El régimen del presidente Lucio Gutiérrez inició su sexto mes de gestión en un ambiente marcado por la protesta social. Desde la firma de la Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en las primeras semanas de su gobierno, el descontento social sube cada vez más de tono, pues dicho compromiso incluye medidas de austeridad fiscal, que entre otros efectos acarrean la disminución del gasto social; así como la privatización del patrimonio público que se mantiene en manos del Estado. Desde mediados de mayo, el país fue escenario de una huelga general de maestros, el paro de los trabajadores petroleros y otros sectores, el recambio en la cúpula militar y policial y nuevas separaciones de funcionarios del gobierno; mientras la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) entregó al presidente un mandato que recoge las demandas populares y los compromisos que éste hizo en la campaña. Lucio Gutiérrez llega al poder gracias a la alianza entre su partido Sociedad Patriótica (SP), el Movimiento Pluricultural Pachakutik (PK) y el Movimiento Popular Democrático (MPD). Cuando candidato a la presidencia, Gutiérrez promete a los ecuatorianos un cambio en la estructura del Estado, reformas a los poderes legislativo y judicial; así como una política social y económica justa para los ciudadanos de este país. Una de las razones para la credibilidad de sus ofrecimientos fue su participación en el movimiento social del 21 de enero del 2000, encabezado por indígenas y militares, que derrocara al presidente Jamil Mahuad acusado de graves hechos de corrupción. Al llegar al gobierno, haciendo a un lado sus promesas electorales, el nuevo mandatario asume el norte trazado por el FMI, que establece severas medidas de ajuste, el escrupuloso pago de la deuda externa, con la consiguiente escasez de fondos para las áreas sociales de educación y salud. Es así que las reacciones en su contra no tardaron en aparecer. A mediados de mayo, la Unión Nacional de Educadores (UNE) inició un paro en demanda del financiamiento del presupuesto previsto para la educación y un alza salarial para los maestros. La medida de hecho, que incluyó una huelga de hambre, terminó el 13 de junio pasado, tras intensas negociaciones que se dilataron por la reticencia del ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, a salirse del libreto del FMI. Al tiempo que la UNE ultimaba negociaciones con el régimen, se abrió un nuevo conflicto cuando los trabajadores de la compañía estatal de petróleos (Petroecuador) iniciaron una huelga para frenar las intenciones del Ministro de Energía, Crnl. (r) Carlos Arboleda (SP), de acelerar el proceso de privatización de los cuatro pozos petroleros más productivos, vía implementación de contratos de asociación que favorecerían a empresas multinacionales en perjuicio del país. A diferencia del conflicto en la educación, donde la ministra del ramo, Rosa Ma. Torres (PK), privilegió el diálogo para el entendimiento, en el sector energético, el ministro Arboleda se inclinó más bien por la fuerza para frenar la huelga, descabezando a la dirigencia sindical. El régimen, secundado por el sector empresarial y los medios de difusión, no perdió la ocasión de capitalizar el descontento que generó en varios estratos de la población el desabastecimiento de combustible provocado por la medida de hecho, para desplegar una intensa campaña contra los sindicatos petroleros, aduciendo que éstos pretenderían la negociación de contratos colectivos de desproporcionados beneficios económicos; campaña que se ha extendido en contra del conjunto del sindicalismo público, habida cuenta que diversos segmentos (trabajadores de la salud, eléctricos, judiciales, etc.) han protagonizado en estos días acciones de protesta y paralizaciones momentáneas que amenazan con extenderse. En este contexto, el 16 de junio se realizó la I Cumbre de las Nacionalidades, Pueblos y Autoridades Alternativas vinculados a la CONAIE, que concluyó con un "Mandato" que, al día siguiente, fue entregado al presidente Gutiérrez. En este documento, el movimiento indígena exige la reorientación de la política económica del país, la reforma del poder judicial, mayor participación política de la sociedad civil, el financiamiento de las políticas agrarias planificadas por el Ministerio de Agricultura; así como la no intervención en el Plan Colombia, la realización de una consulta popular respecto del ALCA, la revisión del convenio de la Base de Manta, la moratoria de la deuda externa, la ejecución de proyectos reales e integrales de desarrollo social y la implementación de políticas acordes a las necesidades de las nacionalidades y pueblos indígenas. Además, demanda la salida de los responsables del Frente Económico y del Ministro de Energía. La posibilidad de un levantamiento indígena no está descartada. Pero mientras las bases sociales de apoyo electoral toman distancia, el presidente Gutiérrez se ha reforzado, en cambio, en el frente militar y policial. El 17 de junio, el general Oswaldo Jarrín renuncia al cargo de jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, luego de que se habría negado a involucrar a la institución armada en el desalojo y apresamiento de los dirigentes sindicales petroleros, al margen de los procedimientos legales, alentado por el Ministro de Energía. Esta renuncia es aprovechada por Gutiérrez para remover tanto la cúpula de las FF.AA. como de la Policía y reemplazarlas por oficiales más afines. Al tiempo, el mandatario propone el levantamiento de las sanciones a los militares que participaron -junto con él- en el derrocamiento del Presidente Mahuad. Las reacciones adversas desde filas castrenses no se han hecho esperar, pues consideran que se está dando paso a un manejo político de la institución armada, que podría precipitarla en la inestabilidad. En estos días también salió nuevamente a flote las tensiones que se viven al interior del gobierno, entre miembros de la alianza Pachakutik - Sociedad Patriótica. El 13 de junio, Virgilio Hernández (Pachakutik) renuncia a sus funciones de subsecretario del Ministerio de Gobierno, denunciando que existe un "círculo oscuro" alrededor del presidente del Ecuador conformado por un grupo de allegados familiares y dirigentes de SP, y que estaría encabezado por el Crnl. (r) Patricio Acosta, Secretario de la Administración, quien, además, estaría armando un cuerpo especial de seguridad y vigilancia. Mientras tanto, la opinión de la sociedad civil critica al gobierno de Gutiérrez de evidentes casos de nepotismo, poca credibilidad debido a cambios repentinos de opinión e inconsistencias en declaraciones, alejamiento de los sectores sociales que lo llevaron al poder, debilidad frente a colaboradores cercanos, aumento del gasto militar, pronunciamientos internacionales pro Bush y Plan Colombia; así como el excesivo cumplimiento de los condicionamientos del FMI y los pagos de la deuda externa, los que han ido en detrimento del presupuesto para las áreas sociales y la economía de los sectores populares, mayoritarios en el país.