Aquel viejo adagio de que la justicia tarda pero llega, parece haberse cumplido en toda su extensión con el histórico fallo emitido este martes 7 de abril por la Sala Penal Especial que preside el vocal César San Martín y que condenó a 25 años de prisión al ex dictador Alberto Fujimori, por el delito de autor mediato de los crímenes de los estudiantes de La Cantuta, Barrios Altos y los secuestros de dos ciudadanos en los sótanos del SIE.

Y la justicia ha llegado no solo tras un largo juicio que duró 484 días y tuvo 161 audiencias, sino de un proceso que empezó desde hace casi 17 años, en que un grupo de familiares apenas acompañados de unos pocos organismos de defensa de los derechos humanos, decidió enfrentarse al omnipotente poder que encabezaba Alberto Fujimori y su cómplice, Vladimiro Montesinos.

17 años después, por fin la justicia ha llegado a los familiares, que de esta manera aunque tarde, han visto también reivindicados el honor y la dignidad de quienes fueron bárbaramente asesinados e injustamente acusados de terroristas. Y como lo dijo la señora Raida Cóndor, "La justicia aclaró que los estudiantes no eran terroristas. Puedo alzar la cabeza y decir que mi hijo fue Armando Amaro Cóndor", palabras sentidas y que nacen desde el fondo del alma y del corazón que solo una madre puede sentir después de haber vivido todo este largo vía crucis para alcanzar justicia.

Como también lo ha destacado otra valerosa mujer, Gisela Ortiz, a quien el destino la puso muy joven ante la colosal y desmedida tarea de buscar justicia para su hermano Enrique, esta vez la justicia peruana ha estado a la altura que la historia le exige; y por supuesto que tiene mucha más razón cuando expresa su confianza en que "estos crímenes sean una lección para que aprendamos todos los peruanos, para que esta historia no vuelva a repetirse".

Creo que este es justamente uno de los aspectos más importantes de esta histórica y necesaria sentencia, más allá de las brillantes consideraciones jurídicas que la han sustentado: que estos crímenes nunca más se repitan en nuestra y en todas las sociedades que se precien de ser civilizadas; y que como bien lo reclamaba una de las tantas campañas impulsadas por la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, esta sentencia debe contribuir a crear conciencia para que el lema de Impunidad Nunca Más, se convierta en auténtica doctrina de vida.

Como ya lo he dicho otras oportunidades, algún día la sociedad peruana, aquella en la que todavía anida las conciencias democráticas y la reserva moral de nuestro país, tendremos que reconocerle a los familiares de las víctimas de La Cantuta y de Barrios Altos, el inmenso favor que nos han hecho, al rescatar lo más noble de la justicia y de alguna manera devolvernos la esperanza en este tan vapuleado poder del Estado. Pero sobre todo por devolvernos la esperanza de que sí es posible seguir luchando con las armas de la ley y de la democracia contra todo lo que signifique violación de los derechos humanos, crimen organizado, contra toda la lacra de la corrupción y contra aquellos que pretenden erigirla en intocable e invencible en los altares del poder. La sentencia reivindica también la labor de los organismos de defensa de los derechos humanos, tantas veces incomprendida y muchas otras vapuleada.

Este 7 de abril ha sido un día donde el sol de la justicia volvió a brillar; lo que venga después esperamos que siga teniendo el mismo brillo. Por ahora y por este caso, le daremos una breve licencia a aquello de que "justicia que tarda no es justicia", porque en este caso, tardó pero llegó con todo su esplendor. 

- José A. Coronado Cobeñas

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