La reunión del pasado viernes de todos los generales del Ejército con el Comandante en Jefe es un hecho insólito y revelador. Me propongo analizar qué significado tiene este episodio para las fuerzas progresistas y para las instituciones democráticas. 1- En una primera mirada se podría decir que este agrupamiento de jerarcas militares en actividad es el equivalente a la Junta de Oficiales Generales (JOOGG), organismo que funcionó durante la dictadura concentrando el poder de decisión política que caracterizó a aquel oscuro período. Posteriormente, ya en democracia, la JOOGG fue disuelta por ley. No se trata entonces de un organismo que posea legitimidad legal. Es una expresión de poder militar, ejercido con autonomía del ordenamiento jerárquico legítimo que es el establecido por la Constitución. Se trata entonces de un acto de insubordinación. 2- En segundo lugar, la reunión se ocupó de examinar un informe, pedido por el Ejército a algunos juristas profesionales, acerca de proyectos de ley que se encuentran en el ámbito del P. Ejecutivo o en el Parlamento. ¿Qué fundamentos inspirados en el Estado de Derecho pueden amparar al Ejército para abastecerse de argumentos jurídicos con el propósito de enfrentar iniciativas legales que se encuentran en otras órbitas del Estado, en las que, justamente deben estar, es decir en las instituciones que legítimamente se ocupan de la elaboración, sanción y promulgación de las leyes? Más que en el Estado de Derecho, el movimiento de los jerarcas militares es una situación de hecho, una expresión de autonomía y un acto de fuerza. ¿Cómo se fundamenta y cómo se financia un asesoramiento “legal” de esta naturaleza? ¿Se llamó a licitación o es un aporte militante del Dr. Gonzalo Aguirre? Alguien podría decir, resignadamente, más vale que los mandos militares echen mano a la pluma y no a la espada. No me convence esta tesis del “mal menor”. En nuestro país, pluma y espada se alternan y complementan. Cuando las botas y el garrote se alzaron contra las instituciones democráticas lo hicieron abundantemente acompañados por leguleyos y plumíferos de todo tipo que procuraron revestir los atropellos y los desbordes militares con lenguaje jurídico. ¿O acaso en 1972 no se dio cobertura jurídica al vandalismo de las torturas en los cuarteles con la Ley de Seguridad del Estado que puso a todos los delitos políticos en manos de la Justicia Militar es decir de jueces, fiscales, abogados y tribunales militares? 3- ¿Cómo se compatibiliza “la misión” de la Fuerza Armada, de defensa de las fronteras y la soberanía nacional que les asigna la Constitución, con esta febril diligencia en defensa de un grupo de criminales? ¿Cómo se empata la misión nacional- institucional del Ejército con este pedido de asesoramiento a un dirigente político conocido y uno de los redactores y defensores de ley de impunidad? ¿Cuál es la pertinencia formal-legal de la gestión? No la tiene. Ya con esto bastaría para condenarla. Pero hay más. 4- ¿Cuál es la legitimidad política de esta irrupción en territorio legal ajeno? Los generales de hoy ¿están sintiendo, como Cristi, Vadora y Álvarez en 1973, el llamado de la patria que pide que el Ejército la defienda? No, no tiene hoy, como no lo tuvieron en 1973, esa legitimidad. Ni nadie los eligió en las urnas para que elaboren documentos jurídicos en oposición al Presidente de la República que es, junto a la Ministra de Defensa, su mando superior, ni contra los proyectos en estudio en el Parlamento Nacional. 5- La insubordinación contra el mando constitucional tampoco tiene el menor asidero ni viabilidad ética. Vale la pena preguntarse: ¿cómo se sitúan los jefes del Ejército ante los testimonios públicos de los familiares y los testigos que aportan datos precisos sobre los presos detenidos desaparecidos? ¿Padecen la sordera que produce la complicidad? Entre 2001 y 2003 funcionó la Comisión para la Paz. Su aporte en materia de información precisa fue menguado. Sin embargo, la Comisión, que tenía una composición representativa a nivel nacional con líderes religiosos, sindicalistas, políticos y de organismos de derechos humanos y a la que el Presidente Batlle había conferido un rango oficial, llegó a la conclusión que funcionarios militares habían participado en violaciones a los derechos humanos. Los jefes militares ¿aceptan o no esas conclusiones alcanzadas a partir de declaraciones secretas y voluntarias de funcionarios militares? Los jefes del Ejército que ahora piden la palabra, contratan abogados y anuncian que llevarán su oposición a la Ley ante la Suprema Corte Justicia ¿qué relación tienen con la sucesión de mentiras y ocultamientos acerca de qué ocurrió con los desaparecidos o con los asesinados durante la dictadura? ¿Qué responsabilidad asumen no ya sobre los hechos de los 70 y 80, sino sobre los hechos de los últimos años, cuando se negaron sistemáticamente a informar la verdad? ¿O son ahora acaso víctimas de una persecución sistemática y revanchista, basada en falsedades como ha sostenido el General Paulós? 6- Una vez más sorprende la rapidez y el fervor con que buena parte de los dirigentes blancos y colorados asumen la defensa de los militares. Es una alianza tan estrecha y tan prolongada que vale la pena preguntarse acerca de qué fundamentos las hacen posible. ¿Qué fundamento los une, que coordenadas de clase, qué tipo y qué cuota de democracia están dispuestos a admitir? ¿No será que el tipo de país que estos sectores conservadores anhelan les exige una alianza estrecha con el estamento militar más represivo e inescrupuloso? ¿Qué se hizo en Uruguay el liberalismo civilista? Al legalismo, al respecto por la Constitución y por las instituciones democráticas surgidas del pronunciamiento libre de la ciudadanía, ¿donde están los políticos tradicionales que los defienden? Leemos a Zumarán en El País diciendo “Es cosa juzgada. No hay hechos nuevos” Y el reencuentro con Macarena ¿no es un hecho nuevo? ¿No pone en evidencia la criminal desaparición de María Claudia y hace visible un crimen repugnante que ninguna sociedad sana puede tolerar? El reconocimiento por parte de la Fuerza Aérea del Segundo Vuelo y la suerte corrida por otra veintena de uruguayos secuestrados en Argentina ¿no es otro hecho nuevo? 7- Pero aunque efectivamente no existiera ningún hecho nuevo ¿eso justifica el mantenimiento perpetuo de la mentira y la impunidad? Los políticos blancos y colorados han cambiado de leyes, de códigos y de constituciones como de camisa, ¿no tiene derecho el pueblo a cambiar de opinión sobre una ley que se presentó como herramienta de pacificación y no lo fue y donde se prometía investigar y nada se hizo? ¿O van a pretender corrernos con el poncho, como hace Sanguinetti, de qué la impunidad es la única garantía para la paz? En conclusión, el camino elegido por los mandos militares y los políticos reaccionarios que los apoyan solo puede aumentar las tensiones ya intensas que existen. Sería bueno que las bases frenteamplistas, los obreros sindicalizados, los cooperativistas, los académicos, los universitarios y los estudiantes, comenzaran a discutir a dónde pretender llevar al país estos obcecados amigos civiles y militares de la impunidad. Una vez más, la defensa de las instituciones democráticas y de la libertad reposa en las fuerzas progresistas y de izquierda y en el pueblo organizado. - Hugo Cores PVP-567-Frente Amplio