Montevideo.- Uruguay es un país avanzado en materia del reconocimiento de las reglas de juego para una mayor democratización de la comunicación. Empero, el Ministerio de Defensa es quien regula la actividad, y los más perjudicados parecen ser los medios que tienen posturas diferentes al gobierno. Los "legales" no son beneficiados con publicidad oficial, y los comunitarios son perseguidos a capa y espada. Uruguay consagra la libertad de expresión y comunicación en su Constitución y ha suscrito diversos tratados internacionales en esa materia. En lo atinente al permiso para sacar un medio impreso el único requisito es inscribir la publicación en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Sin embargo, el acceso al espectro radioeléctrico está bajo la órbita del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), su usufructo no se realiza por oposición y méritos ni por licitación, sino que depende directamente de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo de turno. Esta manera de actuar ha ido conformando un verdadero oligopolio en el manejo de las frecuencias radiales y canales de televisión privado. A pesar que el Estado posee medios propios, la coacción de los empresarios mediáticos, que están asociados en ANDEBU (Asociación Nacional de Broadcasters del Uruguay), ha sido tal que no han permitido que éstos prosperen y lleguen a competir con ellos. Por otro lado, están ejerciendo tal presión sobre el poder político, que el surgimiento de las radios comunitarias está siendo combatido de diversas maneras con la intervención directa de la Dirección Nacional de Comunicaciones (DNC, órgano encargado de este tema y dependiente de Defensa Nacional). Los allanamientos y el decomiso de equipos de las emisoras ciudadanas han sido una constante en estos años. Se las ha acusado de "subversivas", "piratas", "ilegales" y una larga serie de calificativos. Incluso la derecha política ha presentado proyectos de Ley que, de prosperar, penalizarían con cárcel la actividad de los animadores de las difusoras alternativas. La coacción ejercida es tal que estas radios son las únicas que han quedado excluidas del concurso organizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) con motivo del cincuentenario de la Declaración de los Derechos Humanos, casualmente denominado "Constructores de Ciudadanía. Derecho a la diferencia y espíritu de tolerancia". Tampoco los trabajadores de los medios han estado exentos de tensiones, tanto patronales como políticas, y varios profesionales han debido enfrentar y están enfrentando juicios vinculados con su actividad. A su vez, los mass media que critican la política gubernamental son los que resultan más perjudicados a la hora del reparto de la publicidad estatal, lo que determina enormemente sus posibilidades de sobrevivencia. Ante este panorama la coalición de izquierda, Frente Amplio (que cuenta con un tercio de los votos del país), ha presentado un proyecto de Ley que trata de cambiar el rumbo de la política de comunicación que de hecho se desarrolla en estas latitudes. El libre debate de las ideas. El senador frenteamplista Helios Sarthou (MPP, FA), fue el promotor de esta iniciativa, que es apoyada por toda la bancada de senadores de la izquierda parlamentaria. El proyecto ingresó en los primeros días de junio en la Cámara de Senadores del parlamento nacional. Sarthou presentó la propuesta respondiendo a la trascendencia que tienen los medios de comunicación para el sistema político y la democracia. "Que esto sea monopolizado por quienes tienen capital, que no haya fórmulas objetivas de distribución que garanticen el pluralismo, está afectando rápidamente la democracia", dijo Sarthou a ALAI. El legislador considera que hoy día el ser humano es programado por la información, y es manipulado por los medios. "Por lo que la defensa de la vida, el libre debate de las ideas, determinando un funcionamiento pluralista y democrático está ligado a los medios de comunicación". Asimismo enfatiza que responde a una situación anormal que se vive en el país. Explica que la actual legislación proviene "de la dictadura y el manejo (de los elementos de control y de convocatoria) para la apertura de llamados se ejerce desde el Ministerio de Defensa. Y en realidad ya era un incumplimiento de lo que establecía la Constitución de 1967, donde la Dirección Nacional de Comunicaciones pasaba a depender del entonces Ministerio de Transporte, Turismo y Comunicación". El planteo es producto de dos años y medio de labor, y recoge el aporte de diversos sectores de la sociedad civil. Entre otras personalidades, contó con la supervisión de José Ignacio López Vigil (coordinador regional de AMARC), que visitó Uruguay con motivo del Primer Encuentro de la Asociación. La iniciativa retoma algunos planteos de un proyecto anterior de esta fuerza política, y agrega otros puntos, como el reconocimiento de un espacio para las radios y canales comunitarios. En su exposición de motivos, la bancada de izquierda establece que para que "la libertad de comunicación se ejercite plenamente y con el más amplio pluralismo ideológico" es esencial el ejercicio democrático. Califican a la comunicación como un "servicio público"; y expresan que la actual normativa es "inorgánica, fraccionaria, y en su mayor parte se generó durante el período del gobierno de facto". Luego de estas puntualizaciones "se declara el espectro radioeléctrico como patrimonio de la Humanidad e indica que el uso del mismo debe ser realizado en forma equitativa en beneficio de la sociedad uruguaya". La propuesta consta de cuatro capítulos: se establecen