En secreto y sin mandato parlamentario están en curso negociaciones comerciales entre la Unión Europea y los Estados Unidos, que podrían crear un TTIP por la puerta trasera.

Bruselas y Washington están buscando un acuerdo para eliminar los aranceles en bienes industriales y avanzar en la “cooperación reguladora”, un nombre engañoso que disfraza un mecanismo que reduce la capacidad normativa de los Estados y otorga poderes sin precedentes a las grandes empresas para influir en la gestión de nuevas leyes o regulaciones.

La comisaria de comercio de la UE, Cecilia Malmström, se reunió el pasado 14 de noviembre en Washington con el Representante de Comercio de los Estados Unidos, Robert Lighthizer para avanzar en las negociaciones comerciales entre ambas potencias, que fueron lanzadas en julio.

Tras el encuentro del presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se creó un “grupo de trabajo ejecutivo” para explorar la posibilidad de negociar un acuerdo comercial y “trabajar juntos hacia aranceles cero, cero barreras no arancelarias y cero subsidios para bienes industriales no automotrices”. 

“Hoy es un gran día para el comercio libre y justo”, proclamó Trump tras concluir aquella reunión. ¿Recuerdan cuando la Comisión Europea —igual que PP, PSOE y Ciudadanos— equipararon las campañas de la sociedad civil #StopTTIP o #StopCETA con Trump para descalificarles? La frase de Trump no sólo hace intuir que representa el mismo capitalismo feroz e inhumano defendido por la UE, las críticas europeas al inquilino de la Casa Blanca resultaron ser una cortina de humo para desmovilizar. La realidad es que la UE defiende una alianza con Trump. 

Entre los lobbies corporativos en Bruselas hay una creencia de que después de las elecciones legislativas estadounidenses (midterm, en las que la guerra comercial con la UE estaba ausente), la administración de Trump seguirá interesada en un trato “TTIP ligero” (referencia al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión que ambas partes negociaron a partir de 2013 y quedaron “congeladas” por las movilizaciones en contra) por las crecientes tensiones con China. 

Un acuerdo comercial sobre productos industriales “podría negociarse bastante rápido”, dijo Malmström. Las dos partes aún deben ponerse de acuerdo sobre el contenido, agregó. También están discutiendo sobre la cooperación reguladora y el aumento de las importaciones europeas de gas natural licuado y soja, dos asuntos con gravísimos implicaciones socio-ambientales aunque ahora dependen más de los comportamientos de los mercados que de las promesas políticas. 

El gobierno de los Estados Unidos inició en octubre un proceso para solicitar al Congreso la autorización para negociar con la UE. Si Lighthizer recibe la luz verde de la Cámara de Representantes y del Senado (algo que no ocurre en Europa) comenzaría el proceso para identificar el marco de dicho acuerdo (ejercicio sobre el alcance), y entonces también la Comisión Europea tendrá que pedir un mandato a los estados miembros (no a los parlamentos, desgraciadamente). 

“No tenemos una fecha límite formal, y no quiero darle una fecha, pero ahora estamos trabajando muy rápido”, dijo Malmström sobre esas discusiones. “Podría haber decisiones ya [a principios] del próximo año”. 

Uno de los grandes peligros es que según Malmström la negociación sobre “cooperación reguladora” no necesitaría un mandato, sin embargo afectaría temas muy sensibles como la seguridad alimentaria y la salud. 

El Consejo de la UE acordó tener listo el mandato en enero

La reunión de ministras y ministros de comercio de los Estados miembros de la UE (Consejo de la UE), discutió el pasado 9 de noviembre el programa de trabajo con la Casa Blanca (acordado en julio). “La UE ganó tiempo”, dijo Margarete Schramböck, ministra austriaca para asuntos digitales y económicos. “Deberíamos otorgar a la Comisión Europea un mandato claro en enero”, dijo. “Nuestra base para el mandato es la declaración conjunta entre Trump y el presidente Juncker en julio”, añadió Schramböck. 

Si observamos las prioridades de la Comisión Europea en las reuniones con EE UU, podemos presagiar que está representando sobre todo a la poderosa industria automovilística para evitar que Trump imponga aranceles a los vehículos europeos. 

La administración de Trump discute en la actualidad las recomendaciones preliminares del Departamento de Comercio de los Estados Unidos sobre su investigación de seguridad nacional respecto a las importaciones de automóviles y camiones bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión de Comercio de 1962, que ahora están siendo revisadas por varias agencias federales y que podrían llevar a la imposición de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos, similares a los que aplicó en marzo al acero y al aluminio. La administración Trump utiliza estas amenazas como método de chantaje para lograr ventajas en las negociaciones, mejores condiciones para sus empresas y en últimas instancias para sus élites. 

La visita de Malmström a Washington se tensó porque Estados Unidos exige incluir la agricultura, un tema que según la comisaria colapsaría las conversaciones (aunque sí incluye de facto las importaciones de soja transgénica). Sin embargo, una filtración de octubre revela que la UE está dispuesta a negociar la seguridad alimentaria con Trump. La Comisión Europea menciona explícitamente los alimentación como área para “cooperación reguladora” con EE UU y no excluye áreas sensibles (transgénicos, carne hormonada). 

