Intag: Una comunidad luchando por la vida
23/07/2007
- Opinión
Desde hace varios años, los campesinos de la zona de Intag, región centro norte del Ecuador, luchan contra las transnacionales mineras que pretenden apropiarse del cobre y otros minerales. Una de ellas, la empresa canadiense Ascendant Exploration, para conseguir sus propósitos mercantiles, ha cometido una serie de agresiones en contra de la población: maltratos físicos, amenazas de muerte, persecuciones, calumnias, presentación de acciones judiciales con causas falsas en contra de dirigentes comunitarios, intimidaciones con armas de fuego.
1.- ¿Qué es Intag?
La zona de "Intag" no corresponde a una división geopolítica convencional del Ecuador, es una forma informal de denominar un sector de nuestro país. Esta zona es un valle que toma el nombre del río que lo baña.
La zona de Intag cuenta con, aproximadamente 1680 Km2 de superficie, comprende 7 parroquias rurales; 6 de las cuales pertenecen a la jurisdicción política del cantón Cotacachi (Apuela, Cuellaje, García Moreno, Plaza Gutiérrez, Peñaherrera y Vacas Galindo) y una séptima a la jurisdicción del cantón Otavalo (Selva Alegre), ambos cantones de la provincia de Imbabura en la región centro norte del Ecuador.
La zona de Intag comprende casi toda la cordillera del Toisán, forma parte de uno de las regiones más importantes de nuestro planeta conocida como la Provincia Florística o Bioregión del "Chocó" que se extiende desde el sur de Panamá, Colombia y el noroccidente del Ecuador, está catalogada como una de las 10 regiones más importantes en el mundo desde el punto de vista biológico.
E. O Wilson, de la Universidad de Harvard, clasifica a estos bosques como unos de los más biológicamente diversos y amenazados en el mundo y pide su protección contra actividades mineras. El citado autor afirma que los bosques del occidente del Ecuador, son unos de los mas extraordinarios "hot spots" del mundo, que está entre los ecosistemas mas amenazados actualmente con menos del 10% de su extensión original, albergan una cantidad excepcionalmente alta de especies no encontradas en ninguna otra parte del mundo.
La Reserva Ecológica Cotacachi - Cayapas (RECC) abarca una extensión de 204.420 hectáreas dentro de las provincia de Imbabura y Esmeraldas; y, es parte del Sistema Nacional de Areas Protegidas del Ecuador. Fue declarada como tal el 29 de septiembre de 1968 y delimitada en forma definitiva en 1979.
Los bosques de Intag, particularmente de Junín albergan una extraordinaria cantidad y diversidad de animales y plantas - incluso algunas en peligro de extinción - propias de esta región biológica ya descrita en este capítulo. Además, estos bosques cumplen una función de protección de numerosas microcuencas que conforman la cuenca del Intag que se prolonga hasta la costa ecuatoriana.
En la accidentada topografía de la extensa zona de Intag nacen numerosas vertientes, quebradas, riachuelos y ríos limpios y cristalinos, que se originan en la "ceja de montaña" y estribaciones de la cordillera de Toisán. Este sector es uno de los más ricos en el contexto nacional en lo que a recursos hídricos se refiere.
2.- El atraco minero
La exploración de minerales metálicos en el área de Junín, se inicia a principios de la década de los 1990, con la llegada de Bishimetals. Junín es una comunidad ubicada en la zona de Intag, caracterizada por bosques nublados y fincas, con una extensión de 2,200 km 2 en el noroccidente del Ecuador (cantón Cotacachi, provincia de Imbabura).
Bishimetals, una subsidiaria de la corporación transnacional japonesa Mitsubishi, recibió dinero de la Agencia Japonesa para la Cooperación Internacional (JICA, siglas en inglés) a fin de llevar a cabo actividades de exploración mineralógica en las concesiones mineras de Junín-Cuellaje en la cordillera de Toisán.
Bishimetals descubrió yacimientos de minerales en tres de las siete parroquias de Intag. Según la JICA, las áreas mineralizadas en la cordillera de Toisán contienen 318 toneladas de mena de cobre, en una concentración de 0,7 por ciento. O sea, al abrir una mina de cobre en Junín, se producirá un total de 2,26 millones de toneladas de cobre puro. Además, existe molibdeno en una concentración de 0,03 por ciento y vestigios de oro y plata. Esta cantidad no satisfaría ni por un año las necesidades de China, cuyos ciudadanos consumen tres millones de toneladas cada doce meses, y tampoco las necesidades de los Estados Unidos, que consume 2,3 millones de toneladas anuales.
Según los científicos de la Bishimetals, una mina de cobre produciría severos impactos ambientales y sociales en Junín. El cobre se encuentra debajo de comunidades agrícolas y bosques primarios que lindan con la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, según el EIS preliminar elaborado por la JICA, los bosques, fincas y fuentes de agua en toda la cordillera de Toisán serían severamente impactados por una mina de cobre. Entre los impactos pronosticados por los científicos de los japoneses constan los siguientes:
1. Deforestación masiva que llevaría al secamiento del clima y la desertificación.
2. Contaminación de fuentes de agua con plomo, arsénico, cadmio y cromo (metales asociados con el cobre), en cantidades hasta 100 veces superiores a los índices naturales en dichas fuentes de agua.
3. La desaparición de docenas de especies de aves, mamíferos y reptiles en peligro de extinción en la zona.
4. Impactos a la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas
Además, los científicos de la JICA pronosticaron una serie de impactos sociales, entre otros:
1. “Reubicación” de por lo menos 100 familias de cuatro comunidades cuyas fincas están en el sitio de la mina propuesta y la infraestructura requerida.
2. Creación de un pueblo minero de 6000 habitantes (los centros poblados más grandes de Intag son los centros parroquiales, cada uno con menos de 500 habitantes).
3. Aumento en la delincuencia y los accidentes de tránsito.
4. Aumento en el alcoholismo.
Estos impactos se basaron en una cuarta parte del total de cobre que la empresa Bishimetals encontró- por lo tanto, consideramos que los impactos serán mayores, y que al menos 6 comunidades serán directamente impactadas.
En vista de estos perjuicios que la actividad traería a la comunidad, el 15 de mayo de 1997, la intervención de unas 200 personas de 7 comunidades de Intag, obligaron a la Bishi Metals a dejar la zona. En septiembre de ese año Cotacachi, cantón al cual pertenece políticamente la zona de Intag, fue declarado “Cantón Ecológico”.
El 20 de diciembre de 2002, Roque Bustamante, socio del estudio Bustamante & Bustamante, ex presidente de la Cámara de Minería y miembro de la cámara de comercio ecuatoriano-canadiense, recibió la adjudicación de las concesiones Golden 1 (# 401447) y Golden 2 (# 401448), de 2,461.51 has. y 2,443.05 has., respectivamente1.
En los trámites de adjudicación, Roque Bustamante gastó un total de 25.545,73 dólares. El 29 de marzo de 2004 cedió sus títulos mineros a la empresa Ascendant Exploration S.A. Ascendex a cambio de la suma anual de 25.000 dólares, dicho pago se suspenderá el momento en que Roque Bustamante empiece a percibir el 2,5% de la producción bruta de las concesiones (nunca podrá recibir menos de 25.000 dólares) (2) Roque Bustamante o algún otro miembro de su firma legal aparecerán como abogados de la Acendant Copper en innumerables documentos.
El 2 de diciembre de 2004, la compañía Ascendant Esploration S.A. Ascendex obtiene el título minero de la concesión Magdalena (# 401841), de 4.600 has. El 24 de febrero de 2005 la mencionada compañía cede sus derechos mineros a la Ascendant Copper.
Las tres concesiones componen el llamado “proyecto Junín”. Para iniciar cualquier tipo de actividad la Ascendant Copper requiere la aprobación de los estudios de impacto ambiental, dicha aprobación ha sido negada por la falta de participación de las comunidades afectadas.
En abril del 2004 una vez obtenidas las concesiones Ascendant Exploration cometió una serie de agresiones en contra de la población: maltratos físicos, amenazas de muerte, persecuciones, calumnias, presentación de acciones judiciales con causas falsas en contra de dirigentes comunitarios, intimidaciones con armas de fuego.
El 23 de julio de 2004, aproximadamente a las 10 a.m. entre las localidades de Charguayaco Bajo y Loma Negra, en la parroquia García Moreno, el Presidente del Comité de Desarrollo de las Comunidades de Intag, Polibio Pérez fue amenazado de muerte por el exdiputado y allegado a la compañía, Ronald Andrade, quien portaba y exhibía una arma de fuego. Además, uno de sus guardaespaldas golpeó al dirigente comunitario contra el vehículo en que se transportaban. Según el periódico comunitario de Intag, basado en noticias publicadas en varios medios de comunicación, Ronald Andrade tendría vínculos con el narcotraficante Oscar Caranqui (3).
El 22 de octubre del 2004, trabajadores de la Ascendant, realizaron trabajos de excavación en la zona límite las comunidades Cerro Pelado y Junín, sin el permiso debido y una vez mas sin informar a la comunidad. En este mes además un dirigente campesino y José Serrano, integrante del Centro de Derechos Económicos y Sociales, enfrentaron una acción judicial interpuesta por César Villacís, por supuestas injurias expresadas durante una entrevista realizada por la radio La Luna. Por otro lado la compañía interpuso un juicio por injurias calumniosas en contra del periódico comunitario de Intag.
La adquisición de tierras por parte de la Ascendant se hizo mediante dos modalidades: una compra directa a campesinos con “precios atractivos” y la compra a traficantes de tierra, pues a partir de este proceso introducido por la empresa, se hacen presentes invasores y traficantes de tierra. Varias de esas transacciones son ilegales, ya sea porque se otorgaron nuevos títulos sobre otros existentes o porque se titularon tierras con nuevos y falsos posesionarios, contando con el apoyo del INDA, que otorgó títulos sin mediciones ni consulta a los posesionarios tradicionales.
Una buena parte de las tierras compradas ilegalmente incluye cientos de hectáreas de posesión de la comunidad de Junín. Estas tierras forman parte de su reserva comunitaria, la cual ha sido manejada como parte del proyecto de turismo comunitario desde 1998.
Como resultado de estas acciones, en octubre de 2005 el INDA decidió investigar cómo habían sido adquiridos algunos de los títulos de propiedad de quienes estaban vendiendo tierras a la empresa, y ya se ha instaurado un proceso penal por la falsificación de la firma de una autoridad del INDA.
3.- La resistencia de Intag
Después de casi 2 años de atropellos, amenazas, intimidaciones y todo tipo de abusos, activistas comunitarios incendiaron el campamento de Ascendant Copper Corporation, ubicado en la comunidad de Chalguayacu Bajo, el 10 de diciembre 2005. Los cerca de 300 moradores provenientes de las comunidades aledañas al proyecto minero asumieron la responsabilidad por el hecho. La empresa inmediatamente falsamente acusó a 24 campesinas y campesinos de hechos que jamás ocurrieron en la acción colectiva
Durante los meses de marzo, abril y mayo del 2006 técnicos y guardaespaldas de la empresa Daimi Services incursionaron en la zona, tratando de elaborar un estudio de impacto ambiental, provocando a la población como resultado se produjeron enfrentamientos entre las personas vinculadas a la empresa y unos 30 pobladores (principalmente mujeres) de Chalguayaco Alto y Junín.
Hasta marzo de 2006, la empresa no había entregado el estudio de impacto ni los términos de referencia para la socialización del mismo,1 (lo cual contradice el dato difundido por la empresa, de que el estudio de impacto ambiental está en el centro poblado de García Moreno, a disposición de las y los pobladores).
El 20 de mayo de este año 2006, los representantes de las siete juntas parroquiales de García Moreno, una vez más tomaron por decisión de la comunidad continuar con el proceso de oposición a ala actividad minera en Intag.
Las comunidades en el área minera y en la zona entera están creando alternativas a la minería. Por ejemplo, la DECOIN ha comprado a nombre de la comunidad de Junín una reserva de más de 3,000 hectáreas; la reserva es la base del proyecto de turismo ecológico comunitario (y se ubica encima del yacimiento de cobre). Cincuenta hombres y mujeres pertenecientes a dos comunidades manejan el proyecto.