Principios; se crea la Comisión Nacional de Medios Audiovisuales; se pautan los cometidos de ésta y se reconoce la existencia de medios comunitarios. Principios rectores Se instaura que el espectro radioeléctrico es patrimonio de la Humanidad para dejar en claro que "se puede controlar la responsabilidad del uso, pero no impedir su libre empleo", aclara Sarthou. El proyecto de marras admite como pilares básicos "la igualdad de tratamiento y la pluralidad de las diversas corrientes de pensamiento". Fija normas de funcionamiento para los medios. La información proporcionada debe ser objetiva, veraz e imparcial. Separar información de opinión, respetar la libertad de expresión, respetar un porcentaje de publicidad que pasan los medios masivos, y se propone la democratización de los medios "respecto a los partidos políticos y especialmente en períodos electorales". También se asegura el acceso de las asociaciones civiles, que representan diferentes sectores sociales, gratuitamente. Pauta que los medios electrónicos serán explotados por entidades públicas estatales o privadas. Además los empresarios no podrán beneficiarse, directa o indirectamente, con la explotación de más de tres medios electrónicos. Incluso se observa que las concesiones serán "absolutamente instransferibles por acto entre vivos o por el modo de sucesión". Un organismo con nuevas competencias Para dirigir la política comunicacional del país se crea la Comisión Nacional de Medios Audiovisuales de Telecomunicación, que dependerá de la Asamblea General (Poder Legislativo). Estará conformada por miembros de cada uno de los lemas partidarios con representación parlamentaria, un representante de los medios estatales, otro de los comerciales y otro de los "comunitarios", uno de la Universidad de la República y un integrante de los profesionales de los medios masivos "electo por la central de trabajadores más representativa del país". Las designaciones recaerán en ciudadanos de "reconocida capacidad técnico-profesional y solvencia moral". La DNC pasará de la órbita militar a la de Educación y Cultura, empero dicho traslado "no afectará los derechos laborales de los funcionarios", aclara Sarthou. La Comisión velará por el cumplimiento de esta ley. Al mismo tiempo le compete defender la independencia y el pluralismo; apoyar la educación, distracción y cultura de la población; propender al relacionamiento de diversos grupos y erradicar todo tipo de violencia; y estipular las condiciones para el usufructo de los medios electrónicos. Entre las condiciones de la licitación se resuelve que los permisos serán dados "en forma precaria y revocables sin derecho a indemnización y tendrán una duración máxima de 10 años". Vale consignar que durante décadas muchos medios electrónicos han sido "heredados", y siguen en manos de grupos familiares-empresariales. Se sanciona a quienes no cumplan con esta normativa, y las acciones van desde cobro de multas, y la suspensión o cese de la concesión. Se plantea que las presiones contra los profesionales por parte de los empresarios, serán penadas con las sanciones mencionadas anteriormente. Por otra parte, se elaborará un estatuto del comunicador, en consulta con las gremiales que los nuclean. Medios comunitarios Se reconoce una nueva modalidad de propiedad de los medios: la comunitaria. Su finalidad consistirá en "satisfacer necesidades de interés social y cultural de la comunidad. Los concesionarios de radios y televisión comunitarias deberán invertir en su comercialización de espacios, patrocinios, auspicios, venta de publicidad, apoyos financieros, en su adecuado funcionamiento, mejoramiento de equipos y de la programación que se transmita a través de ella "y que hagan al mejoramiento de la prestación del servicio. En el caso de las emisoras radiales explotarán ondas AM y FM. Los canales de televisión podrán ser abiertos o para abonados. Los canales cable deberán compartir el soporte físico y "no tendrán limitación alguna en cuanto a su extensión ni en cantidad de abonados". La concesión de esta modalidad es de diez años, y puede ser revocada por diez años más. No se podrán ceder, vender o arrendar los derechos de la concesión. Esto que parece de perogrullo, es una práctica muy arraigada en el país. Ecos Ante el planteo de la izquierda, el empresario Jorge Traverso, a su vez periodista y director de la difusora CX 24 Nuevotiempo, solicitó la opinión de los comunicadores, porque "hay un esquema comercial que hoy está dando la posibilidad de generar fuentes de trabajo". La gremial de periodistas (APU) advirtió que la apertura indiscriminada de medios "puede significar un golpe muy fuerte para aquellos medios que pretenden actuar de forma profesional". En la vereda de enfrente se ubican las impresiones de ECOS (Coordinadora de radios comunitarias) que consideran positiva la legislación propuesta; es "excelente" expresa a ALAI Gustavo Gómez, representante de AMARC en el país. "El planteo se inscribe en la línea de la Asociación en materia normativa", dice. Ve como un avance el reconocimiento de la propiedad civil sobre los medios y el pasaje de la DNC al ámbito cultural. Pero asegura que las perspectivas no son muy buenas, pues "es una sociedad que no está acostumbrada a debatir y pensar estos temas". A esto se suma que el próximo año se desarrollaran las elecciones nacionales, con un final incierto entre las tres principales fuerzas políticas, y con los actuales medios jugando un rol preponderante en la conformación de la opinión de los ciudadanos. Habrá que ver hasta donde prolifera este nuevo intento de poner la cascabel al gato.