Uruguay

Las luchas y sus pliegues

Emilio Cafassi

26/10/2013

Opinión

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El domingo pasado, las llamadas redes sociales convocaron en Montevideo a una reunión informal o inorgánica de apoyo a la precandidatura presidencial por el Frente Amplio uruguayo (FA) de la senadora Constanza Moreira. No pude viajar como hubiera sido mi deseo para sumarme a la iniciativa en la plaza Liber Seregni. Sin embargo pude ver algunos de los tantos videos que varios asistentes tomaron con sus celulares y subieron a las mismas redes que actuaron de vasos comunicantes a la par que convocantes. Habría varios aspectos a destacar de lo registrado en ellos. Pero me detendré en la culminación de la breve alocución de la senadora. En respuesta tácita a la poco feliz ponderación que el Ministro de Defensa realizó de la centralidad de la lucha de clases en detrimento de otras disputas por la igualdad y la inclusión, reivindicó la defensa de todas las luchas. No sólo lo comparto sino que creo además que buena parte de los combates que atraviesan a las clases sociales, tendrán un protagonismo creciente, aún en circunstancias de crisis capitalista global como la actual. Pero más aún, que buena parte de estas luchas se precisan entre sí y mucho la solidaridad social a ellas.

Sin embargo, creo simultáneamente importante evitar que este principio ocluya un análisis cualitativo de los alcances y de las metodologías que cada conflicto pone en juego. Ninguna forma organizativa ni ninguna reivindicación, ni menos aún un discurso, puede dejar de contener a la vez componentes conservadores y ciertas ratificaciones de –al menos- parte del statu quo. Lo ideal es tratar de identificarlas y explicitarlas como primer paso para poder acotarlas, porque siempre acecha el riesgo de hacer de ciertas necesidades, virtud. Lo peor inversamente es negarlas. Intenté por ejemplo señalarlo cuando analicé el matrimonio igualitario. Un derecho que debe ser apoyado entusiastamente porque iguala posibilidades de todos los ciudadanos y ciudadanas, pero que a la vez ratifica y naturaliza una institución arcaica, reaccionaria y de propósitos de control biopolítico y de regulación económica y consolidación de la estructura desigual de la propiedad. Mi conclusión no reniega del amor, sino acotadamente de la intervención del Estado en algo tan privado y subjetivo como él. Reconocer que cada lucha, aún con propósitos emancipatorios, tiene su costado conservador, no debería desestimularla sino preparar las condiciones para su reanudación en un nivel superior para ir despojándose en cada nueva etapa de las posibles capas conservadoras que la van envolviendo. Es inevitable, lo que no supone que sea invisible. Cuando en la esfera ceñidamente sindical se discute salarios o duración de la jornada laboral, se ratifica en la querella la relación salarial y la apropiación privada del sobreproducto social, o en términos más genéricos, el capitalismo. No propongo evitar la puja salarial sino sólo tener presente lo que convalida.

Pero más rigurosamente aún, hay luchas puntuales desarrolladas en el contexto de culturas políticas determinadas que pueden llegar a desarrollar prácticas y discursos retrógrados encubiertos en aparentes perspectivas revolucionarias. En estos días se desarrolla un conflicto en la Universidad de Buenos Aires (UBA) que lo ejemplifica. Se articula ideológicamente en una interrelación sucesiva de mitos y sacralización de formatos organizativos surgidos en otros contextos sociales e institucionales y en simplificaciones manipulatorias. La razón aparente es la disconformidad con el estatuto universitario que establece formas de representación estamental a través de claustros, cosa nada exclusiva en una universidad. Sostienen que debería regir el principio ciudadano de un hombre (deberíamos entender que también incluye a las mujeres, aunque pervive el uso sexista del lenguaje) igual a un voto. Pero más allá de la disparatada reivindicación que dejaría la universidad a merced de los estudiantes dado que son la inmensa mayoría (300.000 en el caso de la UBA), cualquier modificación estatutaria sólo puede lograrse a través de la representación a cuyo ejercicio los propios “luchadores” se candidatearon, con éxito dispar, mediante la compulsa electoral prevista hace un par de meses. Claro que no con las reglas de contabilidad que proponen, sino con aquellas a las que se avinieron a competir y que no cuestionaron con anterioridad, sino que por el contrario dedicaron todos los esfuerzos militantes con las más tradicionales armas de campaña, sin otra lucha que la propaganda y la ideología. El impedimento por la fuerza de asunción de las autoridades, tal el camino actualmente elegido, no sólo no modifica estatuto alguno, sino que tampoco logra impedir a largo plazo tal asunción, como ya sucedió en ocasiones previas y comienza a reiterarse en estos días.

