De acuerdo a lo que la izquierda ha sostenido sistemáticamente y reiterado en resoluciones recientes, su acceso al gobierno va a implicar un cambio sustancial en el funcionamiento del Estado. Dicho de una manera muy general, el punto de partida es el de un Estado desprestigiado, caótico y puesto al servicio de políticas antipopulares y contrarias al interés nacional. Las derechas, constructoras/deformadoras del Estado nacional, que han retenido el gobierno por largo tiempo, han puesto a su servicio a las instituciones públicas para satisfacer sus intereses grupales y de sus socios extranjeros. Mientras desarrollan su demagogia antiestatista, habilitan la entrega de pingues negocios para grandes empresas privadas, casi siempre extranjeras, que saben luego como gratificar las concesiones y todas las formas de debilitamiento de las empresas públicas uruguayas. Sin embargo, el Estado uruguayo no se agota con esa descripción: enclavados en la plantilla hay muchos miles de funcionarios, jerarcas y técnicos que han tenido y tienen sentido de la responsabilidad y la dignidad de hacer que algunos servicios todavía funcionen y que sus oficinas o empresas cumplan, aunque sea mínimamente, con sus obligaciones hacia la comunidad. Esos funcionarios y esos técnicos serán un pilar fundamental en el proceso de transformaciones profundas del Estado que impulsará el Frente Amplio en el gobierno. Es imprescindible, como paso simultáneo a los trabajos de la transición, lograr que esos funcionarios sientan que ha llegado su hora, la hora de cumplir con el país y con sus convicciones morales y políticas. Un factor clave en este terreno impone su distintivo sobre toda la transición: a diferencia de las anteriores, en este cambio de gobierno no funcionará la ley de cubrir los estragos anteriores cometidos por "los primos" que disfrutaban de las bendiciones de la impunidad del poder administrador. Será una transición sin impunidad, sin complicidades, con investigaciones administrativas y, si cuadra, penales. Tanto sobre las nuevas como sobre las viejas formas de la corrupción estatal. Todos los organismos de contralor previstos en la legislación vigente estarán llamados a trabajar a todo ritmo con el objetivo de esclarecer, en el menor tiempo posible, todas las situaciones ambiguas, todos los negocios oscuros, todas las prebendas inexplicables. Las camarillas políticas tradicionales gozaron del privilegio durante tantos años que, en forma paralela a la Constitución y la Ley, se creó un derecho no- escrito, un conjunto coherente de normas nacidas de la costumbre, un verdadero derecho mafioso o semi-mafioso que regula el desarrollo de la corrupción, la distribución de prebendas, la sustanciación secreta de las coimas, bajo sus diversas modalidades. Cualquiera que siga a través de la prensa los procesos en la DGI, el Tribunal de Cuentas, la Dirección de Aduanas o las decisiones de los Directorios de las empresas públicas, como OSE, ANCAP, UTE y demás, tiene para entretenerse sólo formulándose algunas preguntas: ¿por qué tal o cual dependencia estatal entrega a una transnacional un buen negocio y retiene todos los que son deficitarios? ¿Por qué se encumbra a los gerentes más dóciles e incapaces en lugar de promover a los más calificados y a los que más lealtad han demostrado para servir a los intereses de la empresa pública? La lucha contra este "derecho" consuetudinario del que se beneficia, desde hace decenios, una parte de la burocracia política y una parte de los empresarios, no será fácil. Según creo, junto con la aprobación de un Plan de Emergencia para atender la situación social, una de las primeras señales claras que el nuevo gobierno deberá dar, es que en la nueva administración todos los organismos de contralor funcionarán a pleno, con medios materiales (por ejemplo la informatización efectiva de todos los expedientes en trámite) y legales. Y con independencia. Por ejemplo, un organismo de contralor no puede estar subordinado al organismo que debe controlar, como ocurre con algunas dependencias del Ministerio de Economía y Finanzas. Las dificultades de contralor, luz verde para el abuso de funciones y de la coima, tienen algunas dificultades que están en el origen mismo de las normas que establecen el Presupuesto Nacional de Gastos, que dificultan seriamente la acción de control sobre lo realmente gastado. Otros obstáculos, son aberraciones inaceptables como la pérdida de más de 240 expedientes, con investigaciones sobre irregularidades contables en diversas dependencias del Estado, extraviados en la sede del propio Tribunal de Cuentas. ¿A qué apuntan estas reflexiones? Simplemente a señalar que el proceso de transición en el propio aparato del Estado, convoca a formas específicas de lucha y de movilización. Que para ir a fondo, el nuevo gobierno necesitará del concurso de mucha gente, a la que hay que animar y respaldar para que contribuya a sanear la administración. Precisará de la mayor transparencia y del diálogo con los que saben, con los gremios de funcionarios que muchas veces acumulan un conocimiento que no tienen los jerarcas que han caído en sus cargos de mando como en paracaídas y, sobre todo, precisa de un clima de entusiasmo y de confianza en las posibilidades del país que estimule la transformación desde adentro del Estado. En nuestro país, donde no suele irle mal a los que flotan "ingrávidos y gentiles", las camarillas entronizadas en el poder han castigado siempre a los que denuncian, incluso hasta cuando disponen de fueros parlamentarios. Habría que terminar para siempre con esa lamentable tradición, hija de la impunidad. Esta cultura de la impunidad frente a la corrupción, parienta de la otra que protege a los violadores de los derechos humanos, le ha hecho mucho mal a la sociedad uruguaya. Creo que, entre otras cosas, una parte de la ciudadanía nos ha dado el apoyo -y ese apoyo se ampliará- si la acción de un gobierno frenteamplista se asocia al fin de las canonjías y prebendas de tan larga data. Creo asimismo que organizar esa depuración, la necesaria movilización política y moral que supone, cotejar entre nosotros opiniones acerca de cómo proceder, es más edificante que las prematuras disputas por los lugares en la futura administración. La nueva corrupción, que como se ha demostrado en casi toda América Latina, suele ser un factor básicamente importado, está en estrecha relación con las privatizaciones y con la propuesta moral de la "sobrevivencia del más apto" que preconiza el neoliberalismo y sus formas actuales de dominación. No una sino muchas veces, este flagelo, especialmente agravado en los países más pobres, suele ingresar de contrabando en los partidos que se resuelven combatirlo. Sus efectos, entonces, son aún más desmoralizadores. Y no hay más vacuna contra esa forma de infiltración y contagio que los controles y la vigilancia de la sociedad organizada, de la participación de la gente, del funcionamiento orgánico de los partidos y de la diáfana difusión de toda la información política, administrativa, financiera y judicial en la que está el juego el interés común. Organizar como Frente Amplio esa transparencia y esa participación insumirá tiempo y energías. Mejor no dilapidarlas en batallas sectoriales, por legítimas que sean.. * Hugo Cores es dirigente del PVP-567-Frente Amplio. La República, 29 de noviembre 2004.