Los caficultores de Junín y otras comunidades se han unido para crear la AACRI, cuyos miembros benefician al vender su café en mercados justos. Estos son dos de los múltiples proyectos sustentables impulsados por las inteñas e inteños en respuesta a la amenaza minera. Estas iniciativas se enmarcan dentro del modelo de desarrollo sustentable en proceso de crearse en el cantón Cotacachi.
Entre otros proyectos destacan el manejo de 50 cuencas de protección, el manejo de 25.000 hectáreas de bosque, reforestación, agroforestería (café, frutas y maderables), turismo comunitario, elaboración de artesanías y cosméticos.
Actualmente las comunidades desarrollan un proyecto de mini centrales hidroeléctricas, que generaran 60 megavatios. Se gestionará por una empresa comunitaria y las ganancias se reinvertirán en salud, educación y vialidad.
Los empleados de Ascendant Copper tratan de boicotear el proyecto de varios años de campesinos que conforman el AACRI, mediante la compra de café a pequeños productores.
4.- La agresión de la Ascendant Copper
Los juicios penales en contra de los habitantes de Intag
Una de las principales preocupaciones, para organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es la utilización de la justicia penal como medio de intimidación a defensores de derechos humanos y líderes comunitarios.
Una de las estrategias que utiliza la empresa Ascendant Copper, para fomentar la división de la organización social, es iniciar juicios infundados en contra de líderes y miembros de las comunidades en resistencia, de defensores de derechos humanos y de autoridades locales que apoyan a las comunidades.
Las denuncias presentadas ante la fiscalía de Ibarra (4)
Caso 196-04
Fecha de la denuncia.- 27-12-2004
Imputados.- Mary Ellen Fieweger, Periódico Intag
Delito.- Injurias calumniosas
Estado actual del caso.- Archivado tras una audiencia de conciliación en el que el abogado presentó un alegato que demostró que la denuncia era infundada.
Observaciones.- Se reclamaba un millón de dólares.
Caso 3348-04
Imputados.- Polibio Pérez, Víctor Hugo Ramírez, Luis H. Torres y Manuel Antonio Muñoz
José López Bastidas Delito.- Incendio
Fiscal.- Dr. Oscar Obando
Estado actual del caso.- Sobreseimiento definitivo del proceso y de los imputados. Observaciones.- Caso ganado por la defensa.
Caso 641-2006
Fecha de la denuncia.- 02-03-2006
Imputados.- Polibio Pérez, Luis Torres, Alirio Ramírez, Justino Ramírez y Oscar Cultid Delito.- Plagio (secuestro)
Fiscal.- Dr. Javier de la Cadena
Estado actual del caso.- Etapa de investigación pre-procesal. Ordenes de prisión revocadas. Observaciones.- Las supuestas víctimas son empleados de DAIMI Services
Caso 1338-2006
Imputados.- Edmundo Lucero, Julio Espinoza Santacruz, Victor Hugo Ramírez, Elsa Piedra y Carmen Ramírez
Delito.- Robo
Fiscal.- Dr. Edgar Pacheco
Estado actual del caso.- Etapa de investigación pre-procesal.
Caso 2751-2006
Fecha de la denuncia.- 15-09-2006
Imputados.- Alirio Ramírez y Robinson Guachagmira
Delito.- Plagio (secuestro)
Fiscal.- Dra. Hilda Ruiz
Estado actual del caso.- caso cerrado a favor de la defensa.
Caso 2766-2006
Imputados.- Polibio Pérez, Israel Pérez y otros
Delito.- robo y lesiones
Fiscal.- Dr. Edgar Pacheco
Estado actual del caso.- Indagación previa
Observaciones.- Practicados cinco exámenes médicos de personas supuestamente agredidas.
Caso 2767-2006
Fecha de la denuncia.- 15-09-2006
Imputados.- Polibio Pérez, Israel Pérez, Norma Quilca, José López, Santiago Curtid, Mesías Torres y Julio Espinoza. Byron Ramiro Ayala y Guido Gilberto Cevallos (sospechosos)
Delito.- Lesiones
Fiscal.- Dr. Javier de la Cadena
Estado actual del caso.- Instrucción fiscal (90 días desde el 19 dic. 06). Negadas por el juez las órdenes de prisión solicitadas por el fiscal
Observaciones.- Libertad concedida a los sospechosos por el Juez Cuarto de lo Penal, por haber estado detenidos más de 24 hs. sin fórmula de juicio.
Caso 2782-2006
Imputados.- Lucinda villarreal, Cecilia Torres, Sigifredo Betancourt, José Coral, Hermel Coral, Julián Quiguango, Silvio Quiguango, Marta Enríquez, Pedro Caicedo, Irma Lucero, Leonor Mejía, Bolívar Guachagmira, Edison Ibarra y otros
Delito.- Robo de 1500 US$, 5 pavos y 5 chanchos
Fiscal.- Dr. Raúl López
Estado actual del caso.- Indagación previa
Observaciones.- Sólo está presentada la denuncia sin que el denunciante haya justificado la existencia de los animales y del dinero que se dice robado.
Caso 3281-2006
Fecha de la denuncia.- 02-11-2006
Imputados.- Polibio Pérez y 70 personas de las comunidades no identificadas
Delito.- Lesiones
Fiscal.- Dr. Bolaños
Estado actual del caso.- Indagación previa
Caso 3576-2006
Fecha de la denuncia.- 04-12-2006
Imputados.- Polibio Pérez, Piedad Fuel, Israel Pérez, Silvia Quilumbango, Jaime Espinoza, Juan Ibarra, Robinson Guachagmira, Alirio Ramírez, Hugo Ramírez, Jorge Piedra, María Nicolalde, Víctor Lucero, Edmundo Lucero, Víctor Hugo Ramírez, Marcia Ramírez, Guillermo Curtid, Rosario Piedra, Elvia Haro, Hilda Piedra, Javier Ramírez, Santiago Curtid, Norma Ramírez, Vilma Ramírez, GonzaloCoral, Hermel Coral, Alonso Gómez, Liborio Piedra, Carmen Ramírez, Ramiro Ramírez, Bernstein Danielle Rachel, Bowling Léesela Ellen (defensora de DDHH acreditada por la CEDHU), Slick Annie Frates, Roberts Wayne Arthur y Cyril Mychalejco (defensor de DDHH acreditado por la CEDHU)
Delito.- Plagio (30 trabajadores de FALERICORP)
Fiscal.- Dr. Oscar Obando
Estado actual del caso.- Indagación previa. La denuncia no ha sido reconocida ni se han practicado diligencias.
Caso 3610-2006
Fecha de la denuncia.- 05-12-2006
Imputados.- “Supuestos ecologistas”
Delito.- Intimidación
Fiscal.- Dr. Bolaños
Estado actual del caso.- Indagación previa. Únicamente está presentada la denuncia
Caso 3646-2006
Fecha de la denuncia.- 10-12-2006
Imputados.- Polibio Pérez (autor intelectual), Gustavo León, José Garzón, Mariano Guachagmira, Israel Pérez, José de Coux y otros
Delito.- Plagio (57 personas trabajadores agrícolas y guardias de suguridad FALERICORP)
Fiscal.- Dr. Bolaños
Estado actual del caso.- Indagación Previa
Observaciones.- Retenidas 57 personas, trabajadores y guardias de seguridad FALERICORP
Caso 3647-2006
Fecha de la denuncia.- 10-12-2006
Imputados.- Elías Imbaquingo, Franklin Vaca, Gustavo León y José Cueva
Delito.- Lesiones
Fiscal.- Dr. Oscar Obando
Estado actual del caso.- Indagación previa
Los juicios penales contra Carlos Zorrilla (5)
Juicio por robo calificado
El día jueves 13 de julio de 2006, se realizó una manifestación pacífica en contra de la actividad minera en la zona de Intag, Cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura, en las afueras del Ministerio de Energía Minas y Petroleos. Carlos Zorrilla, conocido dirigente comunitario de Intag y miembro de la organización Defensa y Conservación de Intag (DECOIN), se encontraba presente en la manifestación.
En horas de la tarde una mujer adulta, extranjera (que hoy identificamos como Leslie Brooke Chaplin), empezó a repartir volantes a favor de la minería y de la empresa minera Ascendant Copper, en un claro intento de provocar a los manifestantes. El 24 de julio de 2006, Leslie Brooke Chaplin presenta una denuncia ante la fiscalía donde acusa a Carlos Zorrilla de ser el autor intelectual de un presunto robo que sufrió el día de la manifestación. En el presunto robo se le habría sustraído una cámara de video marca Panasonic D-Snap y 600 dólares americanos en efectivo. El Dr. Edmundo Vaca Burneo, con matrícula profesional de Pichincha 7.223 firmó la denuncia.
Con las versiones de Leslie Brooke Chaplin y de tres presuntos testigos como indicios, la Abogada Clara Aveiga, agente fiscal de la Unidad de Delitos contra la propiedad, dictó la resolución de apertura de la instrucción fiscal y solicita la prisión preventiva de Carlos Zorrilla.
Días después de rendir su declaración Leslie Brooke Chaplin abandonó el país. Su firma no volvió a aparecer en los escritos. Según información obtenida en el Internet la señora Chaplin es una profesora de inglés desempleada, quien ofrece sus servicios en Korea del Sur. El Dr. Edmundo Vaca Burneo es el único que firma las comunicaciones dentro de los juicios, sin que se determine quien paga sus honorarios.
El Juez décimo de lo penal dictó orden de prisión en contra de Carlos Zorrilla el día 3 de octubre de 2006, notificándole mediante un abogado defensor, sin consultarle si necesitaba o no uno. El objeto de este acto fue ocultarle que existía un juicio en su contra y por tanto coartar su derecho a la defensa.
El día 16 de octubre de 2006 el juez ordenó el allanamiento del domicilio de Carlos Zorrilla, el cual se realizó el día 17 de octubre. En esta fecha el acusado toma conocimiento de que existe el caso en su contra. El “abogado de oficio” nunca trató de comunicarle a Carlos Zorrilla, pese a ser este un personaje público y de domicilio y lugar de trabajo conocidos. El día 20 de octubre Carlos Zorrilla designa al Doctor Ramiro Román Márquez como su abogado defensor y presenta su primer escrito de defensa, casi 3 meses después de iniciado el proceso.
En el allanamiento del 17 de octubre los policías plantaron en la casa de Carlos Zorrilla un arma y una sustancia blanca que presumiblemente sea droga. El 24 de octubre (con Leslie Brooke Chaplin fuera del país) el Dr. Edmundo Vaca Burneo trata de vincular al proceso a Gustavo León y José Garzón (Presidentes de Juntas Parroquiales de Intag), Patricio Bolaños, Robinson Guachamira, Silvia Betancourt y Sixto León (líderes comunitarios), dado que Leslie Brooke Chaplin habría podido identificarlos.
El 25 de octubre (con una agilidad realmente sorprendente en el ministerio público ecuatoriano) la fiscal Clara Aveiga solicita ordenes de detención en contra de las personas mencionadas en el punto anterior. El juez fue informado sobre quienes eran estas personas y la verdadera intención del abogado acusador de utilizar la justicia para amedrentar a líderes campesinos, por esta razón el juez no acepto la solicitud de dictar órdenes de prisión.
El 15 de noviembre de 2006, el juez décimo de lo penal, revoca la orden de prisión contra Carlos Zorrilla por no existir elementos suficientes en su contra. La fiscal se abstuvo de acusar a Carlos Zorrilla, su dictamen está actualmente en consulta.
El 21 de noviembre de 2006, la fiscal de la Provincia de Pichincha Elsa Moreno abrió una Instrucción Fiscal en contra de Carlos Zorrilla por tenencia ilegal del arma encontrada en el allanamiento de su domicilio en la Provincia de Imbabura. Este caso fue remitido por la fiscal Clara Aveiga.
