El periódico mexicano La Jornada publicó (15.10.19) un texto de la abogada Magdalena Gómez sobre los acontecimientos recientes en el Ecuador: Triunfo de la insurrección indígena ecuatoriana. Consideramos pertinente hacer públicas algunas reflexiones respecto a lo que allí se plantea y, de paso, brindar otra información relevante para el análisis.

Efectivamente, como sostiene el título del texto de marras, se trató de una insurrección que, si bien tuvo como protagonista más visible al movimiento indígena y como epicentro a Quito, implicó a un amplio conjunto de sectores populares y capas medias a nivel nacional. El que la CONAIE haya sido prácticamente la única interlocutora con el gobierno hasta el momento (entre otros factores por su amplia capacidad de movilización) puede conducir a una interpretación sesgada de lo que aconteció en estos últimos días. Si bien la columnista sostiene que participaron otros actores políticos y sindicales, su texto no logra dar cuenta de la naturaleza masiva de las protestas en las que se vieron involucradas decenes de miles de personas, no necesariamente militantes de alguna organización política o social. Fue una insurrección de eso que se ha dado por llamar la multitud dirigida no exclusivamente contra el decreto 883 que liberalizaba el precio de los combustibles, sino contra la deriva neoliberal del gobierno de Moreno en consonancia con el FMI.

Por otro lado, la autora repite casi a pie juntillas el discurso gubernamental respecto al rol del correísmo en las manifestaciones: “La energía y voluntad indígena se cruzó con la intervención del correísmo enarbolado por el ex presidente Rafael Correa, que buscó aprovechar este levantamiento para alimentar su aspiración a retomar el control del país”. No parece ser el caso. Es verdad que no pocos hombres y mujeres de las amplias bases sociales del correísmo participaron en las protestas; pero lo hicieron con mucha más autonomía de lo que se pudiera creer, centrando su movilización en la oposición a la presencia del FMI en el país. Además, las consignas generalizadas que pedían la salida de Moreno, no pueden ser simplemente interpretadas como la instrucción que desde Bélgica confabuló el expresidente Correa, sino como un síntoma más o menos generalizado de que amplias capas de la población (correístas y no correístas) están hartas de las políticas neoliberales del actual mandatario. Los llamados públicos a la vuelta de Correa así como las imágenes del madatario estuvieron significativamente ausentes durante las manifestaciones.

En lo que concierne a la caracterización del triunfo de la revuelta, ésta debería ser matizada, en al menos dos sentidos:

a) Si bien es destacable que el decreto 883 haya quedado sin efecto, la sumisión de Moreno al FMI no parece haber disminuido, mientras se celebra la victoria, el gobierno prosigue con un agresivo plan de reformas laborales en clave precarizadora así como con otros decretos deliberadamente puestos en segundo plano mediatico que mandatan la privatización de empresas públicas (cementera, banca pública, etc.);

b) Ante la agresiva politica represiva destada durante estos 11 días, la mayor que se recuerde en décadas, el gobierno no solo que no ha ofrecido ningún tipo de disculpa ni reparación, sino que ha legitimado el actuar de la policia y el ejército, de la Ministra del Interior y el Ministro de Defensa, manteniendo la tesis de la intervención externa implicando al ex presidente Rafael Correa, al gobierno venezolano y a la guerrilla de las FARC, entre otros. Discurso represivo que no se matizó, nisiquiera durante los “dialogos de paz”.

Ahora vemos como se ha desatado una persecución selectiva contra dirigentes, militantes y simpatizantes del correísmo sin fundamento legal alguno, con la única finalidad de destruir por la vía del terror y la judicialización de la política (Lawfare) a una fuerza social que aún es grande en el país y no puede ser reducida a su liderzgo. En este sentido, ni bien se llegaba al acuerdo con la CONAIE, el gobierno comenzó a girar órdenes de detención contra líderes de la Revolución Ciudadana, una de las cuales se tornó en la captura de la Prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pabón, así como en el cierre (esto durante el paro) de la radio pública de la misma provincia, una de las pocas radios de gran alcance con una perspectiva no oficialista. En este mismo orden, otros líderes de ese mismo movimiento han tenido que pedir asilo político en la Embajada de México en Ecuador por temor a ser judicializados sin fundamento alguno; eso sin mencionar el allanamiento a la sede de ésta organización.

Agresión a periodistas

Finalmente, de acuerdo a la información que circula en la prensa digital no hegemónica, al 14 de octubre, 63 personas (líderes indígenas, militantes de diversas organizaciones políticas, integrantes de las comunidades eclesiales de base) habían sido denunciadas por la Fiscalía por diversos delitos relacionados con su participación (real o supuesta) en el paro. Lamentablemente, el acuerdo público entre el gobierno y la CONAIE se limitó a la derogatoria del gasolinazo y la redacción de un nuevo decreto que lo sustituya: más allá de la denuncia, no se alcanzó a firmar ningún compromiso que apunte a deslindar las responsabilidades gubernamentales por el uso excesivo de la fuerza (hasta ahora 8 muertes confirmadas; 1340 heridos; 1330 detenidos) ni tampoco sobre las garantías mínimas para que cesen los procesos de persecución.