Hechos recientes y hechos poco contextualizados emprendidos por el gobierno del Estado desde el comienzo de la lucha magisterial en este 2006 requieren una nueva lectura para darles otro sentido que nos acerque un poco más al problema de qué hay en el fondo de la negativa del gobernador del Estado de Oaxaca a renunciar, pese al repudio abierto, declarado manifiestamente en marchas, en declaraciones y en la lucha de la APPO y del magisterio estatal, a los exhortos de que renuncie o pida licencia de la Cámara de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como de fuerzas políticas importante en el contexto nacional y estatal como lo son algunos partidos políticos y la iglesia misma.

El argumento del gobernante es que los que quieren su salida son muy pocos frente al número de ciudadanos que lo eligieron. O que el problema se reduce sólo a la ciudad de Oaxaca; o que el problema se reduce a unas sesenta colonias o que el problema sólo persiste en una sola calle, como se ha manejado en diversos momentos.

Independientemente de que los ciudadanos que lo eligieron fueron realmente muy pocos ya que la votación general no fue superada por el abstencionismo y que el escaso margen que obtuvo para su triunfo frente al candidato de Convergencia y el PRD, muchos de esos mismos ciudadanos que lo eligieron hoy piden su salida por la forma de gobernar tan autoritaria, tan prepotente, tan poco negociadora; un gobierno que bajo la idea de que es suficiente disponer de un presupuesto y del poder de ejercerlo, para realizar obras sin consulta, sin consensos, sin que exista clara y explícita razón de que responde a necesidades reales y no a intereses económicos y políticos predominantes.

Y el problema no es sólo un ejecutivo que designa una procuradora de justicia muy cuestionada por la intelectualidad jurídica de los oaxaqueños, o que designe como director general del IEEPO, responsable de un espacio estratégico para el desarrollo intelectual, social y cultural de la sociedad oaxaqueña a un constructor de caminos, o que palomee candidatos a diputados y senadores a personajes sin experiencia política al servicio del pueblo y sin presencia real en las comunidades sino sólo por su experiencia de funcionarios de gobierno; no, el problema es más evidente en el cuadro de funcionarios de primer nivel que le rodearon, entre ellos el anterior y depuesto secretario general de gobierno, sólo por citar un triste ejemplo. El actual gobierno de Oaxaca nació con todas las condiciones para ser repudiado, es casi una expresión de reto a muchas organizaciones sociales críticas, a la sociedad oaxaqueña pensante y trabajadora que desea lo mejor para su estado.

El costo de este tipo de funcionarios fue el descuido del conocimiento de los problemas sociales que se iban generando en el Estado, sobre todo en el período de campaña para la elección presidencial que ocupó buen tiempo del gobernador en esa tarea y dejó la responsabilidad de gobernar a sus subalternos. Lo que conoció el ejecutivo fue información parcial, poco sustentada, pero que justificaba el ejercicio gubernamental de los ejecutores de la acción institucional.

El primer año de gobierno la protesta magisterial no duró tiempo. La experiencia de la autoridad correspondiente y el poco juego político de las autoridades recién entrantes ayudó al gobierno del Estado a destrabar rápidamente el conflicto.

Pronto se dan cambios de funcionarios, porque hay que deslindarse de gobiernos anteriores y generar un poder omnímodo propio; empieza la represión institucional a dar señales ya sin disfraces, el ejercicio presupuestal se realiza para obtener mayor capital político y la inexperiencia política empieza a sentar sus reales a través de señales de autoritarismo, de verticalismo y de pleno desprecio a todo pensamiento y acción política contrario al pensamiento unitario institucional. El cinismo y la violencia empiezan a sentar sus reales en las relaciones con la sociedad.

El 22 de mayo del 2006 los maestros de Oaxaca se instalan en plantón ante la falta de respuesta a su demanda principal de rezonificación salarial, aunque las otras demandas sí obtienen respuesta, bajo el razonamiento correcto, de que al gobierno del Estado no le corresponde resolver este problema, porque la descentralización educativa es sólo una farsa que sólo tiene en las entidades federativas a los administradores del presupuesto federal. Sin embargo la negociaciones todavía estaban abiertas y había señales de pronta solución.