El 23 de noviembre de 2006, el Juez quinto de lo penal encargado de Pichincha, dicta orden de prisión en contra de Carlos Zorrilla, pese a que el acto punible no se realizó dentro de su jurisdicción. Se vuelve a notificar de la prisión preventiva a Carlos Zorrilla mediante un defensor de oficio, pese a que Clara Aveiga y Elsa Moreno conocían que el Dr. Ramiro Román Márquez era el abogado del acusado.
El 30 de enero de 2007, Edmundo Vaca Burneo solicitó copias del proceso de tenencia ilegal de armas, sin motivo aparente dado que su cliente perseguía la pena por presunto robo.
El 7 de febrero de 2007, el Juez titular quinto de lo penal de Pichincha, se inhibió de conocer el caso por ser incompetente en razón del territorio y envió a Imbabura el caso. Se negó a revocar la prisión preventiva en contra de Carlos Zorrilla. El 8 de marzo de 2007, el agente fiscal de Imbabura, Ivenn Bolaños Otoya se abstuvo de acusar a Carlos Zorrilla dado que la única prueba era el parte policial del allanamiento y no el arma, es decir había desaparecido el cuerpo del delito.
El 15 de marzo de 2007, el Ministro Fiscal Distrital de Imbabura confirmo la resolución del agente fiscal y el Juez acepto la ratificación.
El tráfico de tierras
Otra de las estrategias de la Ascendant Copper ha sido adquirir tierras en el sector de Intag para legitimar el ingreso de personal armado que arremete contra las comunidades bajo el pretexto de la protección a la propiedad privada de la empresa.
El tráfico de tierras tiene como objeto adicional el legitimar la contratación de personal del sector para actividades agrícolas en dichas tierras, constituyendo esto una nueva estrategia de división de la comunidad. Las tierras adquiridas por la empresa ascienden a 2.900 hectáreas6, a muchas de las compras precedieron procesos de adjudicación ante el INDA, muchas de las tierras no pasaron más de un mes en manos del adjudicatario.
La Ascendant Copper adquirió, además, tierras dentro del bosque comunitario de Junín, dichas tierras ya habían sido vendidas por sus dueños a la comunidad.
La agresión con el uso de paramilitares (7)
El 2 de diciembre de 2006 en horas de la madrugada, personas vestidas de civiles y de guardias de seguridad vinculadas a la empresa minera Ascendant Copper ingresaron armados con metralletas, pistolas y bombas lacrimógenas a la comunidad de Chalguayaco Alto (parroquia García Moreno) agrediendo a la población local. Como producto de este enfrentamiento, el campesino Israel Pérez resultó herido de bala y otros contusos. Por su parte, la comunidad retuvo a 25 de estos agentes externos, a fin de entregarlos a la Policía.
Por otra ruta, ingresaron 4 camionetas con personas vestidas con uniforme de camuflaje, quienes alrededor de las 8 a.m. pasaron por la vía Villa Flora- Barcelona, enrumbándose hacia la cordillera, con el apoyo de un helicóptero del Ejército.
Entre los episodios denunciados por las comunidades constan la destrucción de la cerca que protege las instalaciones de la radio comunitaria de Intag así como la rotura de aproximadamente 5 metros de antena.
Ese mismo día en horas de la tarde, el concejal Luis Robalino, el presidente de la Junta parroquial de Peñaherrera Gustavo León, la periodista de radio Intag María Augusta Díaz, un integrante de la Asociación de caficultores y varios periodistas fueron interceptados y retenidos en Chalguayaco Alto por personas vinculadas a la empresa Ascendant Copper.
Aproximadamente a las 9 p.m. la Jefa Política del Catón Cotacachi, Patricia Proaño, y un representante de la CEDHU, David Cordero Heredia, constataron la presencia de unas 120 personas armadas y con uniformes de guardias de seguridad en la población de García Moreno. Los habitantes del pueblo estaban muy temerosos y declararon haber escuchado que estas personas habían sido contratadas por la empresa Ascendant Copper.
Cerca de las 11 p.m. la Jefa Política y el representante de la CEDHU llegaron a los alrededores de Chalguayaco Bajo, en donde las personas vinculadas con la Ascendant Copper amenazaron al representante de la CEDHU y ofrecieron darle paso a la Jefa Política, quien se negó a ingresar sin resguardo policial, el cual nunca llegó.
En la madrugada del 3 de diciembre de 2006, se dio una nueva incursión de unas 50 personas armadas que salieron de García Moreno para ingresar a Junín por la ruta “El Copo” y otras tantas lo intentaron por Chalguayaco Bajo. El mal clima impidió su ingreso, por lo que retornaron a García Moreno.
A la 1 a.m. la Jefa Política y el representante de la CEDHU volvieron a ingresar a García Moreno, donde constataron que las personas armadas, contratadas por la empresa, continuaban en dicha población, una vez frustrado su primer intento de ingresar.
El 4 de diciembre de 2006 a las 11 a.m. la Jefa Política presentó su informe al Gobernador de Imbabura, quien se comprometió a enviar 50 policías a Junín para proteger a la población civil del ataque armado de las 120 personas contratadas por la empresa.
Producto de las nuevas incursiones, los pobladores de Junín lograron capturar a más personal armado, el cual fue entregado a la policía el 6 de diciembre de 2006. No se ha constatado que el estado haya iniciado una investigación seria al respecto. Las personas armadas no ofrecieron declaraciones concurrentes, mientras algunos admitieron trabajar para la Ascendant Copper, otros dijeron que eran empleados de las empresa Falericorp, Segurivital y Honor y Laurel.
5.- Las acciones legales emprendidas por la comunidad
En materia administrativa
En 2003 el Alcalde de Cotacachi, Auki Tituaña, presentó un recurso de amparo constitucional con la pretensión de que se anulen las concesiones entregadas a Roque Bustamante (Golden 1 y Golden 2), con el argumento de que no se realizó consulta previa.
Un juez de Cotacachi concedió el amparo en primera instancia. El 23 de diciembre de 2003 el Tribunal Constitucional rechazó el amparo (cinco votos contra cuatro) con argumentos de forma, sobre todo en lo que se refiere a la falta de inminencia del acto (es decir, había pasado demasiado tiempo entre la entrega de las concesiones y la presentación del amparo). Los 5 vocales del TC que firmaron la resolución no se pronunciaron sobre si es o no nula una concesión otorgada sin consulta previa, no así los otros cuatro vocales quienes en voto disidente declararon nula las concesiones Golden 1 y Golden 2.
Se encuentra pendiente un nuevo recurso de amparo constitucional ante el Tribunal Constitucional. Existe, además, un recurso pendiente de resolución presentado por la DECOIN y el Dr. Alejandro Ponce Villacís, ante el Ministerio de Energía, Minas y Petróleos. El Ministerio excedió en el doble su plazo para resolver este recurso.
La Defensoría del Pueblo tiene un expediente defensorial abierto en el caso por la falta de consulta previa; lo mismo ocurre en el Comité de Control contra la Corrupción (CCCC), que ya emitió un boletín de prensa por la falta de consulta previa. Similar situación ocurrió con la Contraloría General del Estado.
La CIDH está conociendo una petición de medidas cautelares a favor de Calos Zorrilla y los pobladores de Intag, la CIDH pidió que se amplié la información al respecto. Amnistía Internacional, luego de emitida las órdenes de prisión y allanamiento en contra de Carlos Zorrilla, envió una carta de preocupación al Ecuador, solicitándole más información sobre el caso.
La Organización Mundial Contra la Tortura emitió una acción urgente a favor de Carlos Zorrilla por la orden de prisión y el allanamiento que sufrió de forma ilegítima. En la misma acción se le dio el standard de defensor de derechos humanos.
6.- Entrevista a Polivio Pérez un defensor de derechos humanos
Polivio Pérez es un dirigente campesino de la zona de Intag, que hace 12 años emprendió un proceso de resistencia, primero con el proyecto minero de la transnacional japonesa Bishimetals que intentó entrar ilegalmente a la zona y que después de varios años de oposición abandonó Intag, y actualmente con la empresa canadiense Ascendant Copper Corporation que ha intentado entrar a la fuerza provocando varios enfrentamientos en la comunidad.
Polivio es presidente del Consejo de Desarrollo Comunitario de la Parroquia García Moreno, cantón Cotacachi, provincia de Imbabura.
¿A que se dedica actualmente?
Yo soy un dirigente que desde muy joven inicie en todo este proceso de activismo, yo siempre he estado vinculado hacia la comunidad, siempre apoyando, pero siempre mi meta desde que tengo uso de razón ha sido de ayudar ha proteger a los más desposeídos en el caso de cualquier tipo de atropellos, y por otra parte me dedico a la agricultura, soy un campesino, soy un agricultor que amo mi tierra y estoy luchando por la misma.
¿Qué cultiva?
El cultivo tradicional ha sido el morocho duro, el fréjol, el plátano, la yuca, en la mayoría estos productos son para consumo de la casa, para la seguridad alimentaria, no son para la comercialización y también vivo de la ganadería que es mi mayor fuente de ingreso.
Todos los campesinos que viven en Intag se dedican a la agricultura y la ganadería.
Ahora en una forma organizada estamos tratando de impulsar el turismo comunitario que también es una fuente de ingreso.
¿Cuántas familias viven en su comunidad?
Mi comunidad es Charguayaco Bajo, somos 28 familias alrededor de 5 por familia.
¿Cuándo empezó el proceso de oposición a la minería?
Yo empecé en el año 95’ en esas épocas teníamos la presencia de la transnacional japonesa Mitsubishi que es subsidiaria de la Bishimetals. Yo conocía muy poco del tema minero, pero al ver tanto atropello, tanta humillación, sugerí formar una Consejo de Comunidades, para que las comunas tengamos representatividad y para ser portavoces de nuestras decisiones y del sentir de la lucha de todos los compañeros y compañeras que están asentados en estos lugares.
En esa época la denominamos Consejo de Comunidades afectadas por la minería, actualmente es el Consejo de Desarrollo Comunitario de la Parroquia García Moreno.
¿Porque se oponen al proyecto minero de Ascendant Copper?
Porque definitivamente Intag y creo que el Cantón Cotacachi no somos mineros.
Si yo vengo de padres agricultores, si o soy un agricultor, ¿cual va hacer la fuente de ingreso con el tema minero dentro del ámbito local?
Yo creo que tenemos un ejemplo bien claro del cual nosotros nos hemos dado cuenta y nos oponemos en una forma bien radical a la actividad minera, porque Intag ya tiene un yacimiento de caliza que es la Cemento Selva Alegre y eso nos ha generado un caos ambiental y social, y no ha existido ningún ingreso económico para nuestra zona.
Hemos conocido otras experiencias mineras, como es el caso del vecino el país del Sur (Perú) y también revisando la ley, la actividad minera no genera ninguna fuente de ingreso económica en nuestro país.
No estamos capacitados para trabajar, no estamos capacitados para manejar una maquinaria.
¿Para que están capacitados?
Intag está capacitado para labrar su tierra, para ir cultivando. De una forma muy organizada estamos cuidando las reservas hídricas, que son tan importantes para nosotros, estamos protegiendo nuestra tierra.
En Intag no existe pobreza, lo que existe en un abandono de los gobiernos nacionales, por tal razón, nosotros hemos estado en una forma organizada presionando que se nos asigne, las obras de infraestructura que como ecuatorianos nos merecemos, porque somos parte de este país.
Estamos en una tierras muy productivas, si nosotros tuviéramos unas vías totalmente en buena calidad, nosotros estuviéramos abaratando costos en la provincia de Imbabura, porque hay productos que se han dañado en zona, y hemos tenido que medirnos en la producción para que solo sirvan para la seguridad alimentaria de la casa.
¿Qué ha ocasionado la empresa desde su llegada?
A raíz de los años 93’ hasta la actualidad, yo creo que la inseguridad en la zona de Intag ha sido fruto de presencia transnacional, nosotros exigimos al gobierno nacional que nos devuelva la paz, la tranquilidad, esa armonía que teníamos, entre pueblos, entre comunidades, entre familias. Eso nos han robado las transnacionales.
¿Las empresas mineras que malestares y conflictos han provocado en la zona?
