enorme aparato que se ocupa de esa tarea.

 

Talvez, sólo como sugerencia, sería importante que los expertos del Ministerio de Economía y Finanzas, sean capaces de encontrar una fórmula que combine el índice de inflación más los índices de aumento en los ingresos fiscales, para obtener un porcentaje adecuado a los salarios. En cuanto a los empresarios, de todas maneras van a protestar.