El problema se presentó cuando policías de dos municipios priistas conurbados, uno de ellos Santa Lucía donde murió recientemente el periodista norteamericano Bradley Wheyler, camarógrafo de la empresa Indymedia, policías que no hacen nada sin la orden del gobierno estatal, balaceó a profesores y simpatizantes que estaban quitando propaganda de partidos políticos en las calles de esos municipios. Fue realmente el gobierno del Estado el que canceló, en esta primera ocasión, la pronta solución del conflicto.
Ante la nueva dimensión del problema, se empezaron a cerrar los cauces de la negociación. El gobierno del Estado, en lugar de buscar como loas administraciones anteriores los apoyos necesarios, en todos los niveles del gobierno federal, para salir del conflicto, instruye y organiza la acción para que la Cámara de Diputados del Estado de Oaxaca, con autoridades municipales priitas y de los pueblos de usos y costumbres que fueron convocados, sin conocer el motivo, para que le solicitaran el uso de la fuerza bajo el supuesto ‘poner orden y recuperar la institucionalidad en el Estado’. El mismo proceso fue utilizado par con los empresarios, respaldar al gobierno en el uso de la fuerza. Es el gobierno del Estado quien nuevamente organiza la represión.

El PRI tiene también sus excepciones. Alguien intervino para convencer al gobernador que del mismo modo que se había organizado al Congreso y a las autoridades municipales para pedir el uso de la fuerza, se podía usar el mismo esquema para solicitar en conjunto al Congreso de la Unión para que se hicieran las previsiones y los compromisos a fin de incluir en el presupuesto de 2006 la rezonificación solicitada por los maestros de Oaxaca.

El gobernador propuso e instruyó al presidente del Congreso que hiciera el trabajo y en este nuevo esquema, los presidentes municipales pidieron todos firmar la petición. Se estaba en la recabación de firmas para una salida política y adecuada al conflicto cuando el 14 de junio la policía estatal intenta desalojar a los maestros del centro de la ciudad. De este hecho nace la APPO, porque hay un ataque indiscriminado a la ciudad, a ciudadanos, sea o no maestros, son atacados porque las bombas de gases lacrimógenos caen en las casas particulares y son estos vecinos los que dan el agua y el vinagre para ayudar a los afectados por el gas. Se cierra toda posibilidad para el diálogo y se empieza a pedir la salida del gobernador del Estado. El gobierno en respuesta, hace un amago de cambio de funcionarios, pero la situación de dirección y decisión gubernamental continúa sin ningún cambio real.

Es nuevamente el Estado quien busca que el conflicto no se resuelva.

Hay un ataque sistemático de personal profesional en el manejo de armas a las distintas barricadas de la APPO que se traducen en asesinatos y muerte de ciudadanos y de profesores tanto del magisterio como de la misma universidad de Oaxaca. Asimismo se realizan asesinatos políticos tendientes a dividir más a los maestros democráticos con la fracción del CCL apoyada por la profesora Elba Esther Gordillo. La política es clara, construir una imagen de la APPO y del magisterio democrático que mereciera la represión del gobierno federal, sin importar el costo de vidas.

Cuando los maestros acuerdan el retorno a clases, es el gobierno del Estado que obtiene los datos por sus agentes e informantes y con toda anticipación, con toda alevosía, la da a conocer a fin de abortar la asamblea en la que el Comité Ejecutivo de la Sección 22 va a presentar el resultado de la consulta. No logra totalmente su objetivo porque los maestros realizan una nueva consulta, en la que el retorno a clases es nuevamente el acuerdo mayoritario que se obtiene.

El CES está en la Secretaría de Gobernación acordando lo pertinente para el retorno a clases, estableciendo los acuerdos para crear las condiciones necesarias para que los maestros regresen a las escuelas, el 27 de febrero, las fuerzas del gobierno del estado, contratadas por el momento u oficiales, agreden con todo lujo de violencia desde muy temprana al magisterio y a miembros de la APPO, provocando varias muertes, la de Bradley ya citada y la del profesor Emilio Alonso Fabián fueron los primeros en conocerse. Hay muchos heridos y detenidos, en fin, el clima de violencia institucional abierta o disfrazada para obtener resultados específicos campea en toda la ciudad. La muerte del ciudadano norteamericano y la presión del gobierno norteamericano obliga a Fox a no ir a su descanso al rancho San Cristóbal sino a enviar a la ciudad de Oaxaca a la Policía Federal Preventiva, que llega a Oaxaca al día siguiente. Los aviones militares desde antes de las seis de la mañana empiezan a llegar al aeropuerto de Oaxaca.

