Colombia

La lucha por democracia política y la Constituyente

Fernando Dorado

02/01/2014

Opinión

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En Colombia han evolucionado en el tiempo dos sectores de izquierda que se diferencian en la forma como relacionan la política y la economía.

Un sector se ha caracterizado por reducir la política a la lucha económica y social. Menosprecia así la lucha por la democracia política.

El otro sector se ha distinguido por limitar la política a la lucha por derechos plasmados en la norma constitucional. Sobreestima de esa manera, la lucha por la democracia política.

El uno menosprecia la lucha por la democracia política. El otro la supervalora. Allí radican sus diferencias, confrontaciones y actual distanciamiento.

El primer sector cae en el economismo; el segundo se enreda en el democratismo. Ninguno ha podido fundir lo social con lo político y avanzar en la conquista de transformaciones estructurales de la sociedad y del Estado.

Hoy la situación del país está creando las condiciones para que esas vertientes confluyan. El pueblo empieza a entender que si derrotamos la falsa democracia existente, se desencadenarán las transformaciones estructurales en lo económico y social.

Si logramos unir esos dos sectores de la izquierda colombiana, la lucha por la defensa de la democracia adquirirá la forma de lucha contra el neoliberalismo.

Para los primeros ese avance significará descubrir que la soberanía nacional va más allá de la economía. Para los segundos ese paso les revelará que los derechos y libertades requieren de una base económica democrática para convertirse en hechos y conquistas efectivas.

Para los primeros será entender que fue un error no haber participado en la Constituyente de 1991 para hacer evidente y visible su posición nacionalista y anti-neoliberal.

Para los segundos será la confirmación de que en la Constituyente de 1991 fueron ilusos e ingenuos, creyendo que la oligarquía iba a respetar un supuesto acuerdo de voluntades.

Para unos y otros será entrar en una etapa de creación, de soltar amarras y buscar nuevos horizontes. Los primeros podrán hacerse entender de las capas medias de la sociedad y los segundos podrán encontrarse plenamente con los sectores populares.

Para el pueblo en general será un avance decisivo. Combinaremos la lucha por soberanía popular con la lucha por soberanía nacional. Se hará indisoluble e indetenible el nuevo sujeto social que requiere esta fase de la lucha revolucionaria en Colombia.

Los dos sectores son, por un lado, los herederos de Francisco Mosquera organizados en el MOIR, fuerza predominante en el Polo, y por el otro, los herederos de Jaime Bateman Cayón, antiguos militantes del M19, hoy llamados Progresistas.

Los sectores más avanzados de cada fuerza, deben influir para producir ese encuentro transformador y creativo.

De darse ese desarrollo, el MOIR entenderá que la política imperial, colonialista, se concreta también en el conflicto armado y en la propiedad monopólica de la tierra.

Por su parte, los Progresistas comprenderán que el modelo neoliberal – en sí mismo – es la negación de cualquier tipo de democracia.

Esta divergencia es el resultado de una mirada unilateral sobre la naturaleza del derecho y la ley. Sabemos que el hecho precede al derecho pero, la ley también se convierte en herramienta de dominación o de liberación. Depende de quién tenga el poder político para utilizarla: la oligarquía o el pueblo.

Los unos quieren obtener resultados económicos y sociales inmediatos sin transformar las leyes. Temen a las posibles desviaciones reformistas y al peligro de la cooptación.

Los otros, por el contrario, reducen la lucha a los cambios en las normas (Constituciones Políticas) sin percatarse que ellas solas no son soporte de cambios reales. Lo comprobamos a lo largo de los últimos 22 años.

Hoy – con el “incidente Petro” – podemos decir que se hacen visibles las limitaciones de ambas posiciones, pero afloran sus potencialidades.

Los Progresistas desde 1991 creían en la buena fe o voluntad de un sector “progresista” de las clases dominantes (sector que encabezaba en aquel tiempo Álvaro Gómez Hurtado). En la actualidad, cuando a la burguesía le estorba hasta la “acción de tutela”[1], se puede comprobar que la oligarquía colombiana en su totalidad es profundamente reaccionaria.

El MOIR desde siempre ha pensado que la participación en los gobiernos locales era un esfuerzo perdido ya que las estructuras anti-democráticas nacionales hacían imposible cualquier avance contra el neoliberalismo. Ahora – con la experiencia de Petro –, podemos ver que es posible atrevernos a desmontar el engranaje privatizador que los capitalistas han organizado en municipios y distritos, ya que ello se convierte en punto de avance en la conciencia popular sobre los alcances del modelo impuesto y los intereses en juego.

