El Salvador

Amnistía se encamina a su nulidad

Gerardo Arbaiza

31/10/2013

Opinión

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Solicitud de Sala Constitucional a la Asamblea revive polémica sobre “discusión express” de normativa que hizo prevalecer la impunidad

La Asamblea Legislativa se apresta a desarchivar, a petición de la Sala de lo Constitucional, unos controvertidos expedientes sobre la discusión que se dio 1993 la “Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz”. Un punto que es crucial para quienes promueven su nulidad, por considerar que dicha ley tuvo un proceso de a probación bastante intempestivo.

Actualmente, la Sala de lo Constitucional evalúa una demanda de nulidad contra la amnistía, acuerpada por diversos organismos sociales, entre estos el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) y la Fundación para la Aplicación del Derecho (FESPAD).

Precisamente el director del IDHUCA, Benjamín Cuellar, cuestionó la existencia de vicios para la formación de ley, lo cual asegura, está consignado en las actas del Órgano Legislativo y es esencial para la causa que estudia la Sala.

Foto ContraPunto

“Para nosotros es importante quela Sala pida la información de los debates previos a la ley, porque sobre esa base planteamos los argumentos de la nulidad. En cinco minutos aprobaron la amnistía, no se conoció, discutió y debatió”, plantea Cuellar.

El activista de derechos humanos recuerda que la normativa se aprobó en una Sesión Plenaria extraordinaria el día 20 de marzo de 1993; incluso, se llegó al colmo de aprobar la dispensa de trámite, creyendo que se estaba aprobando la amnistía. Cuellar recalca en el hecho que la discusión y posterior votación de la amnistía solo tomó cinco minutos.

Opiniones como las del ex comandante guerrillero y firmante de los Acuerdos de Paz, Francisco Jovel, sostienen que Cristiani introdujo la Ley a consideración de los diputados, luego de haber conocido el Informe de la Comisión de la Verdad, en el que se responsabiliza a agentes del estado salvadoreño (Fuerzas Armadas y antiguos cuerpos de seguridad) de al menos 90 por ciento de los crímenes cometidos durante 12 años de conflicto armado.

Las fracciones de derecha en aquel momento, entre ellas Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y Partido de Conciliación Nacional (PCN) aportaron los 47 votos para su aprobación, mientras que el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el extinto Movimiento Auténtico Cristiano (MAC) se abstuvieron de votar.

Instituciones como la Oficina de Washington para América Latina (WOLA por sus siglas en ingles) aseguran que la Amnistía quitó efectividad al mandato del Informe de la Comisión de la Verdad, el cual fue divulgado cinco días antes de la aprobación de la ley.

ARENA ha defendido su aprobación, alegando que la amnistía fue el resultado de un acuerdo político de las partes que negociaron los Acuerdos de Paz de Chapultepec, pero personas que participaron de esta negociación, como Francisco Jovel, desmienten este planteamiento.

Jovel, en una entrevista para ContraPunto, afirmó que el FMLN discutió y terminó aceptando, luego de hacer varias observaciones, el proyecto de la Ley de Reconciliación Nacional, que fue promulgada el 23 de enero de 1992, más de un año antes de la aprobación de la Amnistía.

Esto se hizo bajo el argumento de los representantes del gobierno en la mesa de negociación, que esa ley facilitaría la incorporación del FMLN a la vida política. Entre las observaciones que hiciera la ex guerrilla se estipuló que todos aquellos que resultaran señalados como responsables de crímenes en el informe de la Comisión de la Verdad, estarían fuera de la amnistía.

Con la aprobación de la Ley de Amnistía, recuerda Jovel, se le quitó la efectividad a la clausula de la Ley de Reconciliación Nacional, al promover la “amnistía amplia, absoluta e incondicional”, sin diferenciación de los delitos de guerra.

Las alternativas

Benjamín Cuellar menciona como una alternativa, ante una eventual declaratoria de nulidad de la amnistía, la inmediata aprobación de una ley de reconocimiento de la dignidad de las víctimas.

Asimismo puntualiza que se debe cumplir el apartado de los Acuerdos de Paz, que hacen mención a poner fin a la impunidad y llevar ante la justicia casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos.

Sobre este punto, Cuellar es de la idea que se debe adoptar un mecanismo de justicia restaurativa, en el que los victimarios puedan escuchar a las víctimas de la guerra y sus familiares.

Todo esto, aclarando que la Ley de Amnistía debe ser declarada nula, porque si solo se deroga, la normativa tendría efectos retroactivos, en cambio si llegara anularse, la amnistía dejaría de existir.

Similar opinión tiene Dina Martínez, representante de FESPAD ante la concertación social “Monseñor Romero”, quien además celebra la petición de la Sala de lo Constitucional de los archivos referentes a la amnistía al Órgano Judicial.

“Como organizaciones de derechos humanos pediremos, en caso se anulara la amnistía, que se abran los casos y se lleve ante la justicia a las personas que estaban amparadas con la ley”, expresa Martínez.

Viernes, 01 Noviembre 2013

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