Un nuevo capítulo se abre en la vida de Oaxaca y es nuevamente el gobierno del Estado quien entorpece las negociaciones del magisterio y quien obliga por el clima de violencia que desarrolla, que el retorno a clases se realice en un contexto problemático, complejo y hasta en contraposición, inicialmente, con miembros importantes de la APPO que no ven el proceso de sembrar la discordia y de establecer la violencia para justificar la intervención de la fuerza federal. Pero además, ¿por qué el gobierno del Estado no quiere que los maestros regresen? Todo parece indicar que el gobierno del Estado quiere confrontar al magisterio con sus comunidades de trabajo, además de provocar una situación de conflicto con la APPO. Y es muy seguro, de ser esto último cierto, que muchas autoridades municipales hayan recibido instrucciones de algún órgano de gobierno, de no recibir a los maestros sin ponerles sus condiciones de que ya no los quieren en los plantones, marchas y reuniones sindicales. No es muy lejana la posibilidad que hasta los quieran obligar a firmar acuerdos sobre el particular.

Es cierto que existen personajes de la vida pública nacional y estatal sin la absoluta sensibilidad política y claridad intelectual para resolver problemas sociales, pero considero necesario plantear cuando menos dos hipótesis de trabajo para investigación, no excluyentes, para explicar la completa negativa del gobernador del estado para abandonar el puesto.

La primera, es muy mencionada en el ámbito cotidiano e incluso puede escucharse en la calle como fruto de la sabiduría popular, que el gobernador no renuncia ni quiere pedir licencia de su cargo porque sus deudas de la campaña de Madrazo y el manejo poco escrupuloso del presupuesto se lo impiden; quedaría al descubierto y no habría modo de disfrazar la corrupción administrativa gubernamental de este gobierno que se perfila como el último priista en el estado, que fuera el bastión del PRI.

La segunda, que hay acuerdo gubernamental del más alto nivel y el SNTE en la persona de la profesora Elba Esther Gordillo, de destruir a toda costa la fuerza del movimiento magisterial de la Sección 22. Al SNTE le interesa recuperar la sección 22 o fraccionarla para debilitarla y al gobierno del Estado tiene el propósito de mantener la fuerza priista en Oaxaca, para lo cual el juego es lo de menos, se apoya al presidente Fox y al PAN abierta y subrepticiamente, se ataca abierta y violentamente al PRD y convergencia que se unen para arrebatarle el gobierno al PRI, así como se apoya de algún modo a una nueva disidencia magisterial para debilitar al movimiento magisterial democrático. Pero además, cuando el PRI perdió en Oaxaca, se vende la idea de que la APPO, del mismo modo que desconoce al gobernador del estado y pide su salida, impedirá que Calderón asuma la presidencia y lo desconocerá como presidente.

Un contexto como éste, da fuerza a acuerdos que poco a poco se han ido desmantelando, pero que dan cierto sentido a la necedad de renunciar o pedir licencia al gobierno del Estado.

Y el juego no acaba acá.

Como existe el manejo del presupuesto, el gobernador construirá, como se construye en la sociedad con imágenes de fuerza, de autoridad y de legalidad, las condiciones no abandonar el puesto. Movilizará a sus peones, acarreará gentes y publicará desplegados, contratará a la televisión, para dar la idea de que gobierna o que tiene posibilidad de gobernar. Los discursos y los conceptos vacíos se repetirán hasta el cansancio y hasta que logren su efecto y la violencia no se abandonará. La impunidad se volverá todavía más cruda y estéril. El panorama es de una lucha de muy alto costo social, más todavía, al que se ha visto hasta ahora, si no se afirman o crean nuevas condiciones que le obliguen a renunciar o a pedir licencia.