Dieciséis estaciones de radio comunitarias, la mayoría ubicadas en regiones indígenas, están en riesgo de desaparecer, debido a que el gobierno federal pretende hacer un operativo para cerrar supuestas emisoras piratas. El subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, José Luis Durán Reveles, advirtió que el operativo es inminente y que será instrumentado en respuesta a una serie de denuncias contra las radios comunitarias. En este contexto, y debido a la presión ejercida por parte de empresarios industriales de radio y televisión, así como del hostigamiento realizado por parte de miembros del ejército a las radios comunitarias; estas últimas piden acelerar el tratamiento de una Propuesta Ciudadana de Ley que ha entrado en el Congreso a fines del año pasado, y que busca dentro de la legalidad democrática, dar inclusión a los ciudadanos que hoy no pueden acceder a las frecuencias de radio y TV. Hostigamiento del Ejército La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC – México) denuncia, "una cada vez mayor injerencia del Ejército Mexicano en temas ajenos a su función". A finales de febrero pasado, dos soldados visitaron la radio comunitaria "Nuevo San Juan" 99.1 FM del municipio de San Juan Parangaricutiro, Michoacán, para obtener información de la emisora, así como los nombres de sus responsables; al pedirles se identificaran, mostraron credenciales de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero no presentaron ninguna autorización oficial. Para las radios comunitarias, ésta es una situación muy preocupante, sobre todo debido a los hechos ocurridos en agosto del 2002, en Tlahuiloltepec, en la zona mixe de Oaxaca, donde la SCT requisó equipo en respuesta a una denuncia del subjefe operativo del Estado Mayor de la Defensa Nacional en esa entidad. Para AMARC: "la incursión del Ejército en temas que no son de su competencia, es a todas luces ilegal y contraria a la actitud que hemos tenido como organización de tratar de tender puentes de diálogo con las instancias de gobierno y el congreso, para que a las emisoras comunitarias se les reconozca legalmente su derecho a existir". Además exhorta al gobierno de México a rechazar las enormes presiones que viene soportando por parte de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), en estos momentos dirigida por el Vicepresidente de TV Azteca, para que la Secretaría de Comunicaciones y el mismo Ejército tomen acciones represivas contra estas emisoras. Así como la presión que ejerce la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), que ha solicitado a la Cámara de Senadores "se analice con cuidado la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión y se deseche la iniciativa de ley que hoy en día se discute y estudiar la posibilidad de una nueva". Distintas organizaciones de Derechos Humanos, entre ellas: la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH) y, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, manifestaron su preocupación y solicitaron al Gobierno mexicano se abra un espacio que permita el diálogo y el establecimiento de mecanismos que agiliten la legalización de las radios comunitarias. Así mismo, solicitaron detener los operativos en contra de las radios, que de ninguna manera promueven el diálogo sino la confrontación con la autoridad, la cual podría derivar en consecuencias lamentables. Además informaron que se tomarán medidas, en coordinación con organizaciones civiles, para salvaguardar las emisoras pues, los hechos anteriormente descritos estarían violando el derecho a la libertad de expresión garantizado por la Constitución Política de México, así como Convenciones y Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos. A pesar de que la mayor parte de radios comunitarias mexicanas ha hecho lo posible para obtener su permiso de transmisión, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) les impone requisitos inalcanzables en términos monetarios, o les dice que no hay permisos. En otros casos ni siquiera tienen contestación por parte de la autoridad. Muchas de las organizaciones tienen años (algunas hasta 20) haciendo trámites, sin que hasta la fecha puedan competir equitativamente, en el otorgamiento de permisos.