Las negociaciones para permitir a EE.UU. exportar a Europa una cuota de 45,000 toneladas de carne no hormonada “avanzaban rápidamente”. La UE quiere cerrar este tema antes de fin de año. La renegociación es parte de un proceso de revisión de una cuota otorgada por la UE a los miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) luego de la decisión de prohibir carne tratada con hormonas. Si las negociaciones fracasan, EE.UU. podría introducir nuevos aranceles como represalia sobre una variedad de productos de la UE. Hay quien duda de la compatibilidad con las reglas de la OMC al establecer un acuerdo sólo para EE.UU., cuando debería aplicarse a todos los miembros de la OMC. 

OMC: ¿Adónde vas?

El Consejo de ministras/os de comercio abordó también los trabajos en curso relativos a la “modernización” de la Organización Mundial del Comercio (OMC), uno de los principales organismos internacionales causantes de injusticias, desigualdades y de la actual crisis multidimensional.

Los gobiernos europeos han expresado su apoyo a las propuestas de la Comisión de “reforma rápida y ambiciosa del funcionamiento del Órgano de Apelación de la OMC” para resolver el actual bloqueo en el proceso de nombramiento de nuevos jueces. Asimismo han “acogido con agrado” la reciente propuesta conjunta UE-Japón-EE UU sobre la notificación de las medidas comerciales por parte de los miembros. Cuando se trata de hacer un frente común contra China, se observar las coincidencias entre las élites occidentales más allá de la retórica. 

Se suele omitir que las reglas de la OMC, que defiende la UE, sirven básicamente a los intereses de las multinacionales, violan el derecho internacional de los derechos humanos y laborales, destruyen el clima y causan la muerte prematura de millones de personas por las políticas agrarias, que causan hambre, o los patentes farmacéuticas, que impiden el acceso a medicamentos a las personas enfermas por falta de dinero, entre otras razones. La OMC también socava el desarrollo local y la democracia. 

Más tratados neoliberales en curso 

El último Consejo de la UE sobre comercio ha revisado asimismo la situación en que se encuentran un importante número de negociaciones bilaterales en curso, en particular las que se llevan a cabo con el Mercosur, Indonesia, Chile, Australia, Nueva Zelanda, China y Túnez. Además el Consejo ha sido informado de los avances más recientes en los debates sobre el proyecto relativo al Tribunal multilateral de inversiones, un intento de la UE para re-legitimar y expandir el controvertido sistema de protección de inversionistas y los tribunales de arbitraje de inversiones conocido por sus siglas ISDS (mecanismos de solución de controversias entre inversores y Estados). 

Los gobiernos, incluido el español —representado por la Secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez—, han reiterado su apoyo al programa comercial neoliberal y antidemocrático de la Comisión Europea. Ningún estado miembro ha instado a introducir cambios e impulsar una nueva política comercial “progresista, que aspire a conseguir que el sistema mundial de comercio sea más transparente y democrático, que beneficie a la mayoría y no solo a unos cuantos”, tal como ha planteado el Grupo Parlamentario Socialista en su proposición no de ley del 27 de septiembre. 

Una vez más constatamos que la retórica del PSOE es puro humo. El gobierno del PSOE actúa con la misma opacidad y la misma política comercial que el gobierno Rajoy. En la página web y las redes sociales del ministerio o de la Secretaria de Estado de Comercio no hay información de la posición española en el Consejo de la UE ni la reunión de Méndez con la comisaria Malmström en Bruselas. 

Sabemos que el Consejo de la UE ha “tomado nota” de la reciente adopción de las propuestas de la Comisión relativas a la firma y la celebración de acuerdos comerciales y de inversión con Vietnam y los órganos preparatorios han iniciado ya el estudio de ambos acuerdos. El gobierno de Pedro Sánchez debería vetar este tratado porque es incoherente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y perjudicaría especialmente a la pequeña agricultura familiar, abriría el sistema eléctrico vietnamita a compañías europeas, pondría en peligro el acceso a medicamentos y asignaría al país el rol de exportador de productos de bajo valor agregado. Aparentemente, el Parlamento Europeo está inclinado a no ratificarlo por las violaciones de los derechos laborales en el país asiático. 

Frente a la retórica vacía, debemos desenmascarar la agenda real impulsado por la Comisión Europea y el ejecutivo del PSOE que sólo busca defender los beneficios de las grandes empresas con nuevos tratados con Japón, Singapur y Vietnam, mientras se niegan a defender los derechos humanos en Naciones Unidas en las negociaciones de un instrumento vinculante sobre empresas transnacionales. 

Urge entonces un debate parlamentario y público para revivir el espíritu de las movilizaciones contra el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP). Porque los acuerdos de comercio de la UE, que afectan a cientos de millones de personas en setenta países, están suprimiendo cada día protección laboral, social y medioambiental. 

Tom Kucharz

Investigador y activista. Miembro de ecologistas en acción y de la campaña “no a los tratados de comercio e inversión”