Un grupo de salvadoreñas y salvadoreños que vivimos en el extranjero vemos con mucha preocupación los acontecimientos desencadenados en la primera plenaria de la nueva Asamblea Legislativa, en la que diputados oficialistas destituyeron y reemplazaron arbitrariamente a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General de la República. De esa forma, se ha aniquilado la independencia del poder judicial, condición necesaria para garantizar un Estado de leyes. La democratización política plasmada en los Acuerdos de Paz buscó, precisamente, poner las bases para un sistema judicial independiente, apegado a derecho y con jueces honrados. Un sistema que garantizara los pesos y contrapesos en el ejercicio del poder. Este equilibrio se ha roto y las consecuencias pueden ser muy graves: autoritarismo, irrespeto a los derechos humanos, limitado pluralismo, etc.

Ahora bien, este atropello era predecible; venía gestándose con claras y habituales actitudes autoritarias. Recordemos lo ocurrido el 9 de febrero de 2020: el presidente Nayib Bukele llegó a la Asamblea Legislativa apoyado por miembros del Ejército y de la Policía para presionar la aprobación de unos préstamos y acusó a los diputados de entonces de querer bloquearle los fondos para el plan de seguridad.

Frente a esta nueva crisis, salvadoreños y salvadoreñas que participamos en el movimiento social de hispanos latinos decidimos apoyar la declaración de Alianza Américas y de Latin American Working Group, donde se pronuncia una palabra crítica, solidaria y exhortativa. En la declaración se afirma que las acciones del 1° de mayo son contrarias a la ley y a la Constitución de la República, socavan la democracia y el Estado de derecho, y concentran el poder en manos de la Presidencia. Más todavía: puntualiza que “esto marca un peligroso paso atrás después de que los salvadoreños se han esforzado durante décadas por construir la paz y la democracia, luego de una dolorosa historia de dictadura militar y conflicto armado interno”.

Las organizaciones que firman el documento se solidarizan con las organizaciones de la sociedad civil que realizan el difícil trabajo de defender los derechos humanos de todos los salvadoreños y con los periodistas independientes, que, con valentía, mantienen distancia de los intereses partidistas y de las presiones gubernamentales. Y exhortan a la Asamblea y al presidente Bukele a restaurar la independencia judicial (piedra angular del Estado de derecho), volver a la senda democrática y no frenar aún más a las autoridades judiciales e instancias de control del Estado, incluida la oficina del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos.

A esta voz profética y comprometida de las organizaciones sociales, varias de ellas lideradas por inmigrantes salvadoreños, queremos sumar los criterios éticos propuestos por el papa Francisco en su encíclica Fratelli tutti, al referirse a la necesidad de una “mejor política”. El papa no duda en rechazar el mal uso del poder, la corrupción, la falta de respeto a las leyes y la ineficiencia. Advierte el peligro de caer en “insano populismo cuando se convierte en la habilidad […] para instrumentalizar políticamente la cultura del pueblo […] Cuando se busca sumar popularidad exacerbando las inclinaciones más bajas y egoístas de algunos sectores de la población”.

Para Francisco, la política puede ser un lugar aptísimo de dedicación a los otros en cuanto tiene como propósito el bien común. En consecuencia, la política no debe ser cautiva de las ambiciones individuales o de la prepotencia de grupos o centros de poder. Por eso, ante lo denomina “formas mezquinas e inmediatistas de política”, contrapone lo que, a su juicio, es la grandeza política que se muestra “cuando, en momentos difíciles, se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo”.

Así pues, la política que se necesita para que haya justicia social, económica y ecológica es aquella capaz de reformar las instituciones, coordinarlas y dotarlas de mejores prácticas. Es la política que tiene como horizonte el bien común, el respeto irrestricto de los derechos humanos, la atención al clamor de los pobres, la conversión de los liderazgos y el cultivo de la participación ciudadana, entre otros. Esa “mejor política”, según el Papa, requiere de buenos políticos que se preocupen “de la fragilidad de los pueblos y de las personas”. En esta línea, sostiene que “las mayores angustias de un político no deberían ser las causadas por una caída en las encuestas, sino por no resolver efectivamente el fenómeno de la exclusión social y económica, con sus tristes consecuencias”.

Y pensando en el futuro de la política y de los políticos, Francisco afirma que “algunos días las preguntas tienen que ser: ‘¿Para qué?, ¿hacia dónde estoy apuntando realmente?’. Porque, después de unos años, reflexionando sobre el propio pasado las preguntas no serán: ‘¿Cuántos me aprobaron?, ¿cuántos me votaron?, ¿cuántos tuvieron una imagen positiva de mí?’. Las preguntas, quizás dolorosas, serán: ‘¿Cuánto amor puse en mi trabajo?, ¿en qué hice avanzar al pueblo?, ¿qué marca dejé en la vida de la sociedad?, ¿qué lazos reales construí?, ¿qué fuerzas positivas desaté?, ¿cuánta paz social sembré?, ¿qué provoqué en el lugar que se me encomendó?’”.

Esas son preguntas que encaran el modo de hacer política e invitan a discernir su horizonte. Preguntas que invitan a la autocrítica y a no caer en el fanatismo político, la cerrazón ideológica, el afán de control absoluto y el desprecio o exclusión hacia el que piensa diferente. Siguen vigentes aquellas palabras sapienciales e interpeladoras de Jesús de Nazaret: "Los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y los grandes las oprimen con su poder. No ha de ser así entre ustedes".

Carlos Ayala Ramírez es profesor del Instituto Hispano de la Escuela Jesuitas de Teología (Universidad de Santa Clara) y de la Escuela de Liderazgo Hispano de la Arquidiócesis de San Francisco, docente jubilado de la UCA, y exdirector de Radio YSUCA.