Por ello – y es paradójico constatarlo – Petro se ha alejado de los Progresistas, ha dado un paso hacia la izquierda revolucionaria y, tal vez sin quererlo, está contribuyendo a que la dirigencia del MOIR reflexione más profundamente sobre su estrategia y de un paso adelante en la lucha por democracia política.

Otros sectores de la izquierda social en construcción (Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, y demás procesos locales y regionales), deben contribuir para que ese encuentro se produzca. La construcción de un movimiento por la defensa y ampliación de la escasa y precaria democracia existente debe ser ese punto de confluencia.

Allí volverán a saltar nuevas diferencias que seguramente serán secuelas del pasado. Pero ellas deberán ser tratadas en el marco de una nueva fase de la lucha que nos va a traer nuevos retos y aprendizajes.

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Es fundamental la aclaración de este tema frente a los retos del actual proceso de Paz.

Existen sectores de izquierda –entre ellos las FARC– que proponen la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para refrendar los acuerdos que se firmen en La Habana. Esa posición parte de suponer que la correlación de fuerzas sería favorable al pueblo.

Hemos afirmado que en Colombia se ha iniciado un nuevo auge de las luchas populares. En ese sentido planteamos que el proceso de acumulación de fuerzas es todavía incipiente e inmaduro. Se necesita una verdadera conducción revolucionaria que evite la provocación guerrerista pero – a su vez – defienda la independencia ante la cooptación política.

Plantear en este instante la convocatoria a una Constituyente es repetir los errores de 1991. Es redundar en la ilusión de creer que la aprobación de nuevas normas constitucionales – sin derrotar políticamente a la oligarquía, sin desplazarla del poder político –, ello de por sí va a ser garantía de cambios estructurales en la sociedad y el Estado colombiano.

El proceso de acumulación de fuerzas populares requiere tiempo y claridad política. En las condiciones actuales una Constituyente sólo serviría para abortar el proceso de acumulación de fuerzas y de avance revolucionario en Colombia.

Se constituiría en una trampa política e ideológica por cuanto las conquistas estarían limitadas por una correlación de fuerzas favorable a la oligarquía y al imperio en donde – como se observa en los avances de los acuerdos de La Habana y en los resultados de las luchas populares – la esencia del modelo no ha sido derrotada.

Es decir, una Constituyente en este momento sólo serviría para legitimar política e ideológicamente un paquete de reformas limitadas que corresponden a un desfase existente entre las posibilidades reales de una guerrilla activa en lo militar pero débil en lo político, y entre un movimiento popular en ascenso pero con grandes limitaciones en unidad y organización.

Las lecciones de los “procesos de cambio” de América Latina y de todas las revoluciones en el mundo – confirmadas recientemente en Egipto y en Túnez – nos indican que primero debemos desplazar del poder político a la oligarquía, llegar a ser un fuerte gobierno popular, y sólo después, convocar al constituyente primario para aprobar una carta política que abra compuertas hacia cambios y transformaciones estructurales de largo plazo.

Diciéndolo en términos concretos, las fuerzas populares no están en condiciones de colocar las mayorías en esa supuesta Constituyente, y por tanto, allí se concretaría un nuevo pacto de clases en donde el pueblo volvería a estar subordinado a los intereses capitalistas, como ocurrió en 1991.

Las fuerzas revolucionarias debemos combatir la ilusión legalista y constitucionalista, principal obstáculo ideológico en la tarea de construir independencia y autonomía política frente a la oligarquía.

Que la interferencia política e ideológica de las fracciones burguesas – “nacional” y “burocrática” –, sea plenamente derrotada al interior del movimiento revolucionario.

Que la lucha por soberanía nacional se funda con la lucha por soberanía popular, única garantía de que la hegemonía de los trabajadores y campesinos pobres se ponga a la cabeza de un gran frente por la democracia, la Paz y la justicia social.

“No por mucho madrugar amanece más temprano” es el refrán que se nos pretende aplicar cuando éste “cae como anillo al dedo” a la propuesta prematura de la Constituyente.

Popayán, 2 de enero de 2014

[1] Acción de Tutela en Colombia es el mismo Derecho de Amparo, que es un mecanismo extraordinario para proteger los derechos fundamentales "cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública".

https://www.alainet.org/pt/node/82024