Uno de los grandes malestares ha sido la división nuestras comunidades, porque nos han vendido la imagen de las fuentes de trabajo, han ido con regalitos para irnos dividiendo.
¿Qué tipo de regalos?
En épocas de navidad, por festejos del día de la madre y del padre, han entregado las canastas alimentarias, por medio de los regalos han obtenido firmas y ha causado la división. Esta división es causada por esta transnacional última que es la Ascendant Copper ellos son los responsables, ellos son los que compraron conciencias.
Yo le puedo decir de una forma muy oficial, lo denuncié públicamente a la fiscalía y a los medios de comunicación, el año pasado cuando el señor gerente general era un ex-militar, el señor César Villacís`, el me fue ha ofrecer 100 mil dólares para que yo abandone la dirigencia, eso es corrupción.
¿Era una compra de conciencia?
Si, quería comprar la conciencia de los líderes que todavía nos mantenemos en la lucha, la conciencia de los lideres comunitarios, campesinos, de la cual estoy muy orgulloso, de vivir y trabajar para mi gente, de trabajar para este pueblo que exige el respeto a las decisiones que ya hemos tomado, entonces eso no es desarrollo, es un caos social.
Al no obtener esto, ellos han optado por el uso de la fuerza, han contratado ha militares armados para que nos agredan, de lo que se enteró el mundo entero y hasta hoy no habido ninguna respuesta de investigación.
¿Lo han amenazado?
Ascendant Copper me ha denunciado por narcotráfico, por violación pero yo creo que en los 12 años de lucha, yo creo que son 36 juicios tanto por el estado ecuatoriano, Bishimetals y Ascendant, ningún solo juicio ha podido comprobar, por tal razón seguiré en Intag defendiendo los derechos de mi gente de mi pueblo de mis compañeros y compañeras que venimos luchando.
¿Porque se hicieron las demandas en contra suyo?
Porque es una forma de amedrentar, es una forma de perseguir, de calumniar, lo que pretenden es quitarme el derecho a la libre expresión, un derecho ha buscar un modelo de desarrollo distinto al que ellos quieren imponer.
Al no conseguir a través de la plata, al no conseguir por esos medios sucios corruptos que la empresa entre a la zona, han optado por perseguirme y amenazarme, pero tenemos buenos aliados de organismos de derechos humanos a nivel internacional, que nos han apoyado como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque lo único que somos, somos campesinos, no somos terroristas.
¿Qué acciones ha impulsado?
Nos hemos visto en tomar medidas de hecho, porque, no nos queda otra alternativa más, hemos acudido a toda las instancias del gobierno, a nivel de ministerios, de prefecturas, del gobierno provincial, pero lastimosamente no habido una solución y por tal razón, no quiero aquí justificar las medias de hecho, pero es el único mecanismo, la única herramienta, es la única arma que nos queda a los campesinos olvidados de este país hacer respetar nuestros derechos.
Cuando uno no es escuchado, dentro del ámbito jurídico, y en este caso durante cuatro años, con todas las pruebas que hemos presentado, nos hemos visto obligados ha bloquear las vías de acceso a Intag, porque creo que somos el 90 por ciento que nos sentimos afectados por la empresa minera.
Después de ser atacados el 2 de diciembre de 2006 por los militares hemos puesto cadenas en la vía para salvaguardar nuestra integridad porque no podemos permitir que invadan nuestro territorio.
Hace dos días una compañera en su propia casa, en su propio domicilio fue agredida, por una persona encapuchada, esta violencia no podemos seguir permitiendo, por tal razón incluso hemos dado un plazo al gobierno nacional, sino hay respuesta incluso se rompería una acta que tenemos firmada para bajar las tensiones y creo que en este mes la empresa Ascendant Copper lo que no ha hecho el gobierno nacional Intag si la va sacar de la zona.
¿Qué exigen del gobierno?
Primero se ha exigido que se respete la constitución, el Artículo 88 que dice que seamos consultados, que dice que todo ecuatoriano tiene derecho a vivir en un ambiente sano y libre de contaminación.
Queremos que se haga la consulta en presencia de una veeduría nacional e internacional, para que este proceso sea transparente y que nuestra voluntad que vayamos ha depositar en las urnas sea respetado para siempre.
Nosotros hemos pedido al gobierno nacional que haga la consulta en la zona y que respete la constitución y para hacer la consulta Ascendant Copper debe salir de la zona.
Conocemos las leyes de que no es posible anular las concesiones ilegales e inconstitucionales pero por lo menos pedimos que haya una moratoria hasta que se resuelvan estos conflictos, porque no es posible, que por un lado se firme una acta, un acuerdo para bajar las tensiones y por otro lado la empresa siga haciendo de las suyas en la zona, siga dando regalitos, siga ofreciendo créditos, siga dividiendo, entonces no podemos vivir en ese ambiente.
La empresa sigue haciendo sus relaciones comunitarias entre comillas, sigue dividiendo a la zona, siguen buscando el apoyo de las comunidades; el mes de mayo en forma publica las 7 juntas parroquiales han dicho no queremos las minería, respaldando la decisión de las comunidades la Alcaldía de Cotacachi se ha pronunciado, la provincia de Imbabura, el Gobierno Provincial y toda su cámara con los consejeros provinciales han dicho no la minería, sin embargo, el Ministerio de Energía y Minas, y en especial el señor subsecretario el señor Jorge Jurado sigue manteniendo Ascendant en la zona de Intag.
Al no ser escuchados nos vemos a tomar medidas mucho más radicales para sacar a Ascendant de ahí y para esperar lo que siempre viene diciendo el gobierno nacional vamos al dialogo nacional. Nosotros si iremos al dialogo nacional pero siempre y cuando Ascendant abandone Intag, mientras no pase eso no estamos dispuestos a dialogar ni con el gobierno, ni mucho menos con Ascendant.
¿Para que un dialogo nacional? Porque los llama el gobierno a dialogar?
Cuando nosotros iniciamos estos contactos con el Ministerio de Energía y Minas en el tiempo del Ec. Alberto Acosta nosotros acudimos en una sola oportunidad a este diálogo, pero nos dimos cuenta que el Gobierno Nacional estaba influenciado desde la Cámara de la Minería y quería hacernos ver las bondades y las cosas positivas de la minería y entonces eso no debe ser un diálogo nacional.
Para mí como campesino, como habitante que ya vivo 36 años en Intag yo creo que el diálogo minero tiene que ir en dos partes; primero debemos saber ¿cual va ser la rentabilidad económica de la minería? ¿Cuales van a ser los impactos ambientales y sociales? y de nuestra parte mostrar el verdadero desarrollo que nosotros hemos venido de años impulsando en la zona de Intag y ver que pesa más, porque Intag tiene mucho que ofrecer en la parte turística, agrícola, ganadera.
¿Cuáles serían los efectos ambientales y sociales?
Dentro de las 22 mil hectáreas concesionadas para la minería está la zona de amortiguamiento de Reserva Cotacachi-Cayapas, el estudio de impacto ambiental que realizó la misión japonesa habla de que si se da la explotación minera seria afectada un 30 por ciento de la Reserva Cotacachi-Cayapas.
La minería traería deforestación masiva, reubicación de 4 comunidades, la cual soy parte, entonces eso no es desarrollo por tal razón, al revisar este estudio de impacto ambiental al ver todos los atropellos y violaciones de las transnacionales, nos oponemos en una forma muy radical.
Yo creo que un modelo de desarrollo es vivir en armonía con la tierra, con el bosque con el agua, entre los pueblos.
¿Qué experiencias conoce de los impactos de la actividad minera?
Nosotros tuvimos la oportunidad de visitar en el año 98’ una mina de cobre cerrada en Tokio y Japón y verificamos los desastres.
Hemos estado en muchas oportunidades conociendo el caso del Perú que es un país minero, visitamos la mina de Cajamarca y es un desierto total, la gente no ha salido del subdesarrollo.
La minería los ha dejado más pobres, más humillados eso no va pasar en Intag, no lo vamos permitir en el país entero. Si antes de darse la explotación minera ya vivimos un caos social en la zona de Intag, eso no vamos permitir jamás.
Por otro la lado la minería no es viable en ninguna parte del país, no solo estamos luchando a nivel local, sino nacional de lo que conocemos si bien es cierto para nosotros la minería es petróleo, que imagen nos queda de la explotación petrolera; delincuencia, prostitución.
¿Cuáles es el modelo de desarrollo que quieren?
Estamos demostrando las alternativas que tiene Intag, estamos demostrando la forma de vida que tenemos. La Asociación de Caficultores de la zona de Intag nace por todo esta resistencia. Hemos demostrado al país entero, al mundo entero de que es posible en una forma organizada sin apoyo del Gobierno Nacional, hemos podido exportar, un café orgánico hacia el Japón y varios países, ese es el verdadero desarrollo, la verdadera alternativa, esa es la riqueza que tiene Intag, yo creo ahí es una gran muestra de lo es la zona de Intag está exportando artesanía, aprovechando el bosque sin ofenderle sin matarle. Lo que no podría darse con la minería. Ese es el desarrollo que estamos demostrando.
¿Qué espera de toda la lucha?
Que se respete la decisión de Intag que alguna vez el gobierno nacional no minimice las cosas, son 12 años que hemos aprendido de todo, conocemos exactamente lo que es la justicia ecuatoriana y por tal razón no confiamos, confiamos en nosotros mismos no porque seamos campesinos, no porque no hayamos ido al colegio o a la universidad, no tengamos nuestros derechos, el Cantón Cotacachi y nosotros como Consejo de Comunidades hemos dicho claramente, nosotros de Intag solo muertos nos sacan.
Ahora me están persiguiendo que lo hagan, pero no es la solución matarle a Polivio Pérez yo creo que la solución es ir y matar a todos y a todo un cantón, porque de caso contrario es imposible la explotación minera. Este gobierno esta haciendo lo mismo que los anteriores gobiernos, no hay confianza y no podemos confiar en absolutamente en nadie.
7.- Fuentes
1. Documentos publicados por Defensa y Conservación Ecológica de Intag, DECOIN, www.decoin.org
2. Documentos publicados por Acción Ecológica sobre Intag, www.accionecologica.org
3. Artículos del Periódico de Intag, http://intagnewspaper.org
4. Coordinadora Zonal de Intag
5. Información proporcionada por Carlos Zorrilla, Polivio Pérez, Guadalupe Rodríguez, Ramiro Román, Alicia Granda
6. Escritos anteriores publicados por David Cordero Heredia
CUADRO 1
EL PROBLEMA
El art. 88 de la Constitución y el art. 28 de la Ley de Gestión Ambiental, contienen el derecho humano de las comunidades a la consulta previa a cualquier decisión estatal que pueda afectar al medio ambiente. Dicha consulta no se realizó antes de otorgar las concesiones mineras en la zona de Intag.
CUADRO 2
ACTUALIDAD
El Ministro de Minas y Petróleos (e) y la Subsecretaria de Protección Ambiental emitieron sendas comunicaciones las últimas semanas en las que instan a la Ascendant Copper a detener cualquier actividad dentro de la zona de Intag. En dichas comunicaciones se expresa que la Ascendant Copper NO ha presentado los Términos de Referencia, NO ha presentado el Estudio de Impacto Ambiental y, por tanto, NO está autorizada a realizar ninguna actividad dentro de Intag.
CUADRO 3
LA MINERÍA
No existe actividad más contaminante (salvo la actividad nuclear, cuando existen problemas) que la minería a gran escala. Contamina notablemente el agua, genera problemas de salud, desplazamientos humanos, desertificación, prostitución, entre otros problemas
Notas
1 Documentos oficiales sobre las concesiones, Ministerio de Energía y Minas
2 Escritura Pública de Cesión de derechos mineros, Notaría tercera del cantón Quito.
3 http://intagnewspaper.org/castellano
4 Información provista por el Dr. Edgar Merlo y Guadalupe Rodríguez
5 Resumen realizado por el autor del presente estudio en base a información oficial, entrevistas con Carlos Zorrilla, el Dr. Ramiro Román y el Dr. Mateo Borrero.
