El 30 de setiembre de 2019 podría ser recordado en el Perú como el día en que se cruzó el rubicón con el cierre del Congreso de la República y la apertura de un proceso que ojalá continúe con la elección de una Asamblea Constituyente y la aprobación de una Nueva Constitución. Se trata de terminar con las consecuencias del golpe del cinco de abril de 1992 que cerró las instituciones de la época e impuso su propia constitución, que continúa hasta el presente, e iniciar un nuevo período para el Perú.

El cierre del Congreso de la República no es cualquier cosa. Es el cierre de una institución que ha negado reiteradamente la confianza al Poder Ejecutivo y encarna la quiebra moral de un orden que ha hecho de sus prácticas corruptas la forma de manejar la democracia. ¡Ojo! Cuando hablamos de una quiebra moral no hablamos de una cuestión banal, sino de un quiebra profunda que deja desnudo al régimen al mostrar su podredumbre y de esta manera herir mortalmente la legitimidad de su mandato. El hartazgo ciudadano mostrado en cada sondeo de opinión en el último, por lo menos año y medio, y en decenas de manifestaciones en todo el Perú, culminadas ayer en la Plaza Bolívar, es prueba patente de ello.

El cierre, sin embargo, no es un hecho revolucionario, ha sido realizado por un Ejecutivo que pretende reformas, en el marco de este régimen político, es decir que no supera los límites del poder constituido por la constitución imperante. Por lo tanto, hay necesidad de aprovechar la oportunidad, que es una solución parcial, para plantear una solución de fondo, que no es otra que la solución constituyente.

Esta supone un coraje especial porque la solución constituyente no fluye del régimen anterior sino requiere de una ruptura con el mismo, justificada por el devenir de los acontecimientos que demuestran la inutilidad de las salidas anteriores y la urgencia de soluciones integrales para el país. Las rupturas, sin embargo no suceden automáticamente, requieren de actores: líderes, partidos y frentes, que las pongan como el eje de su táctica. Para estos actores no será fácil lanzar una iniciativa de este tipo porque desde el sistema –políticos, partidos y medios adversos– la estigmatización va a ser inmediata, tratando de identificar la iniciativa con el chavismo o peor aún con algún régimen comunista supérstite.

Hay una primera etapa, entonces, en el proceso constituyente en que hay que evitar el cerco que van a tratar de tender los defensores del orden actual desarrollando acciones en dos sentidos. Primero, refiriéndose al origen histórico viciado del actual orden constitucional que se basa en la represión a los movimientos sociales y el bloqueo a los partidos políticos progresistas y segundo, señalando cómo la nueva propuesta surge del fracaso de la actual constitución para cuestiones fundamentales como la descentralización, el desarrollo económico, el bienestar social y las relaciones Ejecutivo–Legislativo; todas ellas que apoyan un orden en el que los derechos se entienden como privilegios. De esta manera, teniendo clara la necesidad de una nueva constitución, es que podremos lograr que esta pase a ser parte central de la agenda pública nacional. La puesta en escena del debate será el inicio del momento constituyente.

Las elecciones legislativas de enero próximo no pueden tener entonces otro objetivo que no sea el de convertir ese congreso en Asamblea Constituyente, para que los peruanos seamos capaces de revertir la declaración de guerra contra el pueblo que fue la constitución de 1993, por un acuerdo de paz, que se plasme en una Nueva Constitución.

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