El sustento ideológico-manipulatorio de esta dinámica deviene de la mistificación concatenada de variables que pueden haber jugado algún papel coyuntural en la historia y que se dogmatizan descontextualizadamente. El primero de ellos es el papel de la fuerza y la suposición de contar con ella. Si algo caracteriza regularmente a los desposeídos y oprimidos es la debilidad, no la fortaleza. Por un lado respecto al monopolio estatal de la fuerza pública y por otro lado respecto a cualquier otra forma de violencia que pueda ejercerse en la dirección inversa, realimentando la barbarie. Se añaden además las consecuencias, no sólo onerosas sino también demoralizantes del sedimento vandálico que en la práctica suele acompañar estas tácticas, cuyo caso extremo se verificó en una reciente toma de un colegio secundario de la universidad.

El segundo, es el deslizamiento desde la vieja tradición de tomas del espacio físico que permitía la expansión del ámbito de debate, organización y actividad movilizada, hacia la apropiación edilicia y expulsión de actores por parte de oligarquías partidarias burocratizadas que ejercen el control policíaco de los espacios, el tránsito y pauta las actividades. Redunda en la expulsión de todo actor universitario que se proponga cualquier otra forma de ejercicio, acción, circulación u expresión que la autorizada por los tomadores. El tercer componente del trípode mitológico en la esfera organizativa y táctica lo constituye la pretendida legitimación asamblearia de las acciones. Las dificultades para su implementación no se reconocen sólo en la magnitud, cosa que ya Rousseau preveía, así como Weber lo enfatizaba un siglo más tarde, sino en la falacia de atribuir la potestad de ejercicio del poder de decisión, mediante una implementación circunscripta a los aparatos. Para poder adoptar decisiones en una asamblea son indispensables una serie de prerrequisitos e institutos reguladores que ni siquiera se conciben teóricamente. Semejante modo de concebir la democraticidad alberga la peregrina creencia de que habría un lugar único que garantizaría por sí solo el ordenamiento y la distribución del poder de decisión en la totalidad comunitaria. Un lugar de índole paradisíaco donde todos pueden participar de las decisiones, sin que siquiera se fije por ejemplo una hora de finalización. En la práctica sólo deciden de madrugada el sector de activistas incansablemente asambleísticos que a la vez en el caso de mi facultad, en el mejor de los casos, no supera el centenar entre 25.000 estudiantes.

En términos ideológicos más amplios, la aplicación del principio de ciudadanía al ámbito educativo en general y universitario en particular, lleva al absurdo de desacoplar el conocimiento de los procesos de producción, cosa no exclusivamente universitaria. Pero en su caso, si la función de la universidad es producir y distribuir conocimiento, su aplicación traslada la mayoritaria capacidad de decisión e influencia en quienes menos lo producen y distribuyen. Peor aún, inviabiliza la posibilidad de aplicar forma organizativas más democráticas en entes autónomos del estado. No me cabe dudas de que las instituciones de salud deben democratizarse y poder contemplar en sus órganos de gobierno a los usuarios. Pero el principio ciudadano aplicado a este ámbito, disuelve el peso que necesariamente deben tener los profesionales de la salud en las decisiones. Sucesivamente con el resto de las instituciones públicas que deben contemplar tanto a productores (y sus saberes) como a consumidores y usuarios en alguna proporción.

Personalmente creo que el estatuto de mi universidad debe ser reformado en muchos aspectos, entre ellos incorporando actores comunitarios no contemplados como el personal administrativo o los auxiliares docentes de forma autónoma de los graduados. Y también de los profesores y auxiliares interinos que son tales por las demoras en la sustanciación de concursos. No me simpatiza además la alianza que casi seguramente triunfará en el rectorado, cosa que no me impide reconocer la legitimidad que las reglas de juego vigentes le otorga.

En el caso de este conflicto que traigo a colación se desarrolla una paradoja extra, ya que estas acciones violentas se desarrollan en las facultades con representantes más sensibles a las reformas estatutarias, y curiosamente no se realiza protesta alguna en aquellas más conservadoras, logrando con la combinación de ambas la conservación más plena del statu quo. No debería ser una sorpresa el descubrimiento de que la casi totalidad de los estudiantes que llevan a cabo estas luchas, pertenecen a la izquierda orgánica argentina. Como tampoco que –entre otras cosas gracias a estas prácticas y los dogmatismos en los que se sustentan- sus cosechas electorales en la vida ciudadana vengan siendo insignificantes a lo largo de varias décadas. Difícilmente se logre seducir y persuadir con el imaginario que sus acciones proyecta.

Por supuesto que nada se lograría con represión a pesar de los grandes perjuicios que comporta para la institución y la sociedad. Son las organizaciones y sus métodos los que deben autoexaminarse y reformarse y no los procedimientos –siempre violentos- que pretenden evitar las consecuencias.

Más ampliamente aún, no sólo es indispensable auscultar los residuos conservadores que toda lucha parcial contiene, sino además preguntarse por el nivel de solidaridad social y conquistas a los que convocan.

- Emilio Cafassi es profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires, escritor, ex decano.

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