6 Información obtenida del Registrador de la Propiedad de Cotacachi, Notaría Primera del Catón Quito, Instituto Nacional de Desarrollo Agrario, por la abogada Isabella Figueroa y Christian Cruz de la Asamblea de Unidad Cantonal.
7 Información obtenida mediante llamadas telefónicas con pobladores de la zona y la constatación de personal de la CEDHU.
1.- ¿Qué es Intag?
La zona de "Intag" no corresponde a una división geopolítica convencional del Ecuador, es una forma informal de denominar un sector de nuestro país. Esta zona es un valle que toma el nombre del río que lo baña.
La zona de Intag cuenta con, aproximadamente 1680 Km2 de superficie, comprende 7 parroquias rurales; 6 de las cuales pertenecen a la jurisdicción política del cantón Cotacachi (Apuela, Cuellaje, García Moreno, Plaza Gutiérrez, Peñaherrera y Vacas Galindo) y una séptima a la jurisdicción del cantón Otavalo (Selva Alegre), ambos cantones de la provincia de Imbabura en la región centro norte del Ecuador.
La zona de Intag comprende casi toda la cordillera del Toisán, forma parte de uno de las regiones más importantes de nuestro planeta conocida como la Provincia Florística o Bioregión del "Chocó" que se extiende desde el sur de Panamá, Colombia y el noroccidente del Ecuador, está catalogada como una de las 10 regiones más importantes en el mundo desde el punto de vista biológico.
E. O Wilson, de la Universidad de Harvard, clasifica a estos bosques como unos de los más biológicamente diversos y amenazados en el mundo y pide su protección contra actividades mineras. El citado autor afirma que los bosques del occidente del Ecuador, son unos de los mas extraordinarios "hot spots" del mundo, que está entre los ecosistemas mas amenazados actualmente con menos del 10% de su extensión original, albergan una cantidad excepcionalmente alta de especies no encontradas en ninguna otra parte del mundo.
La Reserva Ecológica Cotacachi - Cayapas (RECC) abarca una extensión de 204.420 hectáreas dentro de las provincia de Imbabura y Esmeraldas; y, es parte del Sistema Nacional de Areas Protegidas del Ecuador. Fue declarada como tal el 29 de septiembre de 1968 y delimitada en forma definitiva en 1979.
Los bosques de Intag, particularmente de Junín albergan una extraordinaria cantidad y diversidad de animales y plantas - incluso algunas en peligro de extinción - propias de esta región biológica ya descrita en este capítulo. Además, estos bosques cumplen una función de protección de numerosas microcuencas que conforman la cuenca del Intag que se prolonga hasta la costa ecuatoriana.
En la accidentada topografía de la extensa zona de Intag nacen numerosas vertientes, quebradas, riachuelos y ríos limpios y cristalinos, que se originan en la "ceja de montaña" y estribaciones de la cordillera de Toisán. Este sector es uno de los más ricos en el contexto nacional en lo que a recursos hídricos se refiere.
2.- El atraco minero
La exploración de minerales metálicos en el área de Junín, se inicia a principios de la década de los 1990, con la llegada de Bishimetals. Junín es una comunidad ubicada en la zona de Intag, caracterizada por bosques nublados y fincas, con una extensión de 2,200 km 2 en el noroccidente del Ecuador (cantón Cotacachi, provincia de Imbabura).
Bishimetals, una subsidiaria de la corporación transnacional japonesa Mitsubishi, recibió dinero de la Agencia Japonesa para la Cooperación Internacional (JICA, siglas en inglés) a fin de llevar a cabo actividades de exploración mineralógica en las concesiones mineras de Junín-Cuellaje en la cordillera de Toisán.
Bishimetals descubrió yacimientos de minerales en tres de las siete parroquias de Intag. Según la JICA, las áreas mineralizadas en la cordillera de Toisán contienen 318 toneladas de mena de cobre, en una concentración de 0,7 por ciento. O sea, al abrir una mina de cobre en Junín, se producirá un total de 2,26 millones de toneladas de cobre puro. Además, existe molibdeno en una concentración de 0,03 por ciento y vestigios de oro y plata. Esta cantidad no satisfaría ni por un año las necesidades de China, cuyos ciudadanos consumen tres millones de toneladas cada doce meses, y tampoco las necesidades de los Estados Unidos, que consume 2,3 millones de toneladas anuales.
Según los científicos de la Bishimetals, una mina de cobre produciría severos impactos ambientales y sociales en Junín. El cobre se encuentra debajo de comunidades agrícolas y bosques primarios que lindan con la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, según el EIS preliminar elaborado por la JICA, los bosques, fincas y fuentes de agua en toda la cordillera de Toisán serían severamente impactados por una mina de cobre. Entre los impactos pronosticados por los científicos de los japoneses constan los siguientes:
1. Deforestación masiva que llevaría al secamiento del clima y la desertificación.
2. Contaminación de fuentes de agua con plomo, arsénico, cadmio y cromo (metales asociados con el cobre), en cantidades hasta 100 veces superiores a los índices naturales en dichas fuentes de agua.
3. La desaparición de docenas de especies de aves, mamíferos y reptiles en peligro de extinción en la zona.
4. Impactos a la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas
Además, los científicos de la JICA pronosticaron una serie de impactos sociales, entre otros:
1. “Reubicación” de por lo menos 100 familias de cuatro comunidades cuyas fincas están en el sitio de la mina propuesta y la infraestructura requerida.
2. Creación de un pueblo minero de 6000 habitantes (los centros poblados más grandes de Intag son los centros parroquiales, cada uno con menos de 500 habitantes).
3. Aumento en la delincuencia y los accidentes de tránsito.
4. Aumento en el alcoholismo.
Estos impactos se basaron en una cuarta parte del total de cobre que la empresa Bishimetals encontró- por lo tanto, consideramos que los impactos serán mayores, y que al menos 6 comunidades serán directamente impactadas.
En vista de estos perjuicios que la actividad traería a la comunidad, el 15 de mayo de 1997, la intervención de unas 200 personas de 7 comunidades de Intag, obligaron a la Bishi Metals a dejar la zona. En septiembre de ese año Cotacachi, cantón al cual pertenece políticamente la zona de Intag, fue declarado “Cantón Ecológico”.
El 20 de diciembre de 2002, Roque Bustamante, socio del estudio Bustamante & Bustamante, ex presidente de la Cámara de Minería y miembro de la cámara de comercio ecuatoriano-canadiense, recibió la adjudicación de las concesiones Golden 1 (# 401447) y Golden 2 (# 401448), de 2,461.51 has. y 2,443.05 has., respectivamente1.
En los trámites de adjudicación, Roque Bustamante gastó un total de 25.545,73 dólares. El 29 de marzo de 2004 cedió sus títulos mineros a la empresa Ascendant Exploration S.A. Ascendex a cambio de la suma anual de 25.000 dólares, dicho pago se suspenderá el momento en que Roque Bustamante empiece a percibir el 2,5% de la producción bruta de las concesiones (nunca podrá recibir menos de 25.000 dólares) (2) Roque Bustamante o algún otro miembro de su firma legal aparecerán como abogados de la Acendant Copper en innumerables documentos.
El 2 de diciembre de 2004, la compañía Ascendant Esploration S.A. Ascendex obtiene el título minero de la concesión Magdalena (# 401841), de 4.600 has. El 24 de febrero de 2005 la mencionada compañía cede sus derechos mineros a la Ascendant Copper.
Las tres concesiones componen el llamado “proyecto Junín”. Para iniciar cualquier tipo de actividad la Ascendant Copper requiere la aprobación de los estudios de impacto ambiental, dicha aprobación ha sido negada por la falta de participación de las comunidades afectadas.
En abril del 2004 una vez obtenidas las concesiones Ascendant Exploration cometió una serie de agresiones en contra de la población: maltratos físicos, amenazas de muerte, persecuciones, calumnias, presentación de acciones judiciales con causas falsas en contra de dirigentes comunitarios, intimidaciones con armas de fuego.
El 23 de julio de 2004, aproximadamente a las 10 a.m. entre las localidades de Charguayaco Bajo y Loma Negra, en la parroquia García Moreno, el Presidente del Comité de Desarrollo de las Comunidades de Intag, Polibio Pérez fue amenazado de muerte por el exdiputado y allegado a la compañía, Ronald Andrade, quien portaba y exhibía una arma de fuego. Además, uno de sus guardaespaldas golpeó al dirigente comunitario contra el vehículo en que se transportaban. Según el periódico comunitario de Intag, basado en noticias publicadas en varios medios de comunicación, Ronald Andrade tendría vínculos con el narcotraficante Oscar Caranqui (3).
El 22 de octubre del 2004, trabajadores de la Ascendant, realizaron trabajos de excavación en la zona límite las comunidades Cerro Pelado y Junín, sin el permiso debido y una vez mas sin informar a la comunidad. En este mes además un dirigente campesino y José Serrano, integrante del Centro de Derechos Económicos y Sociales, enfrentaron una acción judicial interpuesta por César Villacís, por supuestas injurias expresadas durante una entrevista realizada por la radio La Luna. Por otro lado la compañía interpuso un juicio por injurias calumniosas en contra del periódico comunitario de Intag.
La adquisición de tierras por parte de la Ascendant se hizo mediante dos modalidades: una compra directa a campesinos con “precios atractivos” y la compra a traficantes de tierra, pues a partir de este proceso introducido por la empresa, se hacen presentes invasores y traficantes de tierra. Varias de esas transacciones son ilegales, ya sea porque se otorgaron nuevos títulos sobre otros existentes o porque se titularon tierras con nuevos y falsos posesionarios, contando con el apoyo del INDA, que otorgó títulos sin mediciones ni consulta a los posesionarios tradicionales.
Una buena parte de las tierras compradas ilegalmente incluye cientos de hectáreas de posesión de la comunidad de Junín. Estas tierras forman parte de su reserva comunitaria, la cual ha sido manejada como parte del proyecto de turismo comunitario desde 1998.
Como resultado de estas acciones, en octubre de 2005 el INDA decidió investigar cómo habían sido adquiridos algunos de los títulos de propiedad de quienes estaban vendiendo tierras a la empresa, y ya se ha instaurado un proceso penal por la falsificación de la firma de una autoridad del INDA.
3.- La resistencia de Intag
Después de casi 2 años de atropellos, amenazas, intimidaciones y todo tipo de abusos, activistas comunitarios incendiaron el campamento de Ascendant Copper Corporation, ubicado en la comunidad de Chalguayacu Bajo, el 10 de diciembre 2005. Los cerca de 300 moradores provenientes de las comunidades aledañas al proyecto minero asumieron la responsabilidad por el hecho. La empresa inmediatamente falsamente acusó a 24 campesinas y campesinos de hechos que jamás ocurrieron en la acción colectiva
Durante los meses de marzo, abril y mayo del 2006 técnicos y guardaespaldas de la empresa Daimi Services incursionaron en la zona, tratando de elaborar un estudio de impacto ambiental, provocando a la población como resultado se produjeron enfrentamientos entre las personas vinculadas a la empresa y unos 30 pobladores (principalmente mujeres) de Chalguayaco Alto y Junín.
Hasta marzo de 2006, la empresa no había entregado el estudio de impacto ni los términos de referencia para la socialización del mismo,1 (lo cual contradice el dato difundido por la empresa, de que el estudio de impacto ambiental está en el centro poblado de García Moreno, a disposición de las y los pobladores).
El 20 de mayo de este año 2006, los representantes de las siete juntas parroquiales de García Moreno, una vez más tomaron por decisión de la comunidad continuar con el proceso de oposición a ala actividad minera en Intag.
Las comunidades en el área minera y en la zona entera están creando alternativas a la minería. Por ejemplo, la DECOIN ha comprado a nombre de la comunidad de Junín una reserva de más de 3,000 hectáreas; la reserva es la base del proyecto de turismo ecológico comunitario (y se ubica encima del yacimiento de cobre). Cincuenta hombres y mujeres pertenecientes a dos comunidades manejan el proyecto.
Los caficultores de Junín y otras comunidades se han unido para crear la AACRI, cuyos miembros benefician al vender su café en mercados justos. Estos son dos de los múltiples proyectos sustentables impulsados por las inteñas e inteños en respuesta a la amenaza minera. Estas iniciativas se enmarcan dentro del modelo de desarrollo sustentable en proceso de crearse en el cantón Cotacachi.
