El poder político de los pueblos indígenas del Perú —estimados en 45% de los 28 millones de habitantes— por mucho tiempo palideció en comparación con el de sus vecinos andinos de Bolivia y Ecuador.

Los indígenas peruanos están entre los sectores más pobres del país pero habitan en tierras ricas en recursos naturales, sin embargo no han logrado consolidar una agenda política que dé fuerza a su movimiento.

A diferencia Bolivia y Ecuador donde las luchas más fructíferas para consolidar el movimiento indígena proviene de los grupos andinos, en el Perú son los grupos nativos de la cuenca amazónica los que están viendo resultados a sus demandas para proteger sus tierras y medios de vida.

Desde que asumió el poder en julio del 2006, el presidente Alan García ha mantenido a toda máquina su agenda pro-empresarial, negociando tratados de libre comercio con países como Chile o China, y abriendo agresivamente la selva del país a la inversión para la exploración masiva de gas y petróleo. Es por ello que los indígenas amazónicos están en pie de lucha desde abril.

Decretos de la discordia

Una de las decisiones más controvertidas de García fue la promulgación de un paquete de 99 decretos legislativos en mayo del 2008 para ayudar a impulsar la inversión privada en el Perú, que todavía espera este año encabezar el crecimiento económico en la región. Pero los decretos, aprobados como parte del tratado de libre comercio con EEUU que entró en vigencia el 1 de febrero, provocaron la ira de las comunidades indígenas, particularmente las amazónicas.

En agosto del año pasado los indígenas amazónicos protagonizaron masivas protestas contra los decretos legislativos que flexibilizaban los requisitos para la venta de las tierras comunales. Sostenían que las normas servían para crear divisiones en sus comunidades, mientras que otros críticos de las medidas dijeron que las empresas hidrocarburíferas podrían usar incentivos financieros para persuadir a los nativos amazónicos a entregar sus tierras ancestrales.

Luego de 11 días de movilizaciones, el Congreso derogó en setiembre dos de los decretos, poco después que el gobierno subastara 17 nuevos lotes petroleros y gasíferos, muchos de ellos en la cuenca amazónica. García calificó la decisión de los legisladores como un "grave error histórico".

Pero hay otros nueve decretos que los movimientos indígenas, encabezados por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), que agrupa a 1,350 comunidades, demandan sean derogados porque los consideran inconstitucionales. También violan la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que establece la protección de las tierras comunales y la consulta previa para cualquier actividad en ellas o su venta.

El 9 de abril los indígenas iniciaron su huelga indefinida que puso una presión sin precedentes sobre el gobierno de García. Los indígenas tomaron puentes y carreteras y paralizaron el tráfico fluvial. También tomaron dos estaciones de bombeo de petróleo pertenecientes a la estatal Petróleos del Perú, lo que obligó a la empresa a cerrar el oleoducto norperuano, dejando de enviar hacia la costa crudo destinado a la exportación. La petrolera argentina Pluspetrol fue obligada a detener sus operaciones en los lotes 1-AB y 9 en el noreste del país. El 30 de mayo, manifestantes ocuparon parte de un gaseoducto en el yacimiento de gas de Camisea, en el departamento suroriental de Cusco.

El 9 de mayo el gobierno declaró estado de emergencia por 60 días sólo en las zonas donde hay inversión minera y petrolera y ordenó a las Fuerzas Armadas disolver las protestas.

"Las tierras de la Amazonia son de ustedes, de sus hijos, son de toda la nación, son de todos los peruanos y no de un grupo que viva allí", dijo García en un mensaje a la nación al cumplirse un mes de iniciadas las protestas. "Las riquezas del Perú son de todos los peruanos".

Diálogo infructuoso

A pesar de la teoría de García, la Comisión de Constitución del Congreso votó a favor de derogar el decreto 1090, la llamada Ley de Flora y Fauna, uno de los más controvertidos de los nueve que los nativos demandan sean derogados y que permite la venta de las tierras si son "de interés nacional".

Al presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, se le dio la tarea de sofocar el levantamiento, pero usó medidas duras, negándose a dialogar mientras la protesta siguiera en pie. No obstante, Alberto Pizango, presidente de AIDESEP, y Simon acordaron sentarse a discutir los decretos, así como otros temas tales como acceso a la salud y la educación de estas comunidades que viven en la extrema pobreza.

Sin embargo, las protestas han continuado y algunos miembros de comunidades indígenas amazónicas han criticado a Pizango por aceptar las negociaciones.

El procurador del Ministerio del Interior, Julio Talledo, ha entablado una denuncia penal contra él y otros cinco líderes indígenas por atentar contra la tranquilidad pública y atacar medios de transporte, comunicación y otros servicios públicos. Pizango, sin embargo, niega que con la medida de fuerza de los pueblos amazónicos se haya violado los derechos a la propiedad privada.

A pesar de estos contratiempos y que las autoridades tienen la mira puesta en los líderes indígenas, la atención está centrada en el gobierno de García, quién está tratando de salvar la imagen del Perú como la "nueva estrella" de América Latina, de ser un imán para la inversión. Pero esos temas, que por mucho tiempo han estado latentes, finalmente salieron a la superficie y los legisladores finalmente les están prestando algo de atención.

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