El reciente cruce de palabras entre el líder indígena y ahora precandidato a la Presidencia Leonidas Iza y el expresidente de la República del Ecuador Rafael Correa ha levantado mucho polvo en la opinión pública, sobre todo entre aquellos miembros del espectro político autoidentificados como de izquierda. Sin desconocer que algunos de los argumentos esgrimidos por los seguidores de unos y otros son dignos de tomar en cuenta, creemos que tal vez lo más importante del asunto no es tanto lo que se está discutiendo sino, por el contrario, lo que hasta el momento no se ha dicho; o que se lo ha dicho de forma marginal.

Pareciera ser que lo expresado por ambos bandos resulta, en primer lugar, de la frustración de las expectativas de un acercamiento recíproco que se generaron a raíz de la movilización de octubre del año pasado; una movilización que tuvo como protagonistas tanto a sectores indígenas como a un amplio espectro de los sectores medios y populares del país, una parte de los cuales se identifican con el proyecto de la Revolución Ciudadana.

Sin bien es necesario analizar las razones coyunturales y profundas del desencuentro entre las fuerzas políticas referidas, en lo que sigue nos gustaría reflexionar sobre un aspecto que, al calor del debate, parece estar ligeramente desenfocado. No poco de lo que se ha dicho desde ambas orillas de la polémica parte de un supuesto: que en el país habrá elecciones presidenciales en febrero y que todas las fuerzas políticas estarán en posibilidad de presentarse a la contienda y, por tanto, eventualmente buscar alianzas electorales. Sin embargo, lo anterior no es sino eso: un supuesto que no necesariamente hay que dar por sentado. Y no es posible asumirlo así precisamente por lo qué está en juego en el país.

A diferencia de otro momento, cuando en el campo de la izquierda los principales debates giraban en torno a los alcances y límites de la gestión gubernamental de un proyecto con pretensiones posneoliberales (y habrá que dejar para otro momento la necesaria evaluación de tan complejo asunto), en los días que corren lo que está en juego es algo mucho más apremiante y decisivo: la posibilidad misma de que, en las actuales condiciones, el Ecuador pueda existir como un país con las mínimas capacidades de gestión de su propio destino.

La ofensiva que está en marcha se despliega en múltiples frentes pero tiene tal vez dos objetivos centrales: a) la rápida apropiación de las riquezas públicas y privadas (salarios, ahorros, fondos de pensiones, recursos naturales, empresas públicas, etc.) a manos de un puñado de grupos sociales históricamente depredadores de la riqueza social (banqueros, tenedores de bonos, transnacionales); y b) impedir a toda costa que la sociedad ecuatoriana pueda utilizar libremente su voto como instrumento de lucha para demandar un rumbo diferente al de las élites carroñeras.

Desde el punto de vista de esos grupos de poder, cada vez parece más claro que no podrán continuar con su primer objetivo si no se aseguran del segundo: cuando los procesos electorales son más o menos libres y existen fuerzas políticas con proyectos anti elitistas con amplio respaldo popular, la posibilidad de que los grupos de poder sean desplazados del control del aparato estatal se torna real. La historia de América Latina está plagada de ejemplos de cómo, de una u otra manera, tales grupos han cerrado violentamente la puerta de acceso al poder político a los sectores populares: golpes duros y suaves; proscripción de figuras o de fuerzas políticas; persecución de opositores...

Como lo muestra el caso boliviano, tales prácticas no han desaparecido del mapa de Nuestra América. El terror de las élites a los proyectos democrático-populares que son capaces de ganar en las urnas los orilla a recurrir al viejo y conocido expediente de cercenarle a los pueblos sus instrumentos pacíficos de lucha; a violentar el Estado de derecho y a imponerse mediante la fuerza más o menos desembozada. Ese y no otro parece ser el escenario que se configura en el Ecuador contemporáneo. Y sobre este escenario nos toca pensar, debatir y actuar.

Antes que desgarrarnos las vestiduras por improbables alianzas electorales, parece prioritario que todas las fuerzas políticas y sociales que reclaman otro rumbo para el país concentren sus energías en denunciar un golpe electoral que ya está en marcha, al tiempo que organicen a la población para resistirlo. Lo mínimo que nos podemos auto demandar desde el campo progresista es dejar para otro mejor momento las agrias polémicas sobre nuestras diferencias y reconocer que, en las actuales circunstancias, lo más importante es mantener la posibilidad abierta para que todas nuestras organizaciones tengan la oportunidad seguir haciendo política (electoral y no electoral) sin temor a ser proscritas, perseguidas, encarceladas. Si no logramos mantener esa puerta abierta, todos habremos perdido; remontar ese tipo de derrotas nos tomará mucho tiempo e implicará mucho dolor para la mayoría de los ecuatorianos.