Entre otros proyectos destacan el manejo de 50 cuencas de protección, el manejo de 25.000 hectáreas de bosque, reforestación, agroforestería (café, frutas y maderables), turismo comunitario, elaboración de artesanías y cosméticos.
Actualmente las comunidades desarrollan un proyecto de mini centrales hidroeléctricas, que generaran 60 megavatios. Se gestionará por una empresa comunitaria y las ganancias se reinvertirán en salud, educación y vialidad.
Los empleados de Ascendant Copper tratan de boicotear el proyecto de varios años de campesinos que conforman el AACRI, mediante la compra de café a pequeños productores.
4.- La agresión de la Ascendant Copper
Los juicios penales en contra de los habitantes de Intag
Una de las principales preocupaciones, para organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es la utilización de la justicia penal como medio de intimidación a defensores de derechos humanos y líderes comunitarios.
Una de las estrategias que utiliza la empresa Ascendant Copper, para fomentar la división de la organización social, es iniciar juicios infundados en contra de líderes y miembros de las comunidades en resistencia, de defensores de derechos humanos y de autoridades locales que apoyan a las comunidades.
Las denuncias presentadas ante la fiscalía de Ibarra (4)
Caso 196-04
Fecha de la denuncia.- 27-12-2004
Imputados.- Mary Ellen Fieweger, Periódico Intag
Delito.- Injurias calumniosas
Estado actual del caso.- Archivado tras una audiencia de conciliación en el que el abogado presentó un alegato que demostró que la denuncia era infundada.
Observaciones.- Se reclamaba un millón de dólares.
Caso 3348-04
Imputados.- Polibio Pérez, Víctor Hugo Ramírez, Luis H. Torres y Manuel Antonio Muñoz
José López Bastidas Delito.- Incendio
Fiscal.- Dr. Oscar Obando
Estado actual del caso.- Sobreseimiento definitivo del proceso y de los imputados. Observaciones.- Caso ganado por la defensa.
Caso 641-2006
Fecha de la denuncia.- 02-03-2006
Imputados.- Polibio Pérez, Luis Torres, Alirio Ramírez, Justino Ramírez y Oscar Cultid Delito.- Plagio (secuestro)
Fiscal.- Dr. Javier de la Cadena
Estado actual del caso.- Etapa de investigación pre-procesal. Ordenes de prisión revocadas. Observaciones.- Las supuestas víctimas son empleados de DAIMI Services
Caso 1338-2006
Imputados.- Edmundo Lucero, Julio Espinoza Santacruz, Victor Hugo Ramírez, Elsa Piedra y Carmen Ramírez
Delito.- Robo
Fiscal.- Dr. Edgar Pacheco
Estado actual del caso.- Etapa de investigación pre-procesal.
Caso 2751-2006
Fecha de la denuncia.- 15-09-2006
Imputados.- Alirio Ramírez y Robinson Guachagmira
Delito.- Plagio (secuestro)
Fiscal.- Dra. Hilda Ruiz
Estado actual del caso.- caso cerrado a favor de la defensa.
Caso 2766-2006
Imputados.- Polibio Pérez, Israel Pérez y otros
Delito.- robo y lesiones
Fiscal.- Dr. Edgar Pacheco
Estado actual del caso.- Indagación previa
Observaciones.- Practicados cinco exámenes médicos de personas supuestamente agredidas.
Caso 2767-2006
Fecha de la denuncia.- 15-09-2006
Imputados.- Polibio Pérez, Israel Pérez, Norma Quilca, José López, Santiago Curtid, Mesías Torres y Julio Espinoza. Byron Ramiro Ayala y Guido Gilberto Cevallos (sospechosos)
Delito.- Lesiones
Fiscal.- Dr. Javier de la Cadena
Estado actual del caso.- Instrucción fiscal (90 días desde el 19 dic. 06). Negadas por el juez las órdenes de prisión solicitadas por el fiscal
Observaciones.- Libertad concedida a los sospechosos por el Juez Cuarto de lo Penal, por haber estado detenidos más de 24 hs. sin fórmula de juicio.
Caso 2782-2006
Imputados.- Lucinda villarreal, Cecilia Torres, Sigifredo Betancourt, José Coral, Hermel Coral, Julián Quiguango, Silvio Quiguango, Marta Enríquez, Pedro Caicedo, Irma Lucero, Leonor Mejía, Bolívar Guachagmira, Edison Ibarra y otros
Delito.- Robo de 1500 US$, 5 pavos y 5 chanchos
Fiscal.- Dr. Raúl López
Estado actual del caso.- Indagación previa
Observaciones.- Sólo está presentada la denuncia sin que el denunciante haya justificado la existencia de los animales y del dinero que se dice robado.
Caso 3281-2006
Fecha de la denuncia.- 02-11-2006
Imputados.- Polibio Pérez y 70 personas de las comunidades no identificadas
Delito.- Lesiones
Fiscal.- Dr. Bolaños
Estado actual del caso.- Indagación previa
Caso 3576-2006
Fecha de la denuncia.- 04-12-2006
Imputados.- Polibio Pérez, Piedad Fuel, Israel Pérez, Silvia Quilumbango, Jaime Espinoza, Juan Ibarra, Robinson Guachagmira, Alirio Ramírez, Hugo Ramírez, Jorge Piedra, María Nicolalde, Víctor Lucero, Edmundo Lucero, Víctor Hugo Ramírez, Marcia Ramírez, Guillermo Curtid, Rosario Piedra, Elvia Haro, Hilda Piedra, Javier Ramírez, Santiago Curtid, Norma Ramírez, Vilma Ramírez, GonzaloCoral, Hermel Coral, Alonso Gómez, Liborio Piedra, Carmen Ramírez, Ramiro Ramírez, Bernstein Danielle Rachel, Bowling Léesela Ellen (defensora de DDHH acreditada por la CEDHU), Slick Annie Frates, Roberts Wayne Arthur y Cyril Mychalejco (defensor de DDHH acreditado por la CEDHU)
Delito.- Plagio (30 trabajadores de FALERICORP)
Fiscal.- Dr. Oscar Obando
Estado actual del caso.- Indagación previa. La denuncia no ha sido reconocida ni se han practicado diligencias.
Caso 3610-2006
Fecha de la denuncia.- 05-12-2006
Imputados.- “Supuestos ecologistas”
Delito.- Intimidación
Fiscal.- Dr. Bolaños
Estado actual del caso.- Indagación previa. Únicamente está presentada la denuncia
Caso 3646-2006
Fecha de la denuncia.- 10-12-2006
Imputados.- Polibio Pérez (autor intelectual), Gustavo León, José Garzón, Mariano Guachagmira, Israel Pérez, José de Coux y otros
Delito.- Plagio (57 personas trabajadores agrícolas y guardias de suguridad FALERICORP)
Fiscal.- Dr. Bolaños
Estado actual del caso.- Indagación Previa
Observaciones.- Retenidas 57 personas, trabajadores y guardias de seguridad FALERICORP
Caso 3647-2006
Fecha de la denuncia.- 10-12-2006
Imputados.- Elías Imbaquingo, Franklin Vaca, Gustavo León y José Cueva
Delito.- Lesiones
Fiscal.- Dr. Oscar Obando
Estado actual del caso.- Indagación previa
Los juicios penales contra Carlos Zorrilla (5)
Juicio por robo calificado
El día jueves 13 de julio de 2006, se realizó una manifestación pacífica en contra de la actividad minera en la zona de Intag, Cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura, en las afueras del Ministerio de Energía Minas y Petroleos. Carlos Zorrilla, conocido dirigente comunitario de Intag y miembro de la organización Defensa y Conservación de Intag (DECOIN), se encontraba presente en la manifestación.
En horas de la tarde una mujer adulta, extranjera (que hoy identificamos como Leslie Brooke Chaplin), empezó a repartir volantes a favor de la minería y de la empresa minera Ascendant Copper, en un claro intento de provocar a los manifestantes. El 24 de julio de 2006, Leslie Brooke Chaplin presenta una denuncia ante la fiscalía donde acusa a Carlos Zorrilla de ser el autor intelectual de un presunto robo que sufrió el día de la manifestación. En el presunto robo se le habría sustraído una cámara de video marca Panasonic D-Snap y 600 dólares americanos en efectivo. El Dr. Edmundo Vaca Burneo, con matrícula profesional de Pichincha 7.223 firmó la denuncia.
Con las versiones de Leslie Brooke Chaplin y de tres presuntos testigos como indicios, la Abogada Clara Aveiga, agente fiscal de la Unidad de Delitos contra la propiedad, dictó la resolución de apertura de la instrucción fiscal y solicita la prisión preventiva de Carlos Zorrilla.
Días después de rendir su declaración Leslie Brooke Chaplin abandonó el país. Su firma no volvió a aparecer en los escritos. Según información obtenida en el Internet la señora Chaplin es una profesora de inglés desempleada, quien ofrece sus servicios en Korea del Sur. El Dr. Edmundo Vaca Burneo es el único que firma las comunicaciones dentro de los juicios, sin que se determine quien paga sus honorarios.
El Juez décimo de lo penal dictó orden de prisión en contra de Carlos Zorrilla el día 3 de octubre de 2006, notificándole mediante un abogado defensor, sin consultarle si necesitaba o no uno. El objeto de este acto fue ocultarle que existía un juicio en su contra y por tanto coartar su derecho a la defensa.
El día 16 de octubre de 2006 el juez ordenó el allanamiento del domicilio de Carlos Zorrilla, el cual se realizó el día 17 de octubre. En esta fecha el acusado toma conocimiento de que existe el caso en su contra. El “abogado de oficio” nunca trató de comunicarle a Carlos Zorrilla, pese a ser este un personaje público y de domicilio y lugar de trabajo conocidos. El día 20 de octubre Carlos Zorrilla designa al Doctor Ramiro Román Márquez como su abogado defensor y presenta su primer escrito de defensa, casi 3 meses después de iniciado el proceso.
En el allanamiento del 17 de octubre los policías plantaron en la casa de Carlos Zorrilla un arma y una sustancia blanca que presumiblemente sea droga. El 24 de octubre (con Leslie Brooke Chaplin fuera del país) el Dr. Edmundo Vaca Burneo trata de vincular al proceso a Gustavo León y José Garzón (Presidentes de Juntas Parroquiales de Intag), Patricio Bolaños, Robinson Guachamira, Silvia Betancourt y Sixto León (líderes comunitarios), dado que Leslie Brooke Chaplin habría podido identificarlos.
El 25 de octubre (con una agilidad realmente sorprendente en el ministerio público ecuatoriano) la fiscal Clara Aveiga solicita ordenes de detención en contra de las personas mencionadas en el punto anterior. El juez fue informado sobre quienes eran estas personas y la verdadera intención del abogado acusador de utilizar la justicia para amedrentar a líderes campesinos, por esta razón el juez no acepto la solicitud de dictar órdenes de prisión.
El 15 de noviembre de 2006, el juez décimo de lo penal, revoca la orden de prisión contra Carlos Zorrilla por no existir elementos suficientes en su contra. La fiscal se abstuvo de acusar a Carlos Zorrilla, su dictamen está actualmente en consulta.
El 21 de noviembre de 2006, la fiscal de la Provincia de Pichincha Elsa Moreno abrió una Instrucción Fiscal en contra de Carlos Zorrilla por tenencia ilegal del arma encontrada en el allanamiento de su domicilio en la Provincia de Imbabura. Este caso fue remitido por la fiscal Clara Aveiga.
El 23 de noviembre de 2006, el Juez quinto de lo penal encargado de Pichincha, dicta orden de prisión en contra de Carlos Zorrilla, pese a que el acto punible no se realizó dentro de su jurisdicción. Se vuelve a notificar de la prisión preventiva a Carlos Zorrilla mediante un defensor de oficio, pese a que Clara Aveiga y Elsa Moreno conocían que el Dr. Ramiro Román Márquez era el abogado del acusado.
El 30 de enero de 2007, Edmundo Vaca Burneo solicitó copias del proceso de tenencia ilegal de armas, sin motivo aparente dado que su cliente perseguía la pena por presunto robo.
El 7 de febrero de 2007, el Juez titular quinto de lo penal de Pichincha, se inhibió de conocer el caso por ser incompetente en razón del territorio y envió a Imbabura el caso. Se negó a revocar la prisión preventiva en contra de Carlos Zorrilla. El 8 de marzo de 2007, el agente fiscal de Imbabura, Ivenn Bolaños Otoya se abstuvo de acusar a Carlos Zorrilla dado que la única prueba era el parte policial del allanamiento y no el arma, es decir había desaparecido el cuerpo del delito.
El 15 de marzo de 2007, el Ministro Fiscal Distrital de Imbabura confirmo la resolución del agente fiscal y el Juez acepto la ratificación.
El tráfico de tierras
Otra de las estrategias de la Ascendant Copper ha sido adquirir tierras en el sector de Intag para legitimar el ingreso de personal armado que arremete contra las comunidades bajo el pretexto de la protección a la propiedad privada de la empresa.
El tráfico de tierras tiene como objeto adicional el legitimar la contratación de personal del sector para actividades agrícolas en dichas tierras, constituyendo esto una nueva estrategia de división de la comunidad. Las tierras adquiridas por la empresa ascienden a 2.900 hectáreas6, a muchas de las compras precedieron procesos de adjudicación ante el INDA, muchas de las tierras no pasaron más de un mes en manos del adjudicatario.
La Ascendant Copper adquirió, además, tierras dentro del bosque comunitario de Junín, dichas tierras ya habían sido vendidas por sus dueños a la comunidad.
La agresión con el uso de paramilitares (7)
El 2 de diciembre de 2006 en horas de la madrugada, personas vestidas de civiles y de guardias de seguridad vinculadas a la empresa minera Ascendant Copper ingresaron armados con metralletas, pistolas y bombas lacrimógenas a la comunidad de Chalguayaco Alto (parroquia García Moreno) agrediendo a la población local. Como producto de este enfrentamiento, el campesino Israel Pérez resultó herido de bala y otros contusos. Por su parte, la comunidad retuvo a 25 de estos agentes externos, a fin de entregarlos a la Policía.
Por otra ruta, ingresaron 4 camionetas con personas vestidas con uniforme de camuflaje, quienes alrededor de las 8 a.m. pasaron por la vía Villa Flora- Barcelona, enrumbándose hacia la cordillera, con el apoyo de un helicóptero del Ejército.
Entre los episodios denunciados por las comunidades constan la destrucción de la cerca que protege las instalaciones de la radio comunitaria de Intag así como la rotura de aproximadamente 5 metros de antena.
Ese mismo día en horas de la tarde, el concejal Luis Robalino, el presidente de la Junta parroquial de Peñaherrera Gustavo León, la periodista de radio Intag María Augusta Díaz, un integrante de la Asociación de caficultores y varios periodistas fueron interceptados y retenidos en Chalguayaco Alto por personas vinculadas a la empresa Ascendant Copper.
Aproximadamente a las 9 p.m. la Jefa Política del Catón Cotacachi, Patricia Proaño, y un representante de la CEDHU, David Cordero Heredia, constataron la presencia de unas 120 personas armadas y con uniformes de guardias de seguridad en la población de García Moreno. Los habitantes del pueblo estaban muy temerosos y declararon haber escuchado que estas personas habían sido contratadas por la empresa Ascendant Copper.
Cerca de las 11 p.m. la Jefa Política y el representante de la CEDHU llegaron a los alrededores de Chalguayaco Bajo, en donde las personas vinculadas con la Ascendant Copper amenazaron al representante de la CEDHU y ofrecieron darle paso a la Jefa Política, quien se negó a ingresar sin resguardo policial, el cual nunca llegó.
En la madrugada del 3 de diciembre de 2006, se dio una nueva incursión de unas 50 personas armadas que salieron de García Moreno para ingresar a Junín por la ruta “El Copo” y otras tantas lo intentaron por Chalguayaco Bajo. El mal clima impidió su ingreso, por lo que retornaron a García Moreno.
A la 1 a.m. la Jefa Política y el representante de la CEDHU volvieron a ingresar a García Moreno, donde constataron que las personas armadas, contratadas por la empresa, continuaban en dicha población, una vez frustrado su primer intento de ingresar.
El 4 de diciembre de 2006 a las 11 a.m. la Jefa Política presentó su informe al Gobernador de Imbabura, quien se comprometió a enviar 50 policías a Junín para proteger a la población civil del ataque armado de las 120 personas contratadas por la empresa.
Producto de las nuevas incursiones, los pobladores de Junín lograron capturar a más personal armado, el cual fue entregado a la policía el 6 de diciembre de 2006. No se ha constatado que el estado haya iniciado una investigación seria al respecto. Las personas armadas no ofrecieron declaraciones concurrentes, mientras algunos admitieron trabajar para la Ascendant Copper, otros dijeron que eran empleados de las empresa Falericorp, Segurivital y Honor y Laurel.
5.- Las acciones legales emprendidas por la comunidad
En materia administrativa
En 2003 el Alcalde de Cotacachi, Auki Tituaña, presentó un recurso de amparo constitucional con la pretensión de que se anulen las concesiones entregadas a Roque Bustamante (Golden 1 y Golden 2), con el argumento de que no se realizó consulta previa.
Un juez de Cotacachi concedió el amparo en primera instancia. El 23 de diciembre de 2003 el Tribunal Constitucional rechazó el amparo (cinco votos contra cuatro) con argumentos de forma, sobre todo en lo que se refiere a la falta de inminencia del acto (es decir, había pasado demasiado tiempo entre la entrega de las concesiones y la presentación del amparo). Los 5 vocales del TC que firmaron la resolución no se pronunciaron sobre si es o no nula una concesión otorgada sin consulta previa, no así los otros cuatro vocales quienes en voto disidente declararon nula las concesiones Golden 1 y Golden 2.
Se encuentra pendiente un nuevo recurso de amparo constitucional ante el Tribunal Constitucional. Existe, además, un recurso pendiente de resolución presentado por la DECOIN y el Dr. Alejandro Ponce Villacís, ante el Ministerio de Energía, Minas y Petróleos. El Ministerio excedió en el doble su plazo para resolver este recurso.
La Defensoría del Pueblo tiene un expediente defensorial abierto en el caso por la falta de consulta previa; lo mismo ocurre en el Comité de Control contra la Corrupción (CCCC), que ya emitió un boletín de prensa por la falta de consulta previa. Similar situación ocurrió con la Contraloría General del Estado.
La CIDH está conociendo una petición de medidas cautelares a favor de Calos Zorrilla y los pobladores de Intag, la CIDH pidió que se amplié la información al respecto. Amnistía Internacional, luego de emitida las órdenes de prisión y allanamiento en contra de Carlos Zorrilla, envió una carta de preocupación al Ecuador, solicitándole más información sobre el caso.
La Organización Mundial Contra la Tortura emitió una acción urgente a favor de Carlos Zorrilla por la orden de prisión y el allanamiento que sufrió de forma ilegítima. En la misma acción se le dio el standard de defensor de derechos humanos.
6.- Entrevista a Polivio Pérez un defensor de derechos humanos
Polivio Pérez es un dirigente campesino de la zona de Intag, que hace 12 años emprendió un proceso de resistencia, primero con el proyecto minero de la transnacional japonesa Bishimetals que intentó entrar ilegalmente a la zona y que después de varios años de oposición abandonó Intag, y actualmente con la empresa canadiense Ascendant Copper Corporation que ha intentado entrar a la fuerza provocando varios enfrentamientos en la comunidad.
Polivio es presidente del Consejo de Desarrollo Comunitario de la Parroquia García Moreno, cantón Cotacachi, provincia de Imbabura.
¿A que se dedica actualmente?
Yo soy un dirigente que desde muy joven inicie en todo este proceso de activismo, yo siempre he estado vinculado hacia la comunidad, siempre apoyando, pero siempre mi meta desde que tengo uso de razón ha sido de ayudar ha proteger a los más desposeídos en el caso de cualquier tipo de atropellos, y por otra parte me dedico a la agricultura, soy un campesino, soy un agricultor que amo mi tierra y estoy luchando por la misma.
¿Qué cultiva?
El cultivo tradicional ha sido el morocho duro, el fréjol, el plátano, la yuca, en la mayoría estos productos son para consumo de la casa, para la seguridad alimentaria, no son para la comercialización y también vivo de la ganadería que es mi mayor fuente de ingreso.
Todos los campesinos que viven en Intag se dedican a la agricultura y la ganadería.
Ahora en una forma organizada estamos tratando de impulsar el turismo comunitario que también es una fuente de ingreso.
¿Cuántas familias viven en su comunidad?
Mi comunidad es Charguayaco Bajo, somos 28 familias alrededor de 5 por familia.
¿Cuándo empezó el proceso de oposición a la minería?
Yo empecé en el año 95’ en esas épocas teníamos la presencia de la transnacional japonesa Mitsubishi que es subsidiaria de la Bishimetals. Yo conocía muy poco del tema minero, pero al ver tanto atropello, tanta humillación, sugerí formar una Consejo de Comunidades, para que las comunas tengamos representatividad y para ser portavoces de nuestras decisiones y del sentir de la lucha de todos los compañeros y compañeras que están asentados en estos lugares.
En esa época la denominamos Consejo de Comunidades afectadas por la minería, actualmente es el Consejo de Desarrollo Comunitario de la Parroquia García Moreno.
¿Porque se oponen al proyecto minero de Ascendant Copper?
Porque definitivamente Intag y creo que el Cantón Cotacachi no somos mineros.
Si yo vengo de padres agricultores, si o soy un agricultor, ¿cual va hacer la fuente de ingreso con el tema minero dentro del ámbito local?
Yo creo que tenemos un ejemplo bien claro del cual nosotros nos hemos dado cuenta y nos oponemos en una forma bien radical a la actividad minera, porque Intag ya tiene un yacimiento de caliza que es la Cemento Selva Alegre y eso nos ha generado un caos ambiental y social, y no ha existido ningún ingreso económico para nuestra zona.
Hemos conocido otras experiencias mineras, como es el caso del vecino el país del Sur (Perú) y también revisando la ley, la actividad minera no genera ninguna fuente de ingreso económica en nuestro país.
No estamos capacitados para trabajar, no estamos capacitados para manejar una maquinaria.
¿Para que están capacitados?
Intag está capacitado para labrar su tierra, para ir cultivando. De una forma muy organizada estamos cuidando las reservas hídricas, que son tan importantes para nosotros, estamos protegiendo nuestra tierra.
En Intag no existe pobreza, lo que existe en un abandono de los gobiernos nacionales, por tal razón, nosotros hemos estado en una forma organizada presionando que se nos asigne, las obras de infraestructura que como ecuatorianos nos merecemos, porque somos parte de este país.
Estamos en una tierras muy productivas, si nosotros tuviéramos unas vías totalmente en buena calidad, nosotros estuviéramos abaratando costos en la provincia de Imbabura, porque hay productos que se han dañado en zona, y hemos tenido que medirnos en la producción para que solo sirvan para la seguridad alimentaria de la casa.
¿Qué ha ocasionado la empresa desde su llegada?
A raíz de los años 93’ hasta la actualidad, yo creo que la inseguridad en la zona de Intag ha sido fruto de presencia transnacional, nosotros exigimos al gobierno nacional que nos devuelva la paz, la tranquilidad, esa armonía que teníamos, entre pueblos, entre comunidades, entre familias. Eso nos han robado las transnacionales.
¿Las empresas mineras que malestares y conflictos han provocado en la zona?
Uno de los grandes malestares ha sido la división nuestras comunidades, porque nos han vendido la imagen de las fuentes de trabajo, han ido con regalitos para irnos dividiendo.
¿Qué tipo de regalos?
En épocas de navidad, por festejos del día de la madre y del padre, han entregado las canastas alimentarias, por medio de los regalos han obtenido firmas y ha causado la división. Esta división es causada por esta transnacional última que es la Ascendant Copper ellos son los responsables, ellos son los que compraron conciencias.
Yo le puedo decir de una forma muy oficial, lo denuncié públicamente a la fiscalía y a los medios de comunicación, el año pasado cuando el señor gerente general era un ex-militar, el señor César Villacís`, el me fue ha ofrecer 100 mil dólares para que yo abandone la dirigencia, eso es corrupción.
¿Era una compra de conciencia?
Si, quería comprar la conciencia de los líderes que todavía nos mantenemos en la lucha, la conciencia de los lideres comunitarios, campesinos, de la cual estoy muy orgulloso, de vivir y trabajar para mi gente, de trabajar para este pueblo que exige el respeto a las decisiones que ya hemos tomado, entonces eso no es desarrollo, es un caos social.
Al no obtener esto, ellos han optado por el uso de la fuerza, han contratado ha militares armados para que nos agredan, de lo que se enteró el mundo entero y hasta hoy no habido ninguna respuesta de investigación.
¿Lo han amenazado?
Ascendant Copper me ha denunciado por narcotráfico, por violación pero yo creo que en los 12 años de lucha, yo creo que son 36 juicios tanto por el estado ecuatoriano, Bishimetals y Ascendant, ningún solo juicio ha podido comprobar, por tal razón seguiré en Intag defendiendo los derechos de mi gente de mi pueblo de mis compañeros y compañeras que venimos luchando.
¿Porque se hicieron las demandas en contra suyo?
Porque es una forma de amedrentar, es una forma de perseguir, de calumniar, lo que pretenden es quitarme el derecho a la libre expresión, un derecho ha buscar un modelo de desarrollo distinto al que ellos quieren imponer.
Al no conseguir a través de la plata, al no conseguir por esos medios sucios corruptos que la empresa entre a la zona, han optado por perseguirme y amenazarme, pero tenemos buenos aliados de organismos de derechos humanos a nivel internacional, que nos han apoyado como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque lo único que somos, somos campesinos, no somos terroristas.
¿Qué acciones ha impulsado?
Nos hemos visto en tomar medidas de hecho, porque, no nos queda otra alternativa más, hemos acudido a toda las instancias del gobierno, a nivel de ministerios, de prefecturas, del gobierno provincial, pero lastimosamente no habido una solución y por tal razón, no quiero aquí justificar las medias de hecho, pero es el único mecanismo, la única herramienta, es la única arma que nos queda a los campesinos olvidados de este país hacer respetar nuestros derechos.
Cuando uno no es escuchado, dentro del ámbito jurídico, y en este caso durante cuatro años, con todas las pruebas que hemos presentado, nos hemos visto obligados ha bloquear las vías de acceso a Intag, porque creo que somos el 90 por ciento que nos sentimos afectados por la empresa minera.
Después de ser atacados el 2 de diciembre de 2006 por los militares hemos puesto cadenas en la vía para salvaguardar nuestra integridad porque no podemos permitir que invadan nuestro territorio.
Hace dos días una compañera en su propia casa, en su propio domicilio fue agredida, por una persona encapuchada, esta violencia no podemos seguir permitiendo, por tal razón incluso hemos dado un plazo al gobierno nacional, sino hay respuesta incluso se rompería una acta que tenemos firmada para bajar las tensiones y creo que en este mes la empresa Ascendant Copper lo que no ha hecho el gobierno nacional Intag si la va sacar de la zona.
¿Qué exigen del gobierno?
Primero se ha exigido que se respete la constitución, el Artículo 88 que dice que seamos consultados, que dice que todo ecuatoriano tiene derecho a vivir en un ambiente sano y libre de contaminación.
Queremos que se haga la consulta en presencia de una veeduría nacional e internacional, para que este proceso sea transparente y que nuestra voluntad que vayamos ha depositar en las urnas sea respetado para siempre.
Nosotros hemos pedido al gobierno nacional que haga la consulta en la zona y que respete la constitución y para hacer la consulta Ascendant Copper debe salir de la zona.
Conocemos las leyes de que no es posible anular las concesiones ilegales e inconstitucionales pero por lo menos pedimos que haya una moratoria hasta que se resuelvan estos conflictos, porque no es posible, que por un lado se firme una acta, un acuerdo para bajar las tensiones y por otro lado la empresa siga haciendo de las suyas en la zona, siga dando regalitos, siga ofreciendo créditos, siga dividiendo, entonces no podemos vivir en ese ambiente.
La empresa sigue haciendo sus relaciones comunitarias entre comillas, sigue dividiendo a la zona, siguen buscando el apoyo de las comunidades; el mes de mayo en forma publica las 7 juntas parroquiales han dicho no queremos las minería, respaldando la decisión de las comunidades la Alcaldía de Cotacachi se ha pronunciado, la provincia de Imbabura, el Gobierno Provincial y toda su cámara con los consejeros provinciales han dicho no la minería, sin embargo, el Ministerio de Energía y Minas, y en especial el señor subsecretario el señor Jorge Jurado sigue manteniendo Ascendant en la zona de Intag.
Al no ser escuchados nos vemos a tomar medidas mucho más radicales para sacar a Ascendant de ahí y para esperar lo que siempre viene diciendo el gobierno nacional vamos al dialogo nacional. Nosotros si iremos al dialogo nacional pero siempre y cuando Ascendant abandone Intag, mientras no pase eso no estamos dispuestos a dialogar ni con el gobierno, ni mucho menos con Ascendant.
¿Para que un dialogo nacional? Porque los llama el gobierno a dialogar?
Cuando nosotros iniciamos estos contactos con el Ministerio de Energía y Minas en el tiempo del Ec. Alberto Acosta nosotros acudimos en una sola oportunidad a este diálogo, pero nos dimos cuenta que el Gobierno Nacional estaba influenciado desde la Cámara de la Minería y quería hacernos ver las bondades y las cosas positivas de la minería y entonces eso no debe ser un diálogo nacional.
Para mí como campesino, como habitante que ya vivo 36 años en Intag yo creo que el diálogo minero tiene que ir en dos partes; primero debemos saber ¿cual va ser la rentabilidad económica de la minería? ¿Cuales van a ser los impactos ambientales y sociales? y de nuestra parte mostrar el verdadero desarrollo que nosotros hemos venido de años impulsando en la zona de Intag y ver que pesa más, porque Intag tiene mucho que ofrecer en la parte turística, agrícola, ganadera.
¿Cuáles serían los efectos ambientales y sociales?
Dentro de las 22 mil hectáreas concesionadas para la minería está la zona de amortiguamiento de Reserva Cotacachi-Cayapas, el estudio de impacto ambiental que realizó la misión japonesa habla de que si se da la explotación minera seria afectada un 30 por ciento de la Reserva Cotacachi-Cayapas.
La minería traería deforestación masiva, reubicación de 4 comunidades, la cual soy parte, entonces eso no es desarrollo por tal razón, al revisar este estudio de impacto ambiental al ver todos los atropellos y violaciones de las transnacionales, nos oponemos en una forma muy radical.
Yo creo que un modelo de desarrollo es vivir en armonía con la tierra, con el bosque con el agua, entre los pueblos.
¿Qué experiencias conoce de los impactos de la actividad minera?
Nosotros tuvimos la oportunidad de visitar en el año 98’ una mina de cobre cerrada en Tokio y Japón y verificamos los desastres.
Hemos estado en muchas oportunidades conociendo el caso del Perú que es un país minero, visitamos la mina de Cajamarca y es un desierto total, la gente no ha salido del subdesarrollo.
La minería los ha dejado más pobres, más humillados eso no va pasar en Intag, no lo vamos permitir en el país entero. Si antes de darse la explotación minera ya vivimos un caos social en la zona de Intag, eso no vamos permitir jamás.
Por otro la lado la minería no es viable en ninguna parte del país, no solo estamos luchando a nivel local, sino nacional de lo que conocemos si bien es cierto para nosotros la minería es petróleo, que imagen nos queda de la explotación petrolera; delincuencia, prostitución.
¿Cuáles es el modelo de desarrollo que quieren?
Estamos demostrando las alternativas que tiene Intag, estamos demostrando la forma de vida que tenemos. La Asociación de Caficultores de la zona de Intag nace por todo esta resistencia. Hemos demostrado al país entero, al mundo entero de que es posible en una forma organizada sin apoyo del Gobierno Nacional, hemos podido exportar, un café orgánico hacia el Japón y varios países, ese es el verdadero desarrollo, la verdadera alternativa, esa es la riqueza que tiene Intag, yo creo ahí es una gran muestra de lo es la zona de Intag está exportando artesanía, aprovechando el bosque sin ofenderle sin matarle. Lo que no podría darse con la minería. Ese es el desarrollo que estamos demostrando.
¿Qué espera de toda la lucha?
Que se respete la decisión de Intag que alguna vez el gobierno nacional no minimice las cosas, son 12 años que hemos aprendido de todo, conocemos exactamente lo que es la justicia ecuatoriana y por tal razón no confiamos, confiamos en nosotros mismos no porque seamos campesinos, no porque no hayamos ido al colegio o a la universidad, no tengamos nuestros derechos, el Cantón Cotacachi y nosotros como Consejo de Comunidades hemos dicho claramente, nosotros de Intag solo muertos nos sacan.
Ahora me están persiguiendo que lo hagan, pero no es la solución matarle a Polivio Pérez yo creo que la solución es ir y matar a todos y a todo un cantón, porque de caso contrario es imposible la explotación minera. Este gobierno esta haciendo lo mismo que los anteriores gobiernos, no hay confianza y no podemos confiar en absolutamente en nadie.
7.- Fuentes
1. Documentos publicados por Defensa y Conservación Ecológica de Intag, DECOIN, www.decoin.org
2. Documentos publicados por Acción Ecológica sobre Intag, www.accionecologica.org
3. Artículos del Periódico de Intag, http://intagnewspaper.org
4. Coordinadora Zonal de Intag
5. Información proporcionada por Carlos Zorrilla, Polivio Pérez, Guadalupe Rodríguez, Ramiro Román, Alicia Granda
6. Escritos anteriores publicados por David Cordero Heredia
CUADRO 1
EL PROBLEMA
El art. 88 de la Constitución y el art. 28 de la Ley de Gestión Ambiental, contienen el derecho humano de las comunidades a la consulta previa a cualquier decisión estatal que pueda afectar al medio ambiente. Dicha consulta no se realizó antes de otorgar las concesiones mineras en la zona de Intag.
CUADRO 2
ACTUALIDAD
El Ministro de Minas y Petróleos (e) y la Subsecretaria de Protección Ambiental emitieron sendas comunicaciones las últimas semanas en las que instan a la Ascendant Copper a detener cualquier actividad dentro de la zona de Intag. En dichas comunicaciones se expresa que la Ascendant Copper NO ha presentado los Términos de Referencia, NO ha presentado el Estudio de Impacto Ambiental y, por tanto, NO está autorizada a realizar ninguna actividad dentro de Intag.
CUADRO 3
LA MINERÍA
No existe actividad más contaminante (salvo la actividad nuclear, cuando existen problemas) que la minería a gran escala. Contamina notablemente el agua, genera problemas de salud, desplazamientos humanos, desertificación, prostitución, entre otros problemas
Notas
1 Documentos oficiales sobre las concesiones, Ministerio de Energía y Minas
2 Escritura Pública de Cesión de derechos mineros, Notaría tercera del cantón Quito.
3 http://intagnewspaper.org/castellano
4 Información provista por el Dr. Edgar Merlo y Guadalupe Rodríguez
5 Resumen realizado por el autor del presente estudio en base a información oficial, entrevistas con Carlos Zorrilla, el Dr. Ramiro Román y el Dr. Mateo Borrero.
6 Información obtenida del Registrador de la Propiedad de Cotacachi, Notaría Primera del Catón Quito, Instituto Nacional de Desarrollo Agrario, por la abogada Isabella Figueroa y Christian Cruz de la Asamblea de Unidad Cantonal.
7 Información obtenida mediante llamadas telefónicas con pobladores de la zona y la constatación de personal de la CEDHU.
Fuente: Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH (Ecuador)
https://www.alainet.org/de/node/122339?language=en
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